- Primera sanción anulada desde que el Tribunal Constitucional tumbó el confinamiento en las casas durante el primer estado de alarma, de marzo a junio de 2020. Un juzgado de Madrid ha anulado la sanción de 601 euros que el Ayuntamiento impuso a una menor por no respetar las restricciones aprobadas por la pandemia, en la primera sentencia que se conoce en este sentido después de que el Constitucional declarara nulo el confinamiento.
Según informó ayer el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el juzgado de lo contencioso-administrativo número 11 de Madrid ha considerado la sanción disconforme a derecho tras el fallo del tribunal de garantías que declaró inconstitucional y nulo el estado de alarma, “sin realizar ninguna aclaración sobre los efectos jurídicos de esta declaración en relación a las multas impuestas”.
El magistrado Jesús Torres Martínez explica que una sentencia de inconstitucionalidad vincula a todos los poderes públicos, incluidos jueces y tribunales que, desde la publicación de la resolución, deben resolver cualquier proceso sin aplicar la ley declarada inconstitucional. A su entender, la sentencia de inconstitucionalidad debe aplicarse siempre que las sanciones se hayan impugnado, porque “un acto administrativo (la sanción) dictado al amparo de una ley inconstitucional no habría tenido cobertura en ningún momento, porque la que presuntamente le proporcionaba la ley anulada era una cobertura aparente y no una cobertura real”. En los juicios pendientes, los jueces y tribunales deben juzgar “como si la ley no hubiera existido nunca”. El juez no impone las costas a ninguna parte porque la cuestión generaba “dudas de derecho”, como se desprende de los votos particulares que han presentado varios de los magistrados del Constitucional.
Poco revela la sentencia de la actuación de la menor (algunos medios dicen que estaba en un parque). Según la resolución, fue sancionada con 601 euros por un “acto de desobediencia por no respetar las restricciones aprobadas para evitar la extensión de la pandemia”. El Constitucional abrió la puerta a que en los procesos abiertos se reduzcan o anulen sanciones o penas, tras declararse la nulidad del estado de alarma.
El Gobierno Vasco ya lamentó por boca de Josu Erkoreka que la sentencia del TC deje en “agua de borrajas” el trabajo policial, que se limitó a cumplir el estado de alarma. La Ertzaintza denunció 13.454 infracciones, además de 9.501 por parte de las policías locales, y el importe cobrado en pronto pago son 1.568.356 euros.
Por otro lado, el último Pleno del Tribunal Constitucional volverá a tener sobre la mesa hasta el jueves un recurso de Vox, esta vez, sobre los acuerdos de la Mesa del Congreso que suspendieron el cómputo de los plazos reglamentarios al inicio del estado de alarma, sobre las preguntas y proposiciones no de ley.
