Donostia. El Gobierno Vasco y las tres diputaciones suscribían anteayer su primer acuerdo de la legislatura. Ante la próxima flexibilización del objetivo de déficit impuesto por Bruselas al Gobierno español y ante la presumible relajación de la meta fijada a la CAV, el lehendakari acordó compartir con los diputados generales los fondos extra que reporte esa medida, y destinarlos a articular un plan de reactivación económica. La propuesta podría parecer atractiva a las instituciones forales, ya que podrán recurrir a un mayor endeudamiento, y dedicarlo a los proyectos que estimen estratégicos en sus territorios.
El pacto, además, tenía lugar en el marco de una cumbre institucional, que minimiza el coste político de pactar con el gobierno de turno al no tratarse de una fórmula tan íntima o estrecha como un acuerdo de legislatura. A pesar de ello, la Diputación de Gipuzkoa quiso descolgarse ayer de esa fotografía y marcar distancias con el PNV, que gestiona el Gobierno y Bizkaia, y con el PP, que gobierna en Araba.
Para ello, negó que Urkullu presentara un plan, ni fiscal ni sobre el fomento de la economía, de modo que, al no haber propuesta, difícilmente podría haber acuerdo. Además, enfrió el pacto sobre el déficit al puntualizar que, "en primer lugar, habrá que ver si se flexibiliza". "En caso de que se flexibilice, habrá que estudiar qué tipo de endeudamiento se acuerda y a qué se destinaría, y el foro para adoptar dicho acuerdo serán las Juntas Generales de Gipuzkoa, ya que son el foro apropiado para ello", contrapuso en una nota aclarativa, dejando al Gobierno Vasco al margen del debate. No obstante, según aclararon ayer a este diario los restantes interlocutores de la cumbre institucional, el diputado general, Martin Garitano, lejos de rechazar el acuerdo sobre el déficit, mantuvo una actitud proactiva.
En concreto, en el encuentro con el lehendakari, José Luis Bilbao, Javier de Andrés y la presidenta de Eudel, Ibone Bengoetxea, Garitano habría aceptado el reparto del déficit, aunque matizando que el pacto no le parecía demasiado ambicioso.
Además, se comprometió a enviar una representación de la Diputación guipuzcoana a la reunión técnica del lunes, donde los entes forales debatirán con Lakua el posible destino de los ingresos extra. Lejos de limitarse a dar su visto bueno, Garitano fue propositivo y planteó que fueran los diputados de Promoción Económica quienes acudieran al encuentro, una propuesta que no vio con malos ojos el popular Javier de Andrés, pero que finalmente no prosperó al proponer José Luis Bilbao que lo más oportuno, a su juicio, pasaría por enviar a los diputados de Hacienda. Sus homólogos reconsideraron su planteamiento y estuvieron de acuerdo con el jeltzale. Por parte del Gobierno, acudirían dos miembros.
Tras la reunión, Garitano lamentó que el cónclave no sirviera para abordar el debate fiscal, y dejó ver que, más que un acuerdo, hubo una decisión para repartir el déficit entre las instituciones. Sin embargo, no renunció al reparto de ingresos.
No obstante, unas horas más tarde, a través de Twitter, el dirigente de Sortu Joseba Permach elevaba el tono para preguntarse cómo podía el lehendakari decir que había acuerdo sin haber acuerdo, máxime cuando aún no está disponible ni el propio dinero del déficit. Ayer mismo, la portavoz de la Diputación de Gipuzkoa, Larraitz Ugarte, seguía esa senda al acusar a Urkullu de intentar "vender una foto", y de no presentar ningún plan.
Asimismo, dejó en el aire la asistencia de su institución a la reunión del lunes. "Veremos si vienen o si renuncian al acuerdo que en primer lugar habían aceptado", plantearon a este periódico fuentes conocedoras del encuentro.
De hecho, Ugarte opinó que los foros para decidir el destino de esos ingresos serían el Parlamento y las Juntas Generales, con lo que desactivaba la vía de la mesa institucional, aunque no aclaraba si renunciaría a los fondos. En ese sentido, según las fuentes consultadas, competirá al Gobierno Vasco decidir cómo reparte el déficit entre las instituciones, de modo que, si Gipuzkoa desea disponer de esos fondos, habrá de pasar indefectiblemente por la mesa institucional, al menos para pactar ese extremo.
A nivel estatal, las diputaciones generales y los ayuntamientos, por ley, no podrán endeudarse y deberán exhibir un déficit del 0% a partir de este año, mientras el endeudamiento quedará reservado para el Gobierno español y los ejecutivos autonómicos. No obstante, las diputaciones forales serían una excepción, y el Gobierno Vasco, si así lo decide, puede compartir con ellas el margen de endeudamiento. La decisión compete a Lakua, y no pueden adoptarla libremente las instituciones forales.
las cifras En concreto, el Ejecutivo ha puesto sobre la mesa la posibilidad de destinar 245 millones a planes de reactivación. El 70% corresponderá a Lakua, mientras Bizkaia dispondrá del 15%, Gipuzkoa tendrá un 9%, y Araba podrá contar con el 6%. La cifra del déficit estatal se conocerá el día 29. En el cónclave, Urkullu también se comprometió a llevar a las diputaciones y a Eudel su plan de adelgazamiento de la Administración antes de presentarlo a la prensa, ya que comparte buena parte de las empresas públicas con las instituciones forales y las locales.
El portavoz del PNV en el Parlamento, Joseba Egibar, por su parte, negó ayer que las palabras de Garitano le hagan pensar que Gipuzkoa puede quedar fuera del plan, ya que juzgó improbable que se descuelgue de la posibilidad de materializar proyectos que puede tener en mente pero que "ahora no pueden ser operativos por falta de financiación". Desde el PSE, José Antonio Pastor opinó que Urkullu "necesitaba la foto", negó acuerdos "de fondo" y se refirió a un mero "reparto de fondos virtuales".
