- Lejos de colaborar en distender el conflicto catalán, la decisión del Tribunal Supremo (TS) de oponerse al indulto de los doce condenados por el procés ha incendiado aún más el patio político contribuyendo además a un choque entre el poder judicial y el Gobierno de Pedro Sánchez. El informe del órgano sentenciador, aunque previsible y no vinculante, destila una contundencia desgarradora para quienes abogan por generar otra atmósfera ya que rechaza la medida de gracia por ser “una solución inaceptable” ante la “voluntad de reincidir” de los líderes soberanistas, comprometiendo la futura decisión de Moncloa, que se verá impedida a optar por un indulto total y deberá aplicar el parcial, ya sea rebajando parte de la pena o conmutándola por otra menos grave. Esto es así porque el TS no aprecia “razones de equidad, justicia o utilidad pública que lo justifiquen” y destaca que “no hay la más mínima prueba o el más débil indicio de arrepentimiento” entre los presos, cuyas penas ve proporcionadas. Ante esta coyuntura, Sánchez replicó ayer que “hay un tiempo para el castigo y otro para la concordia”, recordando el Ejecutivo que la resolución al respecto es competencia suya.

La Sala advierte del llamativo desenfoque en las peticiones de indulto, por pretender que el Gobierno corrija su sentencia, porque “dibujan una responsabilidad penal colectiva y solidaria” en base a un sujeto denominado “los presos del procés”, como así los presenta la administración penitencia catalana, contra quien el Supremo arremete porque no solo “ha unificado de forma contumaz el régimen y tratamiento” de los reclusos sino que “ha entorpecido de forma notable el cumplimiento de los fines de la pena, alimentando la ficción de un sujeto colectivo, que sería titular del derecho a la progresión en grado y, ahora, del derecho al indulto”. En este contexto, desprecia a los presos como “autores de una movilización encaminada a subvertir unilateralmente el orden constitucional” y que manifiestan “su voluntad de reincidir”. Es más, el TS pone de ejemplo al líder de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, que en sus alegaciones afirmó que todo lo que hizo lo volvería a hacer porque no cometió ningún delito, por lo que sus palabras son “la mejor expresión de las razones por las que el indulto se presenta como una solución inaceptable” al conllevar “una actitud antidemocrática”. Es más, le reprocha que no acepte el indulto pero sí la amnistía, una figura que “se ha hecho valer por regímenes dictatoriales para borrar gravísimos delitos contra las personas y sus derechos fundamentales”.

Pese a todo, Sánchez sigue defendiendo que su Gobierno se posicionará “en beneficio de la convivencia entre españoles”, lo que contrasta con la opinión del presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Supremo, Carlos Lesmes, quien advirtió ayer de que un indulto es “difícil de aceptar” cuando no hay concordia, en referencia a las propias palabras del líder socialista, que apuesta por “el diálogo y el entendimiento”, y no “por la venganza y la revancha”. Además, el Jefe del Ejecutivo español exigió al PP que le apoye en este trámite, al igual que hizo el PSOE al respaldar el artículo 155 tras el referéndum del 1-O. Pero desde Génova aprecian “demoledor” el informe del TS y no dudan en que presentarán recurso si Sánchez mantiene su pretensión. Pablo Casado le espetó haber llegado “demasiado lejos” en una actitud que “no es más que un pago a sus socios secesionistas por haberle metido en La Moncloa, y que será su finiquito y el epitafio del PSOE constitucional”.

Ambos protagonizaron un bronco rifirrafe en el Congreso en la sesión de control al Gobierno, donde el líder popular se centró en intentar desmontar la reflexión del socialista y denunció que hacer cumplir la ley no significa “venganza”, como tampoco es “revancha” defender “la unidad nacional”, ni “dar un golpe a la legalidad” es un valor constitucional. Tras recordarle a Sánchez que fue él quien en 2019 dijo que los condenados por el procés tenían que cumplir íntegramente sus penas, Casado le acusó de “mentir para ganar las elecciones”.

