donostia - Sindicatos y patronal mantienen abierta la puerta al diálogo y se darán otra oportunidad para resolver el conflicto de las residencias de personas mayores de Gipuzkoa el próximo viernes, día 17, después de quince meses de bloqueo y 180 días de paro -se cumplían ayer- desde que en septiembre de 2018 estalló el conflicto. Al término de la reunión que tuvo lugar ayer en el Consejo de Relaciones Laborales (CRL) entre sindicatos y patronales, la central mayoritaria ELA anunció que alargará la huelga, "como mínimo", hasta el día 7 de febrero. Pero la sensación generalizada es de que el conflicto ha comenzado a avanzar hacia una posible solución.
Aunque ELA lamentó que las patronales acudieron a la cita de ayer, en Donostia, sin llevar la contestación que "pedíamos sobre las dos condiciones para la negociación", la central abertzale confirmó su presencia en la reunión convocada para la próxima semana. Eso es lo que acordaron las partes ayer: volver a reunirse el día 17. "Ese día veremos si realmente las patronales y la Diputación de Gipuzkoa apuestan por avanzar y desbloquear la grave situación que vive hoy el sector o si siguen como hasta ahora: haciendo dejación de sus responsabilidades y manteniendo una situación que es absolutamente caótica en el sector, indicó ELA en un comunicado para valorar el encuentro.
Según confirmaron fuentes sindicales, las patronales Adegi, Matia, Lares y Garen se habrían comprometido a llevar a la mesa una nueva propuesta el próximo viernes. ELA, sindicato mayoritario en el sector y el que mantiene la huelga activa, considera imprescindible que se firme el convenio sectorial y pide que se renueven los convenios de empresa, algo que chocaría, según señalan fuentes de la patronal, con la autonomía de empresa. Hay que tener en cuenta que desde las reformas realizadas en el ámbito laboral por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012, los convenios de empresa tienen prioridad sobre los sectoriales.
Para alcanzar un acuerdo, ELA reclama subidas salariales retroactivas, que implicaría abonar los atrasos correspondientes a los años 2017 y 2018 a las cerca de 5.000 trabajadoras del sector. - N.G.
