- "No se trata solo de cumplir una condena, sino de cambiar a la persona". Esta es la declaración de intenciones que fuentes muy cercanas al juez Jaime Tapia atribuyen a este magistrado, encargado de diseñar el modelo penitenciario vasco. Es un firme defensor de la resocialización de los presos y la justicia restaurativa, desde sus convicciones religiosas. El Gobierno de Urkullu ha fichado a un juez que participa en cafés, partidos de fútbol y otras actividades terapéuticas en la cárcel de Zaballa, para que inspire un modelo vasco basado en la reinserción pero sin perder de vista que se han cometido delitos: la apuesta es potenciar las salidas de la cárcel, pero siempre y cuando exista ese trabajo previo para la reinserción de cada preso.

El Gobierno Vasco se prepara para recibir las llaves de las cárceles de las manos del Ejecutivo español. Ambas partes aún tienen que cerrar los flecos de la transferencia de prisiones, que ya se asume que llegará en abril y no en marzo, y que permitirá al Gobierno de Urkullu gestionar los centros ubicados en la comunidad autónoma (Basauri, Zaballa, y la prisión de Martutene, que será sustituida por un nuevo centro en Zubieta). A partir de ahí, desplegar el modelo vasco será un reto titánico que va a consumir un esfuerzo considerable durante toda la legislatura y que ya perfila la consejería de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales que dirige Beatriz Artolazabal.

El Estado conservará las competencias para redactar la ley penitenciaria y las condiciones para acceder a los permisos de salida o las progresiones de grado, pero el Gobierno Vasco tendrá margen para potenciar la reinserción cuando pase a gestionar las juntas de tratamiento de las cárceles y tenga la capacidad de emitir informes sobre un preso, y de trabajar para que no vuelva a delinquir. La idea es que la estancia en prisión se utilice como último recurso, y se potencien el régimen abierto y las salidas diarias, pero siempre que se haya trabajado previamente en la reeducación. Es decir, se apuesta por la reinserción desde la exigencia.

El fichaje del juez Jaime Tapia ha sido esclarecedor para anticipar el modelo que se quiere impulsar. Este magistrado, de la sección penal de la Audiencia de Araba, trabajará como asesor para diseñar el modelo penitenciario. Según explican fuentes de su entorno a este periódico, atesora una visión amplia de toda la judicatura, desde el ámbito penal y civil, hasta la justicia penal juvenil, donde tiene una extensa experiencia en juzgados de menores. El propio Tapia, en su exposición de méritos para optar al Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, aseguró que era el "único" en la carrera con esas dos especialidades penales.

Tapia es partidario de trabajar con los presos en la resocialización, y lo ha puesto en práctica. Sus actividades de han centrado en la cárcel alavesa de Zaballa, que es la que tiene más próxima. Como voluntario de la pastoral penitenciaria, hasta la irrupción del coronavirus ha acudido los domingos por la mañana, una vez al mes, a compartir charla y café con los presos, y también a la misa. Estas actividades las desempeña a título personal, no como magistrado, por su apuesta por trabajar en la resocialización. En esos encuentros se ha topado con personas que él mismo ha condenado. También ha jugado partidos de fútbol entre personalidades de la judicatura e internos, y ha tomado parte en diferentes actividades terapéuticas. Como profesor de la escuela jurídica, ha llevado a alumnos de visita a Zaballa.

Su asistencia a las misas en la cárcel no se ha podido repetir desde el 8 de marzo de 2020 por el coronavirus, pero este currículum da una medida de su apuesta por la reinserción. El Ejecutivo ha fichado como asesor a una persona de convicciones religiosas, procedente del barrio de Rekalde, una zona muy castigada por la droga. El juez Tapia lleva "siete u ocho años colaborando" con distintas actividades de Zaballa, y "cree en ese trabajo".

Además, el Gobierno Vasco no dará un salto al vacío cuando asuma la transferencia. La consejería de Artolazabal ha mostrado estos días los cimientos para afrontar este reto. Durante la presentación del nuevo Plan de Justicia Juvenil 2020-2024 para jóvenes de entre 14 y 18 años, puso en valor la experiencia de éxito que cree que ya se atesora con la juventud, donde la reincidencia se sitúa por debajo del 20%. Precisamente ahora se cumple el centenario de la creación en Bilbao del primer tribunal tutelar de menores, que después ha ido derivando en una apuesta por dar un sentido educativo al castigo juvenil. La consejera defendió las medidas de conciliación, la red de centros educativos, y una reincidencia juvenil en tasas bajas.

La consejera se apoya también en el amplio respaldo parlamentario a este enfoque. Todos los partidos, salvo el PP (y cabe suponer que ahora tampoco Vox lo haría), respaldaron las resoluciones del Parlamento de marzo de 2019 que abogan por un modelo "inteligente, democrático", y por poner el acento en la reinserción social y las prácticas restaurativas, el régimen abierto, las salidas diarias, etc. Las medidas alternativas a la entrada en prisión dependen del juez, como sucede con los trabajos comunitarios, la formación en seguridad vial o el programa Gakoa de rehabilitación para maltratadores. En cuanto a los permisos de salida y las progresiones de grado, los controla el juez de vigilancia penitenciaria, incardinado en estos momentos en la Audiencia Nacional. El Gobierno Vasco quiere potenciar la reinserción con los 1.300 presos, sean o no de ETA (de momento, muy pocos en Euskadi), y lo que tendrá en cuenta es que han cometido un delito. Plantea, asimismo, impulsar encuentros restaurativos con las víctimas.

Ayudas a las empresas. El PNV preguntará al Gobierno español en la sesión de control del martes en el Senado cómo ha valorado la desigual incidencia en las comunidades autónomas del plan de ayudas extraordinarias a la solvencia empresarial. También pedirá al Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, concreción en su calendario legislativo, en vista de que ha anunciado en varias ocasión la tramitación de nuevas leyes y aún no ha llegado ninguna. Por ello, la senadora Estefanía Beltrán de Heredia reclamará una mayor concreción en las iniciativas y en los plazos que pretende aplicar el ministro.

prima el contenido de prisiones frente al plazo

En abril y no en marzo. La transferencia de prisiones estaba prevista en un primer momento para finales de este mes de marzo, pero el ministro Iceta ya anunció hace unas semanas que podría llegar en abril, un plazo que parece ya asumido por todas las partes para atar debidamente el contenido del traspaso sobre los edificios y el personal. El burukide Koldo Mediavilla dijo ayer a la Ser que "una vez más parece ser que el cumplimiento del Estatuto puede sufrir un retraso, según se vislumbra de las negociaciones", pero aclaró que lo darán "por bueno" si la transferencia "se produce bien en condicione y de acuerdo entre las partes".