magistrado emérito del tribunal supremo José Antonio Martín Pallín

"Me parece peligroso cómo unos jueces se han metido a médicos y epidemiólogos"

25.10.2020 | 01:33
"Me parece peligroso cómo unos jueces se han metido a médicos y epidemiólogos"

El veterano magistrado desgrana los entresijos de la reforma del CGPJ, el riesgo de politización de la Justicia española y la desconfianza creciente hacia los tribunales

DONOSTIA – En un escenario en el que la Justicia está siendo ampliamente cuestionada debido, entre otros asuntos, a la deriva del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) o a las polémicas decisiones de algunos tribunales sobre las restricciones decretadas por el COVID-19, el magistrado emérito del Supremo, José Antonio Martín Pallín (A Coruña, 1936), analiza los tiempos turbulentos que vive el sistema judicial español en su nuevo libro, El Gobierno de las togas, que publicará el próximo 10 de noviembre.

¿Cómo se ha llegado a la situación de descrédito actual del CGPJ?

–El CGPJ no es el poder judicial, sino un órgano de Gobierno que, si no tuviera la capacidad de nombramiento de magistrados del Supremo, sería un simple órgano administrativo para gestionar. Pero ahora es lo que es, tiene esta capacidad de nombramiento del Supremo, que es lo único que interesa a los partidos políticos. Todo lo demás les tiene sin cuidado. Cuando se hizo la Constitución española, se aceptó la propuesta del PSOE de que el CGPJ tuviera doce miembros elegidos entre jueces de todas las categorías, y este fue el modelo que comenzó a funcionar en 1980. De una manera clara se establecía que eran tres magistrados del Supremo, seis de la categoría de magistrado, y tres de la categoría de juez. Este modelo funcionó durante cinco años y tuvo al mejor presidente: Federico Carlos Sainz de Robles.

Pero después Felipe González introduce cambios.

–Sí. En 1985 se hace una ley orgánica integral, que es la que está vigente, y abarca todo lo que es el organigrama del poder judicial. Aprovechando eso, el PSOE, que tenía mayoría absoluta y pensaba que el sesgo de los doce jueces iba a ser conservador, hizo una interpretación tramposa de la Constitución para que el Congreso seleccionara a los jueces del CGPJ, defendiendo que el Congreso es la sede de la soberanía popular y el poder judicial emana del pueblo.

¿Por qué dice que es tramposa esa interpretación?

–Porque lo que emana del pueblo es el poder judicial, aquellos jueces que tienen capacidad y potestad para administrar sentencias. El CGPJ, en cambio, es un órgano de Gobierno. Y es tan pintoresco este órgano que sus resoluciones se las echan abajo y las anulan los gobernados, porque todas sus resoluciones son recurribles ante la Sala Tercera del Supremo.

¿Cuáles han sido las consecuencias de esa reforma del 85?

–Básicamente, hay una sentencia del Tribunal Constitucional sobre esta reforma –que recurrió el PP–, que dice clarísimamente que el mejor sistema, el que más se adecuaba a la Constitución, era el de la elección de los jueces por los jueces. Pero, para no entrar en una confrontación con el PSOE, el TC aclaró que la reforma del 85 no choca con la Constitución. En cualquier caso, la sentencia añadía que, si se aplicaba el sistema de elección del CGPJ por el Congreso, había que procurar que estuviesen representadas todas las sensibilidades políticas de la sociedad. Lo que ha pasado es que se lo han merendado entre el PP y el PSOE.

Y llegamos al bloqueo actual, que ha acabado preocupando incluso a la Unión Europea.

–Europa tiene una especie de mecanismo antialarma para cuando un país –sea España, Hungría o Polonia– hace un movimiento de reforma. Pone el ojo avizor para ver qué pasa. Pero lo que ha pasado en Polonia no tiene que ver en absoluto con lo nuestro. En este momento, ante el bloqueo, se les ocurre a los dos partidos de Gobierno –PSOE y Podemos– una hábil estratagema. Mantienen la mayoría de tres quintos, mantienen el nombramiento parlamentario y, de forma subsidiaria para el caso de que no se obtengan los tres quintos, entra en juego la mayoría absoluta.

Aunque esa vía ha quedado aparcada por el momento, ¿qué opinión le merece?

–Puede ser criticable porque hay peligro de que un Gobierno con mayoría absoluta caiga en la tentación de no invitar al resto al banquete y de renovar en solitario el CGPJ. Está claro que la propuesta la hicieron para ver cómo reaccionaba el PP. Pero si el PP no reacciona, bastaría con un par de retoques.

¿Cuáles?

–Primero, que una mayoría absoluta para elegir a los miembros judiciales tenga que estar configurada por mínimo cuatro, cinco o seis grupos parlamentarios. Segundo, que cuando el CGPJ entre en funciones, los magistrados dimitan inmediatamente o, si no, sean cesados y quede funcionando la comisión permanente en funciones, sin poder hacer nombramientos.

¿Ve viable alguna otra opción de reforma del CGPJ?

–Yo he llegado a la conclusión de que hay que volver al sistema de 1980, que es el que refrenda sin lugar a dudas el Tribunal Constitucional.

El PP propone elaborar una lista extensa de jueces que después se vote en Cortes.

–Puestos ya a una lista larga, en la que se supone que absolutamente todos tienen los mismos méritos y capacidades porque han tenido los mismos avales, que se haga por sorteo.

En general, ¿están demasiado ideologizados los jueces y fiscales?

