Los funcionarios ponen trabas al traspaso de la Seguridad Social

Fedeca, que agrupa a la élite de abogados e inspectores del Estado, se declara "preocupada"

05.03.2020 | 02:03

Donostia – Se habla poco de ellos, pero son un engranaje clave que puede complicar una negociación de transferencias. Los altos funcionarios del Estado, que se encargan de pulir los detalles jurídicos de las transferencias que se negocian entre los gobiernos vasco y español, están anticipando sus dudas y resistencias sobre la transferencia con mayúsculas: la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, cuyo estudio debe finalizar al término de 2021. El traspaso, que toca el corazón del Estado y no tiene precedentes, ha provocado que afloren estas corrientes de opinión. Ayer se pronunció la Junta de Gobierno de Fedeca, que agrupa a más de cuarenta asociaciones de funcionarios superiores del Estado (la élite de la administración, formada por abogados del Estado e inspectores de Hacienda, Seguridad Social y Trabajo, entre otros). El sindicato de Jordi Solé Estalella muestra "preocupación" y pide que la materia "no sea negociada ni adoptada, en ningún caso, sin la intervención del Pacto de Toledo".

Fedeca esgrime que el Estado tiene la "competencia exclusiva sobre legislación básica", y le preocupa la "previsible pérdida de información por parte de la Seguridad Social, o de competencias de gestión, inspección y de control por parte de los cuerpos nacionales actualmente encargados de estas funciones, además de la posible pérdida del derecho a la movilidad territorial de los funcionarios". Termina mostrando su compromiso con "el fortalecimiento de los principios de universalidad, unidad, solidaridad e igualdad" para "todos los españoles".

Hace unos días intervino también la Asociación Profesional del Cuerpo Superior de Letrados de la Administración de la Seguridad Social, que pidió enmarcar el traspaso en el Pacto de Toledo, y avisó de que los fondos de la Seguridad Social "son intransferibles". El Gobierno Vasco ha aclarado que la competencia se plantea en los términos exactos que recoge el Estatuto de Gernika, que es ley, y que permite que la comunidad autónoma recaude las cotizaciones y pague las prestaciones, aunque el Estado seguirá legislando sobre la cuantía de las pensiones y los medios para garantizarlas.

El traspaso no va a ser un camino de rosas. Al margen de las presiones políticas de la derecha española, Sánchez se enfrenta a las dudas de los funcionarios que van a estar implicados en este proceso. Es llamativo que el Gobierno español encuadre el traspaso en las negociaciones del Pacto de Toledo, dentro de la reforma de pensiones, porque parece responder a esta demanda de los funcionarios. La burocracia está en alerta porque el traspaso es mastodóntico, afecta a decenas de edificios y más de mil funcionarios, y además puede haber un posible efecto dominó en otras comunidades cuyos estatutos contemplan esta materia, como Andalucía y Valencia. Por eso se habla de desmantelamiento del Estado en algunos sectores, aunque pasan por alto que es ley porque aparece en el Estatuto.

impulso político El Gobierno Vasco ha confesado en más de una ocasión que el diálogo con Madrid se ha complicado por la visión centralista y el afán de preservar la esencia del Estado de estos técnicos, que provoca que hagan una lectura restrictiva del alcance del Estatuto o las sentencias. En esos casos, el PNV siempre pide que intervenga el impulso político de Sánchez.

núñez feijóo

"Un disparate histórico"

"Desigualdad entre españoles". El presidente de la Xunta de Galicia y candidato del PPdeG a la reelección, Alberto Núñez Feijóo, manifestó ayer su deseo de que "no prospere" la transferencia parcial de competencias de la Seguridad Social a Euskadi. "Espero que el Gobierno español no acceda a un disparate histórico como es romper también la Seguridad Social", señaló. A su juicio, el traspaso incidiría "en la desigualdad y la asimetría para las empresas, los trabajadores y sus prestaciones". Considera que una transferencia de este calado no se hace solo para "cambiar el membrete de la nómina de los funcionarios" y poner que son vascos, sino para legislar sobre cuestiones importantes.