La apología del franquismo vuelve a sacar a la luz la división en el CGPJ

Aprueba un informe contrario a la Ley de Memoria Democrática con seis votos discrepantes

08.06.2021 | 01:42
Simpatizantes franquistas en Mingorrubio-El Pardo, donde se encuentran los restos del dictador.

donostia – La Ley de Memoria Democrática, que está llamada a sustituir a la Ley de Memoria Histórica que impulsó el Gobierno de Zapatero en 2007, se ha encontrado con una piedra en el camino con el informe desfavorable que aprobó ayer el Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Una decisión que no es vinculante, por lo que el gabinete de Pedro Sánchez puede continuar su tramitación, y que ha vuelto a sacar a la luz la división en el seno del Poder Judicial. Así, el informe contrario al anteproyecto de ley tuvo quince votos a favor y seis en contra.

Más aún, el dictamen del CGPJ tan solo ha sido posible tras cambiar a los dos ponentes designados inicialmente para esta labor, ya que sus discrepancias les llevaron a un punto muerto. Los nuevos encargados de esta tarea, Roser Bach y Wenceslao Olea, han alumbrado un informe muy crítico con algunos aspectos de la norma al considerar que vulnera la libertad de expresión.

El documento cuestiona que el anteproyecto faculte el cierre de fundaciones profranquistas, lo que afectaría directamente a la Fundación Francisco Franco. A juicio de Bach y Olea, aunque estas entidades defiendan valores contrarios a la Constitución, están amparadas por la libertad de expresión siempre que no humillen a las víctimas.

Los dos vocales también subrayan la necesidad de proteger el derecho de reunión ante la posible prohibición de actos públicos de exaltación de la dictadura. Proponen por ello seguir el espíritu de resoluciones aprobadas por el Parlamento Europeo, como cuando en 2019 pidió "una cultura común de memoria histórica que rechace los crímenes de los regímenes fascistas y estalinistas, y de otros regímenes totalitarios y autoritarios del pasado".

La forma en que la futura ley, impulsada por la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, encara la protección de las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo es otro aspecto polémico para el CGPJ, que alerta del riesgo de que se tutele "de forma asimétrica" su dignidad en función de su procedencia.

Respecto a la nulidad de las condenas por motivos políticos del franquismo, el Poder Judicial cree que ya está recogida con la declaración de "ilegitimidad" de la Ley de Memoria Histórica. También se plantea por vez primera una definición de "víctima de la Guerra Civil y la dictadura", lo que para el CGPJ "se mueve en un plano estrictamente administrativo de reconocimiento, protección y resarcimiento de las víctimas", y no en el proceso penal.

Renovación pendiente

El Poder Judicial, bajo la lupa

Votos discrepantes. De los 21 miembros del CGPJ, ayer votaron en contra del anteproyecto de Ley de Memoria Democrática José Antonio Ballestero, Nuria Díaz, Juan Manuel Fernández, José María Macías y Juan Martínez Moya, todos del sector conservador, junto a Concepción Sáenz, del progresista. Los seis formularán votos particulares discrepantes, mientras que entre los quince que sí han respaldado el informe hay seis que también emitirán votos particulares, aunque en este caso concurrentes. El órgano de gobierno del poder judicial hace así una nueva exhibición de división en un momento especialmente delicado, son su renovación todavía pendiente y objeto de un agrio rifirrafe político, principalmente entre el PSOE y el PP. El Consejo Fiscal se pronunció en su día a favor del anteproyecto por la mínima, seis votos a cinco.

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