no de los debates que emerge con fuerza en este inédito y complejo contexto social se centra en una renovación de nuestra creencia en la misma democracia y en particular en la defensa cerrada de la sanidad pública. Hace ya tiempo Michael Sandel advirtió que no es lo mismo la "economía de mercado", entendida como un instrumento eficiente para la distribución de bienes y servicios, que nuestra actual deriva, convertidos en "sociedades de mercado" en las que se presupone que todo puede ser vendido y comprado al margen de su valor intrínseco y de su relevancia moral.

El debate no debe centrarse en contraponer como polos opuestos economía frente a salud de la ciudadanía; la economía de mercado es una herramienta valiosa y efectiva para organizar la actividad productiva. En cambio, una sociedad de mercado es un lugar en el que todo es susceptible de venderse.

Es un modo de vida en el que los valores del mercado y las relaciones comerciales alcanzan cualquier esfera de la vida, desde las relaciones personales hasta la sanidad, la educación, la vida cívica, la política€ eso es lo que debemos aprender de estos duros momentos y que deberemos corregir en nuestro rumbo como sociedad.

Nuestra primera muestra de rebelión cívica podría materializarse en abrir y promover un debate acerca de cómo el mercado debe servir al bien público. En su extraordinario ensayo sobre lo que el dinero no puede comprar, Michael J. Sandel planteó una de las mayores cuestiones éticas de nuestro tiempo: ¿hay algo malo en que todo esté a la venta? Si es así, ¿cómo podemos impedir que los valores del mercado alcancen esferas de la sociedad donde no deben estar? ¿Cuáles son los límites morales del mercado?

Sostenibilidad implica también compromiso frente y contra la desigualdad desde la solidaridad social; si el dinero, si la capacidad adquisitiva se convierte en el factor que decide el acceso a los fundamentos de la vida en sociedad como son la salud o la educación, entre otros; si tal inercia se mantiene en el tiempo, acabaremos convirtiendo derechos sociales en bienes de lujo solo accesibles de forma censitaria a quienes puedan pagarlos.

Vivimos en la sociedad de la irresponsabilidad; nadie o casi nadie, ni en la esfera pública ni en la privada, se reconoce responsable de nada. Hoy día es preciso dar prioridad absoluta a los principios y valores que proclamemos como referentes de nuestro modo de entender la gestión de la res publica, de los asuntos públicos. De lo contrario naufragaremos. Nos jugamos mucho en esta empresa.

Los derechos sociales solo se garantizan si existe detrás una buena gestión eficaz y eficiente de las políticas y recursos públicos. Y el listón de legitimidad en el desempeño de la función pública se elevará tras esta crisis. Se ha abusado del lema de que los problemas no nos estropeen un buen titular o un eslogan con pegada mediática.

¿Quiénes son los mayores enemigos de los derechos sociales? Aquellos que impulsan, favorecen, permiten o justifican la banalidad en la gestión. Lo demás es pura ingenuidad demagógica. Tan enemigo del estado de bienestar es quien admite querer su destrucción como el que, declarándose su más ferviente partidario, se dedica a dilapidar los recursos disponibles en proyectos espurios o corruptelas varias, lo que acaba convirtiéndolo en económicamente inviable.

Hay que priorizar: no se trata de hacer muchas cosas, pseudomovimiento para volver al mismo sitio, sino de hacer lo que hay que hacer (al menos prestar los servicios públicos esenciales) lo mejor posible. Y la misión prioritaria e inaplazable de esta época es hacer que el andamiaje institucional en el que se sustenta y apoya lo público aspire a la excelencia o al menos que funcione de forma lo suficientemente eficaz y eficiente como para no poner en peligro el estado de bienestar. Ante esta tarea las diferencias ideológicas deberían quedar en un segundo plano.