- El Gobierno Vasco no tiene intención de solicitar unilateralmente el estado de alerta específico para la CAV. Así lo corroboró ayer el vicelehendakari primero y consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, partidario de “comprobar” qué tipo de medidas se adoptan en otras comunidades y en el “marco general” y abordar “planteamientos comunes”. Según recordó, el propio Iñigo Urkullu “lo dijo con claridad la semana pasada” en su comparecencia en el Parlamento Vasco, “al hacer una lectura concreta de las previsiones de la Ley Orgánica del año 1981”. El lehendakari llamó la atención sobre el hecho de que “la posibilidad de un estado de alarma circunscrito a un ámbito territorial al territorio de una sola comunidad autónoma requiere que se produzca una epidemia que afecta a todo o parte, pero exclusivamente al territorio de una comunidad autónoma”. Nos encontramos ante una pandemia global y no es, por tanto, el supuesto al que se refiere este precepto de la ley orgánica”, indicó. Erkoreka recordó que “aunque la situación epidemiológica no es uniforme en todo el territorio del Estado, y hay situaciones muy distintas e incluso enormemente diferentes en un territorio y en otros, es conveniente abordar planteamientos compartidos, comunes, coordinados, que, en buena parte, nacen en los últimos tiempos del mecanismo de cogobernanza fijado alrededor del Consejo Interterritorial”.
Paralelamente, el portavoz del Ejecutivo vasco, Bingen Zupiria, evocó que la posibilidad de cambios legales, como apuntó el ministro Juan Carlos Campo, “es una consideración que ha hecho el lehendakari permanentemente” durante esta crisis sanitaria y, según advirtió, “han pasado ya 14 meses” de pandemia. Asimismo, añadió en Radio Vitoria que, “tal y como permanentemente se nos recuerda desde el Gobierno español y de forma recurrente desde el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, la capacidad del Gobierno vasco para adoptar algunas medidas es inexistente o muy limitada”. Sobre la opción de recurrir al Tribunal Supremo, Zupiria precisó que Lakua “no se cierra a ninguna posibilidad”. No obstante, matizó que Urkullu ya ha manifestado que esto es una cuestión sanitaria donde “una judicialización del proceso no es una buena aportación”.
