Más de mil ejecutados sin reconocer. Las cifras son de difícil estimación, pero la Diputación calcula que ascienden a más de 1.000 las personas guipuzcoanas ejecutadas sin juicio y casi 400 fusiladas tras juicios sumarísimos sin garantías. A ellas hay que añadir “las que murieron en el frente luchando por defender los valores democráticos”. Además, cerca de un centenar de mujeres, niños y niñas perecieron en los bombardeos sobre las poblaciones civiles y otras 60, en campos de concentración nazis. A estos hay que sumar los que perecieron por enfermedades, hambre o malas condiciones sanitarias consecuencia de la Guerra Civil y la posguerra.
Más víctimas. A la represión directa hay que añadir otras consecuencias del conflicto bélico. Se calcula que 8.000 “presos políticos” pasaron en la década de los 30 por la cárcel de Ondarreta. En una sola noche, más de 2.000 iruneses (el 10% de su población en 1936) huyó a Hendaia, mientras se estima que la mitad de los 85.000 donostiarras abandonó la capital, aunque la gran mayoría regresó meses o años después. El profesor Pedro Barruso estima en 4.000 las personas que sufrieron represión económica por parte de los sublevados. Un millar de empleados públicos de la Diputación fueron “depurados” de sus cargos, tónica que se repitió en la mayoría de los ayuntamientos guipuzcoanos.
28.000
La represión franquista afectó al 2% de la población guipuzcoana, extensible al 8% si se tienen en cuenta los núcleos familiares, según estimó el profesor Barruso. Esas 28.000 personas hoy equivaldrían a unos 57.000 guipuzcoanos.
Si Gipuzkoa sufriera hoy una guerra como la de 1936, contaría los desaparecidos en campaña bélica y ejecuciones sumarísimas por encima de la población de municipios como Orio, Deba, Lezo, Urnieta o Usurbil. A ellos hay que añadir los miles de encarcelados, de torturados, de desplazados, de exiliados. Miles de afectados por una guerra que en pocas semanas, excepción hecha de la batalla de Intxorta, sometió a Gipuzkoa bajo la bandera del que desde 1939 sería el régimen franquista.
El régimen franquista reconoció algunas de estas víctimas. A sus caídos. Otras, en cambio, recibieron una segunda condena: la del olvido. Hasta este viernes, cuando Gipuzkoa recordará a las víctimas de esta guerra y de los años posteriores aún sin reconocer.
El inflamable ambiente político de la época estalló el 18 de julio de 1936 y la batalla en suelo guipuzcoano llegó desde Nafarroa la noche del 22 de julio, en cuya capital se encontraba uno de los líderes de la sublevación: el general Emilio Mola. Dispuso tres columnas para invadir Gipuzkoa: por la cuenca del Bidasoa al mando del coronel Beorlegui, por la del Oria y una tercera entre ambas. Caídas Irun y Donostia, la previsión era que la toma de Gipuzkoa sería rápida.
Tras la voladura de puentes como el de Endarlatsa y Goizueta, Beorlegui cambió de planes y buscó conquistar Irun desde Oiartzun, y se plantó en las cercanías de la capital del Bidasoa a mediados de agosto. Beasain había caído y con ella, las ejecuciones franquistas en Gipuzkoa. Cerca de 60 personas fueron fusiladas solo en este municipio.
Uno de los puntos calientes del frente era Irun. Con el apoyo de los buques Almirante Cervera y España, más el de los trimotores alemanes Junkers y Fokker -como recogió el historiador Aitor Puche-, Mola lanzó la ofensiva final sobre el monte San Marcial. Se estima que desde el 19 de agosto y hasta el 5 de septiembre se enfrentaron más de 3.000 efectivos por bando.
La noche del 30 de agosto hubo que añadir la que se considera primera evacuación de la Guerra Civil a gran escala en Gipuzkoa. Al asumir el peligro real de que la ciudad cayera en manos enemigas, la Junta de Defensa de Irun decidió ordenar el desalojo de ancianos, mujeres y niños.
Esa noche, 2.272 personas cruzaron el puente Avenida rumbo a Hendaia. Cerca del 10% de la población de Irun, cuya zona burguesa quemaron los últimos anarquistas -la mayoría, asturianos- antes de abandonarla. Más de 150 edificios destruidos, incluidas las casas de unas 2.000 vecinos.
Aquellos días Irun era un ejemplo de la violencia que vivió el territorio entre julio y septiembre. Semanas que comenzaron con una fuerte represión republicana -cerca de 400 asesinados- para dejar paso a la del bando sublevado.
La Sociedad de Ciencias Aranzadi publicó en 2015 a través de su presidente, el forense Paco Etxeberria, que contabiliza en el conjunto de Euskadi 6.300 personas caídas en la guerra por parte del bando republicano y otras 5.700 del franquista, así como 2.352 vascos fusilados por este último bando y otras 764 por los leales al régimen en vigor en 1936, la gran mayoría de estos, entre julio de ese año y abril del siguiente.
