El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, comparecerá este martes en la Audiencia Nacional para declarar como imputado por los sucesivos encargos que durante años se habrían efectuado al ahora comisario jubilado José Manuel Villarejo, y tendrá que hacerlo acudiendo físicamente a la sede judicial, después de que el juez instructor rechazara habilitar una videoconferencia ante el repunte de los contagios por Ómicron.

El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Manuel García-Castellón, imputó a Sánchez Galán en junio por presuntos delitos de cohecho activo, contra la intimidad y falsedad en documento mercantil, pero no fue hasta diciembre, una vez que la Sala de lo Penal resolvió una serie de recursos pendientes, cuando se puso día y hora a su comparecencia, fijada para las 10.30 horas del 18 de enero.

NO PODRÁ COMPARECER POR VIDEOCONFERENCIA

Con el arranque del año, el presidente de Iberdrola solicitó al magistrado que le permitiera declarar por videoconferencia, alegando que con la nueva variante del coronavirus hay una "mayor probabilidad de reinfecciones" y él pertenece a un "grupo de riesgo".

"Mi representado (...) ha extremado ya desde hace semanas las medidas de prevención para la preservación de su salud, con limitación al máximo de los desplazamientos y de los encuentros presenciales, que han sido sistemáticamente sustituidos por reuniones telemáticas", expuso su defensa.

No obstante, el juzgado resolvió el pasado viernes que no hay "motivos sustanciales" para sustituir la declaración presencial por una "opción subsidiaria" como es la videoconferencia.

"No se razona qué interés de utilidad o conveniencia para la causa puede presentar la declaración en los términos expuestos (...), ni se alude a motivos de orden público o seguridad como fundamento, sino que solo se hacen genéricas referencias a la situación sanitaria", observó.

RONDA DE DECLARACIONES

Así, Sánchez Galán tendrá que hacer el denominado 'paseíllo', aunque no será el único. Para el mismo martes está citado el ex presidente de Iberdrola España Fernando Becker, mientras que el ex consejero-director general de Negocios Francisco Martínez Córcoles y el ex jefe de Gabinete de Presidencia Rafael Orbegozo tendrán que comparecer el 17 de enero. El día 20 será el turno de Iberdrola Renovables.

Al imputar a Sánchez Galán y los tres ex directivos, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, García-Castellón explicó que desde sus respectivos puestos pudieron participar en la contratación de los servicios del comisario cuando aún estaba en activo en el Cuerpo Nacional de Policía, que se manipularon las facturas correspondientes a esos servicios y que se tuvo acceso a datos reservados de las personas sometidas a investigación.

En esta pieza número 17 de 'Tándem' --la macrocausa que disecciona los muchos y variados servicios prestados por Villarejo a título privado-- se investigan los encargos que la eléctrica habría hecho al comisario entre 2004 y 2017.

CINCO PROYECTOS

Según el relato judicial, el primer proyecto de Villarejo para Iberdrola habría sido 'Arrow', que habría tenido como objetivo eliminar la oposición municipal y de los ecologistas a la construcción de una central en Arcos de la Frontera (Cádiz).

Entre 2004 y 2005 se habría desarrollado 'Black Board' o 'B-B' para supuestamente conseguir información comprometedora sobre Manuel Pizarro, presidente en aquellos momentos de Endesa, el gran rival de Iberdrola en el sector eléctrico.

Ya en 2009, a Villarejo se le habrían encomendado 'Gipsy' y 'Posy'. El primero habría consistido en investigar a un directivo de Iberdrola, José María Álvarez, y a un proveedor, Francisco Julián Gutiérrez, al sospechar que pudiera mediar el pago de comisiones ilegales. Con el segundo proyecto, las pesquisas del comisario se habrían extendido a la vinculación de Álvarez con Florentino Pérez, presidente de ACS, para evitar el asalto de la constructora a la eléctrica.

Por último, en 2011, Villarejo se habría dedicado a 'Wind' para investigar a la empresa suiza Eólica Dobrogea, a su accionista mayoritario, Chrisopher Kaap, y a su apoderado, Corneliu Dica. Iberdrola Renovables se había aliado con la compañía eólica para desarrollar una serie de proyectos en Rumanía, pero con el tiempo surgieron conflictos que se acabaron resolviendo de forma favorable a la mercantil española en un procedimiento arbitral.

En el auto de imputación, el juez indicó que, por la contabilidad de Iberdrola, se sabe que fueron recibidas y abonadas quince facturas sin pedido emitidas por CENYT, el grupo empresarial de Villarejo, entre 2004 y 2012 por un importe total de 1,04 millones.