- Un fuerte cariz negociador y técnico dibujan la impronta de Olatz Garamendi, que deberá gestionar el cuerpo de empleados de la administración vasca y las relaciones con Madrid para el cumplimiento del Estatuto. Son las dos características que definen a la Consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno que asume la cartera que venía ocupando Josu Erkoreka. Garamendi ( Ea, 1968) es funcionaria de carrera del cuerpo superior de licenciados en derecho de la Administración vasca y atesora una dilatada carrera en el ámbito administrativo desde que en 1993 entrara con 25 años en la Asesoría Jurídica del Gobierno vasco, área del que fue directora desde 2006 hasta 2009, cuando tomó contacto con el ámbito de la Educación como vicegerente de Infraestructuras y Contratación de la universidad del País Vasco (UPV/EHU).
No es un rostro nuevo en el Ejecutivo tras haber ocupado durante las dos anteriores legislaturas la Viceconsejería de Administración y Servicios del Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura.
Licenciada en derecho por la Universidad de Deusto, en sus tareas en el departamento de Educación destaca su intensa labor negociadora en los distintos conflictos que se han venido produciendo en el escenario de educativo y que alcanzó su punto más álgido en la macrohuelga de la enseñanza concertada. Garamendi ejerció de interlocutora tanto con los sindicatos como con los centros en el marco de la huelga que concluyó el pasado noviembre con acuerdo después de 27 jornadas de paros en los colegios.
Su experiencia en la negociación supone un aval para el desarrollo de las tareas en su nueva área, ya que encarnará la voz del Ejecutivo en la denominada por el propio Urkullu "gobernanza colaborativa" centrada en labrar las relaciones con las distintas instituciones, desde el Gobierno español hasta Ayuntamientos y Diputaciones.
En cuanto al Ejecutivo Sánchez, su marcado perfil negociador le impulsa a la primera línea del Gobierno para participar en la Comisión Mixta del Concierto y de Transferencias en nombre de Lakua y de la mano de la ministra de Política Territorial Carolina Darias con objetivo en abordar la competencias acordadas con el Gobierno Sánchez el pasado febrero, pero pendientes de calendario para sus traspasos.
También un segundo bloque que incluye la gestión de las prisiones prevista antes de que acabe 2020 y el impulso a las conversaciones con Madrid, probablemente en septiembre de 2021, para estudiar el traspaso del régimen económico de la Seguridad Social que habría de estar culminado en diciembre del año que viene.
Su impronta técnica significa una fuerte baza para la segunda de sus áreas, la Gobernanza, centrada en gestionar el cuerpo de los 70.000 funcionarios de la Administración de la CAV. Tendrá entre sus cometidos el acordado entre la Administración central, las comunidades autónomas y los ayuntamientos, y el de abordar la reforma del Estatuto Básico del Empleado Público en un plazo de dos meses para impulsar el teletrabajo en el marco de la pandemia del COVID.
