Dimisión de Isabel Díaz Ayuso: adelanto electoral o moción de censura: lo que dice la ley

Más Madrid y PSOE plantean batalla a Ayuso al ver que aún no se ha publicado el decreto de convocatoria electoral

10.03.2021 | 13:53
Esperanza Aguirre e Isabel Díaz Ayuso, este martes.

El anuncio a primera hora del miércoles de moción de censura en Murcia, donde Ciudadanos se apoyará en el PSOE para desalojar al PP, ha provocado un terremoto político en Madrid, donde su presidenta, la popular Isabel Díaz Ayuso, pretende adelantar las elecciones autonómicas, de las que saldría reforzada según las encuestas y hundiría a Ciudadanos.

Por el momento, la dirigente madrileña no ha hecho pública su intención del adelanto electoral y ha sido el vicepresidente, el naranja Ignacio Aguado, quien ha informado de que la presidenta "ha decidido dimitir de sus funciones convocando elecciones anticipadas en la Comunidad de Madrid. Por tanto rompe 'de facto' el acuerdo firmado entre PP y Ciudadanos de forma unilateral así como su palabra dada, lo cual es desde nuestro punto de vista la mayor irresponsabilidad que ha hecho desde que hace un año y medio asumiera la Presidencia".

Acto seguido, la formación de Íñigo Errejón, Más Madrid, y el PSM de Ángel Gabilondo han anunciado sendas mociones de censura contra la propia Ayuso. ¿Por qué si en teoría ha dimitido? Ambas formaciones de la oposición quieren aprovechar la Ley 5/1990, de 17 de mayo, que regula la facultad de disolución de la Asamblea de Madrid.

El artículo 2 de dicha ley que promulgó el socialista Joaquín Leguina establece que "el decreto de disolución se publicará en Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y entrará en vigor en el momento de su publicación". De momento el decreto no ha sido publicado en dicho Boletín, mientras que el artículo 21 del Estatuto de Autonomía de Madrid no recoge ninguna concreción al respecto.

No obstante, hay quienes defienden que, de acuerdo con el espíritu de la ley, el acto de la firma tras la previa deliberación del Consejo de Gobierno tiene validez jurídica para que la disolución tenga efecto legal. Una vez la Asamblea de Madrid ha admitido las dos iniciativas, todo apunta a que la batalla continuará en los tribunales, ya que el Ejecutivo considera que la Cámara está disuelta.