- El ministro Fernando Grande-Marlaska evitó pronunciarse ayer sobre las medidas que tomará el Gobierno español para subsanar los perjuicios de casos similares al del auxiliar de vuelo de Iberia Patxi Zamora, y se limitó a recordar el proceso judicial en marcha para demostrar que no ha existido indefensión. Zamora fue despedido tras 31 años de trabajo en la compañía porque la Guardia Civil le retiró, arbitrariamente, la tarjeta aeroportuaria necesaria para trabajar. El propio Ejecutivo reconoció que los motivos de su despido fueron puramente ideológicos, motivados por su militancia política al haber integrado en 2007 las listas del partido Acción Nacionalista Vasca (ANV).

Zamora fue inhabilitado en 2018 después de recibir un correo electrónico de la Benemérita informándole de que se le denegaba la renovación de su acreditación de seguridad por considerarlo “persona cercana a entornos potencialmente peligrosos”. Luego, sin motivación alguna ni permitirle ejercer la posibilidad de contraste, oposición o rectificación, le dejaron sin puesto de trabajo.

La senadora del PNV Maribel Vaquero denunció la “arbitrariedad e indefensión” que padeció el trabajador navarro al utilizarse de forma improcedente archivos policiales en la evaluación de idoneidad realizada por la Guardia Civil. Asimismo, la dirigente jeltzale le recordó a Marlaska que, en respuesta a una iniciativa llevada a cabo por la eurodiputada Izaskun Bilbao, el Comisario Europeo de Justicia advirtió de la imposibilidad de utilizar este tipo de archivos en procedimientos administrativos si no se dota a los afectados de las suficientes garantías que señala el Reglamento General de Protección de Datos.

El titular de Interior no quiso anticipar “actuaciones a realizar” hasta conocer la resolución jurídica del caso y remitió a la senadora a las respuestas escritas realizadas anteriormente por el Ejecutivo. Vaquero se mostró insatisfecha con su contestación y puntualizó al ministro que, de acuerdo con la normativa europea de seguridad aérea, es necesario ejercer control judicial en las investigaciones sobre datos recogidos en archivos policiales.