- La Xunta de Galicia presentó ayer las bases para el plan de usos del Pazo de Meirás, que contemplan un plan museológico, un centro de creación cultural, así como de emprendimiento e investigación para el fomento de la igualdad, y un jardín de la libertad destinado a la memoria a modo de recuerdo y reparación de los represaliados por el franquismo. Un día después de que el pazo pasara a se patrimonio público con la entrega simbólica de sus llaves, el conselleiro de Cultura, Educación y Universidad, Román Rodríguez, presentó las bases que pivotarán sobre la figura de Emilia Pardo Bazán y la memoria democrática tras el franquismo, si bien aclaró que primará la primera, propietaria originaria del Pazo de Meirás, “sin olvidar a Franco”. “Debemos apostar y profundizar por Doña Emilia”, resumió, porque “a Galicia y al futuro nos interesa más hablar de las Torres de Doña Emilia que hablar del Pazo de Franco”.

También ayer, el ministro de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes, abogó por dar un uso al Pazo de Meirás de tipo cultural y de memoria, ya que se trata de un lugar con un valor de recuperación para la democracia. Rodríguez Uribes aseguró que la recuperación del emblemático pazo afecta “al continente y al contenido, que están vinculados”, y la voluntad del Gobierno es “recuperar un bien que es de todos los españoles” y que “fue un expolio” de la familia Franco.

El ministro explicó que todas las cuestiones sobre el contenido se dirimirán conforme a derecho y “con garantías”, y la familia del dictador “podrá plantear” todas las reclamaciones que quiera por esa vía. El Pazo de Meirás contiene entre otros objetos de valor la biblioteca de Emilia Pardo Bazán y bienes de Patrimonio Nacional que forman parte de las Colecciones Reales y que están documentados.

El ministro también anunció que después de Navidad creará un grupo de trabajo interministerial para dar un impulso al estatuto del artista, que le gustaría que fuera aprobado esta legislatura. Por su parte, el abogado de la familia Franco ha reclamado un acuerdo para que los bienes se queden a cambio de un “precio razonable”.