En sentido estricto y literal, el Gobierno español tendría que ceder a la comunidad autónoma vasca la gestión de todas las competencias que quedan pendientes este mismo año, porque Pedro Sánchez se comprometió a ello en el pacto de investidura con el PNV. A la extrema dificultad que supone alcanzar un acuerdo en tan poco tiempo hay que sumarle que todas las materias que quedan son huesos duros de roer, exceptuando quizás el último bloque relativo a la seguridad privada y las finanzas. Al Gobierno vasco le queda por delante, sobre todo, rematar la negociación con el ministerio de Yolanda Díaz sobre las prestaciones y subsidios de desempleo, y abordar los puertos (Bilbao y Pasaia) y aeropuertos (Foronda, Loiu y Hondarribia). La negociación de los aeropuertos va a comenzar en una subcomisión que tendrá que presentar como máximo en cuatro meses un informe con las posibles vías para que la comunidad autónoma “coparticipe” en su gestión, conectividad y competitividad. Parece sugerir alguna fórmula mixta para la participación del Gobierno vasco en Aena.
La Comisión Permanente, a falta de que se firme negro sobre blanco en la Comisión Mixta del último trimestre, ha acordado este martes el traspaso del Centro de Verificación de Maquinaria de Barakaldo que está relacionado con la salud laboral, salvamento marítimo, las prestaciones familiares de la Seguridad Social no contributivas y el subsidio especial por nacimiento, y las prestaciones económicas del seguro escolar.
No se ha podido acordar aún la prestación contributiva de desempleo que se recibe cuando se pierde el trabajo de forma temporal o definitiva, o la jornada laboral se reduce entre un 10% y un 70%, y que incluye la cotización a la Seguridad Social por supuestos como la jubilación. Es una materia sobre la que pesan muchas miradas porque sí es contributiva: depende de las cotizaciones a la caja de la Seguridad Social. Pero tampoco se ha acordado el subsidio por desempleo, el que recibe una persona que no ha cotizado lo suficiente ante la Seguridad Social como para cobrar las prestaciones antes mencionadas, o que da cobertura cuando se agota esa primera vía. También cubre a los mayores de 52 años, víctimas de violencia de género o sexual, emigrantes retornados y la renta agraria. El departamento de Maria Ubarretxena tiene por delante unos meses clave para tratar de amarrar el mayor número posible de compromisos y avanzar en el cumplimiento íntegro del Estatuto de Gernika 46 años después de su aprobación.