–Todos los jueces tienen su ideología, absolutamente todos. Otra cosa es la militancia. Y la militancia, en cuanto a ser parte de un partido político, la tenemos prohibida en España por la Constitución. A mí no me importa demasiado la ideología, pero me preocupa la militancia subterránea de algunos.

¿Ve usted mucha militancia de esa clase en la Justicia?

–Hombre, algunas son palmarias, reconocibles. Y creo que ambos espectros, izquierdas y derechas, han caído en el mismo pecado, el de la trashumancia de la Justicia a la política. Ministros, fiscales generales, etc.

Ahora parece haber una ofensiva contra el Gobierno desde el sector conservador de la magistratura.

–Evidentemente, estamos entrando en lo que yo digo en mi libro: el Gobierno de los jueces. Este fenómeno no es exclusivo de España, se empezó a detectar por los constitucionalistas norteamericanos que concluyeron que varios jueces tenían un exceso de activismo. Aquí podríamos poner el ejemplo de Quim Torra, a quien han aplicado un artículo por el cual han sido condenados alcaldes, interventores y funcionarios de la Administración; pero la consecuencia por aplicar mal el Derecho ha sido disolver un Parlamento y cesar a un presidente.

Todo esto acrecienta la sensación de desconfianza de la ciudadanía hacia la Justicia.

–Por supuesto. En el último informe Greco sobre la independencia judicial se dice clarísimamente que el trasiego de la Justicia a la política y la no elección de los jueces por los jueces es el talón de Aquiles de la credibilidad de los ciudadanos en la independencia de la Justicia.

No ayudan tampoco las decisiones judiciales relativas a las restricciones por el COVID-19.

–En este caso, me parece hasta peligroso cómo unos jueces, so pretexto de que se violan los derechos fundamentales, se han metido a médicos y epidemiólogos.

Respecto a Catalunya, ¿ve contradicción en la absolución del ex 'major' Trapero teniendo en cuenta que los líderes del 'procés' recibieron largas condenas?

–Yo sostengo que todos debían haber sido absueltos. Y la sentencia de Trapero hace un relato de hechos diferente. Meter 13 años de cárcel por publicar leyes en el boletín de la Generalitat y convocar sesiones del Parlamento es un agujero en la línea de flotación de la democracia.

¿Ha tomado partido el rey Felipe VI por el sector conservador de la Justicia con su llamada a Lesmes?

–No lo sé, pero me parece una imprudencia temeraria. En el acto, un vocal (José Antonio Ballestero) que procede de un gran despacho de abogados dio el grito de Viva el rey y aquello se desmadró. Sabiendo todo eso, alguien de la Casa Real debió aconsejar al rey que no hiciera esa llamada porque era de cajón que el señor Lesmes la iba a divulgar.

Siguiendo con la monarquía, ¿veremos al rey emérito sentado en un tribunal, aunque sea en Suiza?

–Aquí me tengo que remontar un poco al pasado. España, cuando se hizo la Constitución, empezó a firmar todos los tratados internacionales de Derechos Humanos y libertades y garantías. Empezó a firmar todo lo que no había firmado Franco. Pero curiosamente no había firmado el Convenio de Viena sobre inmunidades y privilegios de los jefes de Estado y representaciones extranjeras. Lo firmó Rajoy al año siguiente de abdicar Juan Carlos I. ¿Qué pasa entonces? Que los países que lo firman, y Suiza lo ha firmado, no pueden juzgar a un jefe de Estado extranjero. Lo que ocurriría es que lo entregarían a su país de origen para que lo juzguen.

Y España no está por la labor de juzgarlo.

–En España ya se han pronunciado todos los constitucionalistas diciendo que la inviolabilidad por los actos mientras era jefe de Estado le protege, con una concepción verdaderamente medieval de la inviolabilidad de los reyes. Por ejemplo, ¿qué ocurriría si al rey en vez de darle por acostarse con señoras estupendas se le hubiera ocurrido acostarse con niñas de 14 o 12 años? ¿Sería inmune también?

La actualidad judicial salpica también a los partidos políticos. ¿Cómo lee la sentencia del Supremo sobre el 'caso Gürtel' del PP?

–Ahí no me puedo extender mucho porque he sido abogado en la Gürtel y además figuro en muchas cosas del encabezamiento de la sentencia. Pero en términos generales, si a una persona física o jurídica la han condenado como partícipe a título lucrativo y el Tribunal Supremo confirma esa condena, ¿de dónde se saca el PP que le han rehabilitado moralmente? Que me lo expliquen.

Respecto al 'caso Dina' que atañe a Podemos, ¿ve recorrido a la petición al Supremo para imputar a Pablo Iglesias?

–En el caso Dina hay una doble preocupación. Por un lado, un cierto activismo judicial respecto a un partido. Y también por parte del CGPJ, que se ha callado durante toda su existencia sobre los partidos políticos, y solamente ha atacado a Podemos. Por otra parte, hay un caso de ignorancia jurídica, porque dos de los delitos por los que se ha enviado la exposición razonada al Supremo, el de revelación de secretos y el de daños informáticos, solo se pueden perseguir a instancia de parte.

"Lo único que interesa a los partidos políticos del CGPJ es su capacidad para nombrar a magistrados del Tribunal Supremo"

"Meter 13 años de cárcel por publicar leyes en el boletín de la Generalitat es un agujero en la línea de flotación de la democracia"

"¿Qué ocurriría si al emérito en vez de darle por acostarse con señoras estupendas se le hubiera ocurrido acostarse con niñas de 14 o 12 años?"