Hacía tiempo que un acto en favor de los presos de ETA no estaba precedido por tanto ruido mediático. Pero la marcha solidaria convocada el 18 de septiembre en Arrasate no para de generar titulares. Hoy mismo, dirigentes sindicales de la Policía Nacional y la Guardia Civil se han reunido con el delegado del Gobierno español en la CAV, Denis Itxaso, para expresarle su malestar por lo que consideran un homenaje a Unai Parot -lo que los organizadores, la red solidaria Sare, niegan-. Pero el dirigente socialista ha trasladado a los representantes policiales que no tiene competencias para impedirlo, ya que eso atañe ahora mismo a la justicia, y él ya se encargó de dar traslado de esta convocatoria a la Fiscalía de la Audiencia Nacional.
La papeleta de Itxaso no es sencilla, ya que el PP de la CAV aseguró la semana pasada que, “si se permite esta nueva humillación a las víctimas”, pedirá su “dimisión” por su “inacción”. Tras reunirse en Gasteiz con el delegado de Moncloa en Euskadi, los portavoces de las centrales Jupol y Jucil han admitido con resignación que al trasladar el caso a la Fiscalía, la Delegación del Gobierno ha hecho “lo que tiene que hacer”. “Poco más puede hacer”, han insistido, motivo por el que ambos colectivos reclaman que se impulse un cambio legislativo para evitar que se puedan celebrar este tipo de actos.
En concreto, Denis Itxaso remitió al Ministerio Público la petición registrada por la Fundación Villacisneros, de la que es vicepresidenta la exlíder del PP vasco María San Gil, para que no se celebre la “marcha solidaria en favor del miembro de ETA Henri Parot”. En su escrito, esta Fundación calificó de “inconcebible que, en una democracia como la española”, las instituciones “asistan impasibles a una marcha de solidaridad con un asesino sanguinario que ha acabado con la vida de 39 personas”.
CONTRA LAS CADENAS PERPETUAS ENCUBIERTAS
Respecto a la verdadera naturaleza de la marcha de 31 kilómetros prevista el mes que viene en Arrasate, Sare explicó, tras la denuncia de la Fundación Villacisneros, que la finalidad de este acto es “denunciar legislaciones excepcionales como la ley 7/2013, que posibilita cadenas perpetuas encubiertas para un número importante de presos vascos”. Añadió que la elección de la localidad guipuzcoana obedece a que “uno de estos presos condenados por esta ley es Unai Parot, con lazos familiares en Arrasate”.
Sare se mostró firme en su intención de seguir “denunciando la aplicación de medidas de carácter excepcional” y concluyó asegurando que “es tiempo de soluciones, por ello el 18 de septiembre nos manifestaremos en Arrasate”. Los portavoces de Jupol y Jucil que han acudido hoy a Gasteiz han afirmado que no tienen “conocimiento” de que vaya a haber “ninguna presencia de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado” en Arrasate para expresar su rechazo a la marcha. Han adelantado, eso sí, que las asociaciones de víctimas sí podrán acudir a esa localidad para participar en “contramanifestaciones” y plantear sus reivindicaciones.
EL PRESO QUE BAUTIZÓ LA ‘DOCTRINA PAROT’
Unai Parot, que cumple una condena acumulada de 41 años, dio nombre en 2006 a la llamada ‘doctrina Parot’, un criterio establecido ese año por el Tribunal Supremo para dar respuesta a un recurso presentado por el preso, que establecía que las redenciones no se aplicarían sobre el cumplimiento máximo de las penas, sino sobre el total de las condenas, lo que suponía un alargamiento de la estancia en prisión. Este cómputo fue tumbado, no obstante, en octubre de 2013 por el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, lo que posibilitó que más de 60 reclusos de ETA, otros seis de los Grapo y 15 delincuentes con tres o más condenas salieran casi de inmediato de prisión al haber cumplido ya su condena.
