- La ministra de Educación, Isabel Celaá, aseguró ayer que las autonomías desginarán una persona para reforzar la cooperación y la coordinación en la toma de decisiones para el fin del confinamiento y la salida escalonada del encierro domiciliario de la ciudadanía. De este modo, cada comunidad autónoma tendrá un representante para colaborar con el Gobierno español en la organización de la desescalada y la vuelta a la nueva normalidad. La salida escalonada será asimétrica y se modulará por comunidades, territorios, municipios o zonas, en función de varios marcadores sanitarios y técnicos, por lo que el conocimiento de la realidad de cada lugar será fundamental.
Las críticas cada vez más generalizadas al Gobierno español por la forma en la que está gestionando la crisis sanitaria por la pandemia del coronavirus, especialmente por la unilateralidad y centralización de la información, toma de decisiones y en definitiva el mando han hecho mella en el presidente Pedro Sánchez y en los ministros. Al menos en sus discursos -este fin de semana durante la videoconferencia del presidente español con los presidentes autonómicos se verá sí también en los hechos- se reconocen errores, se piden disculpas y se rectifican actuaciones cuando la cascada de críticas se deja sentir. El tono lineal y centralista de este periodo del estado de alarma y el confinamiento podría dar paso en la desescalada a una etapa descentralizada.
La ministra anunció ayer que el Gobierno español tiene previsto crear un grupo de trabajo en el que las comunidades autónomas participarán con un representante de “confianza”. En declaraciones a Radio Vitoria, Celaá señaló que, aunque la última palabra la tendrá el ministro de Sanidad, Salvador Illa, el desconfinamiento va a ser asimétrico “porque hay condiciones distintas en cada uno de los territorios y no solo en los territorios, incluso en municipios y otras zonas” y reiteró que cada comunidad autónoma “distinguirá a una persona para poder seguir con la desescalada”. Hasta la fecha la coordinación con el Gobierno español la está trabajando desde hace tres semanas la consejera de Desarrollo Económico e infraestructuras, Arantxa Tapia.
La ministra reconoció errores e hizo un ejercicio de “autocrítica” para admitir que el Ejecutivo podía haber actuado “mejor” en algunos casos, pero denunció que no es “de recibo” que el Gobierno español “tienda la mano constantemente” y que encuentre siempre “una réplica feroz y negativa” por parte de algunos partidos.
En el caso de las críticas del PNV y del propio lehendakari, Iñigo Urkullu, que han acusado al Gobierno español de recurrir a la “imposición” y de invadir competencias autonómicas a la hora de gestionar la crisis, Celaá afirmó que, aunque ha criticado algunas de las decisiones adoptadas por el presidente Sánchez, Urkullu se ha comprometido a actuar con “lealtad” y a colaborar en la búsqueda de soluciones frente a la crisis. A su juicio, el lehendakari “es una persona pragmática y leal; y por eso colabora con el Gobierno, si bien quiere estar mejor informado, cosa que es legítima. Pero también es consciente de que hay que tomar decisiones con mucha rapidez”, apostilló la ministra.
“Urkullu es leal y colabora con el Gobierno, si bien quiere estar informado, cosa que es legítima”
Ministra de Educación
