DONOSTIA - La Asociación de Ikastolas ha rechazado la posibilidad de abrir las aulas de infantil a partir del 25 de mayo por necesidades de conciliación laboral de las familias y ha pedido al Gobierno Vasco que conforme una mesa con los agentes educativos en la que se decida el calendario de la vuela a las clases con "criterios propios".
Según informaron el martes fuentes del Ministerio de Educación, en la segunda fase de desescalada, que comenzaría el 25 de mayo si se cumplen los requisitos para ello, se plantearía la apertura de las aulas de infantil hasta los 6 años para las familias que acrediten que los progenitores tienen que realizar un trabajo presencial sin posibilidad de flexibilización y siempre con limitación de aforo.
"No podemos pasar de la noche a la mañana de estar planificando cómo será la vuelta de los alumnos de cuarto de la ESO y segundo de Bachillerato a tener que hacerlo con los alumnos de hasta seis años", señala la asociación de Iksatolas.
Remarca que la pasada semana la consejera de Educación, Cristina Uriarte, "dejó fuera del retorno a la actividad docente presencial" a los alumnos de Infantil y Primaria y asegura que la ministra Isabel Celáa "había descartado prácticamente esta opción".
"Ahora hay que hablar del curso escolar, de cómo finalizarlo", señala la asociación de ikastolas que indica que le parecería "positivo" que el alumnado pudiera despedir el curso, "tanto de ciclo como de etapa", junto con sus compañeros y profesores "de manera presencial a finales de junio" "con todas las garantías sanitarias, pero dando prioridad al aspecto emocional y humano".
Consideran positivo que exista un refuerzo para el alumnado que, por circunstancias, no haya podido desarrollar un seguimiento normal del proceso educativo, pero precisan que esto requiere de "criterios claros y de recursos".
Iksatoleen Elkartea ha subrayado que la vuelta a las aulas de los alumnos de Euskadi y Navarra es una decisión que los gobiernos vasco y navarro tienen que tratar con los agentes educativos y adoptar una decisión "siguiendo criterios propios".
La asociación concluye que el Gobierno plantea una vuelta "prematura y desligada del proceso educativo ordinario" por lo que entiende que el ejecutivo autonómico "está plenamente legitimado" para abordar el tema con los agentes educativos y decidir el calendario y los objetivos.