Refugiados y exilio
En las dos primeras semanas de septiembre, las mismas evacuaciones de Irun, Oiartzun, Hondarribia o Errenteria se vieron en Donostia. Barcos de gran tonelaje y pesqueros zarparon rumbo a la costa francesa. En un primer momento, una cifra próxima a la mitad de los 85.000 donostiarras abandonó la capital.
Fue el segundo gran drama visible de la Guerra Civil. Tras caer Irun, miles de guipuzcoanas se marcharon a Bizkaia. En su mayoría, mujeres que, con el marido en el frente, cogieron a sus hijos y abandonaron sus casas. En muchos casos, forzadas por el bando sublevado, que desahució los domicilios de militantes republicanos significados.
El frente de guerra se desplazó poco a poco hacia el oeste, donde el bombardeo de Eibar volvió a dejar escenas dramáticas en abril de 1937. Mientras tanto, la vía a la Bizkaia leal a la República seguía abierta, en buena medida gracias al aguante del enclave de Intxorta, que además de retrasar el avance sublevado, permitió constituir el primer Gobierno Vasco.
Este Ejecutivo fue el que, además de organizar parte de la defensa, ordenó la salida de miles de vascos al extranjero. Su primera evacuación tuvo lugar el 21 de marzo de 1937, cuando 450 menores embarcaron en los destructores británicos Campbell y Blanche hacia Donibane Lohizune.
En los meses posteriores hubo más refugiados. Sobre todo, menores. Como recordó el profesor Jesús J. Alonso Carballés en su trabajo El primer exilio de los vascos, 1936-1939, llegaron a Francia, Reino Unido y la URSS. Estos tres fueron los principales destinos que pedían los progenitores. No todos. Tal era la angustia que hubo quien pidió un destino no geográfico: “Adonde se pueda”.
Los refugiados fueron decenas de miles, aunque la mayoría -la que consideraba que su vida ya no corría peligro- había regresado antes de que la guerra española concluyera en abril del 39. Decenas de los que volvieron tuvieron que enfrentarse a la Ley de Responsabilidades Políticas que se había aprobado en febrero.
Entre los que no pudieron regresar a su vida previa a julio de 1936 fueron varios centenares de los miles de encarcelados durante la contienda. No fue la única del territorio, pero la cárcel donostiarra de Ondarreta fue un escenario clave en la represión, tanto republicana primero como en la sublevada después. Los números que recogió en 2012 la exposición Ondarreta. La cárcel de salitre elevan a “8.000 presos políticos” los encarcelados en la década de los 30.
Casi 30.000 afectados
Además de los 1.051 empleados públicos de la Diputación que fueron “depurados”, cerca de una veintena de cargos públicos fueron ejecutados entre 1936 y 1938. Eran concejales y alcaldes de trece localidades guipuzcoanas como Donostia, Irun, Errenteria, Zarautz, Tolosa y Oiartzun. Casi la mitad de esa veintena militaba en el PNV, aunque había tres de la UGT, dos del PSOE y otros dos tradicionalistas, así como otros conservadores, monárquicos, católicos y republicanos.
A esta represión hay que sumar la económica, que el profesor Pedro Barruso cifró en 4.000 personas las afectadas en su obra Violencia política y represión en Guipúzcoa durante la Guerra Civil y el primer franquismo (1936-1945). Muchas regresaron a sus trabajos tras una sanción temporal, pero como recuerda Barruso, además de la purga de la mitad del cuerpo de funcionarios de la Diputación y del Ayuntamiento de la capital -por ejemplo-, profesionales de sectores de la Enseñanza también fueron retirados. En el caso de la Secundaria, el 25% de sus profesores.
Mes y medio antes de que acabara la Guerra Civil, la dictadura aprobó la Ley de Responsabilidades Políticas, que en Gipuzkoa calculaba abrir 12.000 expedientes (el 4% de la población), aunque cuando se reformó el texto en 1942, el régimen había incoado 1.650 expedientes y concluido, 534 de ellos.
La represión franquista en Gipuzkoa “fue intensa y calculamos que pudo afectar a un 2% de la población”, escribió Barruso, que extrapolado a las familias afectadas rondaría el 8% de la población. Según el INE en 2017, casi 57.500 habitantes. Gipuzkoa contaba con unos 350.000 habitantes en la Guerra Civil. Una represión contra más de 25.000 personas, a las que hay que sumar a los muertos en el frente y los ejecutados, que la Diputación cifra en unos 1.400. Dramas que sucedieron aquellas semanas negras para Gipuzkoa. Muchos de los cuales el viernes saldrán del olvido.
