- El PP reincide en su mensaje contrario a las transferencias. Los populares van a presentar hoy una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados para vetar a la izquierda abertzale en los pactos, pero pedirán también que no se transfieran las “competencias penitenciarias” a las administraciones autonómicas y que no se modifique la política aplicada a los presos de ETA para permitir el acercamiento a cárceles vascas. Está por ver cómo lo redacta el PP pero, si lo que plantea es que no se transfiera la competencia sobre la gestión de las prisiones (no sobre la ley penitenciaria, que está en manos del Estado y en ese punto coinciden todas las partes), estaría pidiendo otra vez que se incumpla el Estatuto de Gernika, que recoge esa materia, es ley y debe cumplirse. Ya aprobó una moción en el Senado en contra de todo el calendario de transferencias. Fue en 2019 y se generó una crisis institucional con el Gobierno Vasco porque la moción fue aprobada con la mayoría absoluta del PP en la Cámara y, además, aludía a todos los traspasos. Ahora se cita uno (habrá que ver en qué términos). La transferencia de prisiones forma parte del siguiente bloque que debían abordar de inmediato los gobiernos español y vasco, y el PP comienza ya a introducir presión en este diálogo.

El PP va a presentar hoy mismo en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley que plantea que EH Bildu sea excluida de todos los pactos y acuerdos políticos que promueva el Gobierno español. La iniciativa parece recoger el testigo del colectivo de víctimas del terrorismo Covite. Un día antes, por boca de Consuelo Ordóñez, hermana del concejal asesinado por ETA Gregorio Ordóñez, Covite había avisado al presidente Sánchez de que cualquier acuerdo presupuestario con la izquierda abertzale supondría dar un portazo a las víctimas. La propuesta del PP permite a los populares capitalizar ese sentir y desgastar a Sánchez por esa vía. Podría no ser la única finalidad. Los populares aspiran de rondón a complicar un poco más la legislatura al socialista estrechando su margen de partidos para acordar o, al menos, que asuma un coste político y caiga sobre sus espaldas la mayor presión política y mediática posible.

La portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, apostó por que “las fuerzas constitucionalistas y demócratas” apoyen este acuerdo, para impedir que se alcancen pactos con los “que no hayan condenado el terrorismo e incluso intentan legitimar su existencia”. Todo este tiempo se ha enfrentado a la réplica del PSOE, que le recuerda la mano tendida que mostró a la izquierda abertzale el exalcalde popular de Gasteiz, Javier Maroto. EH Bildu no es un socio estratégico para Sánchez, que cuenta con las opciones de ERC y PNV o, incluso, de Ciudadanos, aunque sí es cierto que se está normalizando la relación con la izquierda abertzale.

Gamarra pidió que “las líneas rojas no se traspasen” y defender a las víctimas del terrorismo, que “representan la mejor memoria de nuestro país”. Cree que sentarse a negociar con Bildu como ha hecho la vicepresidenta Calvo es “traspasar las líneas de la moral y la ética en la política”. Habló de “blanqueamiento” y citó los aplausos socialistas a la izquierda aberzale en el Congreso. El PP incluirá en su texto que la Fiscalía del Estado constituya un órgano específico para investigar los 379 crímenes de ETA que están sin resolver.

“Sentarse a negociar con Bildu es traspasar las líneas de la moral y la ética en la política”

Portavoz del PP en el Congreso