Moncloa tiene previsto resolver esta cuestión en verano pero su posición no cerrará este capítulo toda vez que PP, Ciudadanos y Vox han adelantado que recurrirán al Supremo. De momento, como señaló ayer José Luis Ábalos, le corresponde al Consejo de Ministros dilucidar los indultos, decisión que tendrá “un enfoque de carácter político” que “trasciende la situación jurídica y penal” de las personas condenadas, ya que “afecta al conjunto de la comunidad” y al compromiso del Gobierno por una “normalización de la vida política en Catalunya”. Por último, evocó que el conflicto catalán es la herencia que les dejó el PP de Mariano Rajoy. Por su parte, el socio de coalición, Unidas Podemos, fue tajante al avisar que “el tiempo de los jueces ha terminado”. “No podemos empezar la mesa de diálogo con la contraparte en la prisión. Los jueces deben dejar de ser ya los guionistas de la política”, apuntó el presidente del grupo morado, Jaume Asens.

El indulto es una medida de gracia, de carácter excepcional que consiste en la condonación total o parcial de las penas impuestas a los condenados en sentencia firme. La Ley que lo regula es de 1870 y establece que “los reos de toda clase de delitos podrán ser indultados, con arreglo a las disposiciones de esta ley, de toda o parte de la pena en que por aquellos hubiesen incurrido”. Esa misma ley fija que el indulto total solo podrá concederse en caso de que lo avale el tribunal sentenciador, con lo que en el caso del ‘procés’ solo podrán concederse de forma parcial. A diferencia de la amnistía, el indulto no extingue los antecedentes penales y tampoco supone el perdón del delito sino solo el cumplimiento de la pena.

Cualquier ciudadano puede cursarlo: el propio condenado, sus familiares u otra persona, sin necesidad de un poder escrito que acredite su representación. También puede iniciar el trámite el Gobierno, el ministerio fiscal o el tribunal sentenciador. En este caso los pidió el abogado catalán Francesc de Jufresa, que remitió un escrito en enero de 2020 al Servicio de Indultos del Ministerio alegando “causa de equidad y utilidad pública”. Solicitó el indulto total o, en su defecto, parcial, sustituyendo las penas de prisión por inhabilitación o rebajando las condenas a un máximo de cuatro años. UGT lo reclamó para Dolors Bassa; y varios expresidentes del Parlament, para Carme Forcadell.

Tradicionalmente siempre se ha vinculado con las penas de prisión y no de inhabilitación. Sin embargo, en este caso, podría afectar a las inhabilitaciones -un factor clave para el futuro político de los condenados-, dado que forman parte de las penas principales y no de las accesorias. Existen precedentes en las última décadas de condenas por inhabilitación indultadas por el Gobierno, lo que abre la puerta a que los líderes independentistas puedan ocupar cargos públicos en el futuro, en caso de que el Ejecutivo así lo estime.

Al tratarse de un acuerdo del Consejo de Ministros, el órgano al que corresponde el control jurisdiccional es la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, si bien llegado el caso no entraría a revisar los motivos de la decisión sino solo si el acuerdo del Gobierno se ajusta a la ley y si está suficientemente motivado. El Ejecutivo debe especificar “las razones de justicia, equidad o utilidad pública” de la medida y el Supremo solo podrá revisar si el acuerdo de indulto cuenta con soporte fáctico suficiente, sin examinar su contenido.

“El indulto sería una solución inaceptable cuando han manifestado su voluntad de reincidir”

Informe de la Sala de lo Penal

“Se decidirá en beneficio de la convivencia entre españoles, es tiempo para la concordia”

Presidente del Gobierno español

“Un indulto cuando no hay concordia es difícil de aceptar; la prerrogativa es del poder político”

Presidente del CGPJ y del TS

“El informe es demoledor, la actitud de Sánchez no es más que un pago a sus socios secesionistas”

Presidente del PP