madrid. España mantendrá su no reconocimiento a Kosovo como nuevo Estado y no variará su posición pese a la opinión de la Corte Internacional de Justicia, que considera que la ex provincia serbia no violó el derecho internacional con su declaración unilateral de independencia.

Así se lo trasladó el ministro español de Exteriores y de Cooperación, Miguel Ángel Moratinos, a su homólogo serbio, Vuk Jeremic, con el que habló por teléfono tras conocerse la decisión del CIJ. Según fuentes diplomáticas, el Ejecutivo "no cambia en absoluto" su posición, ni tampoco "nadie directamente" se lo ha pedido, pese a que EEUU ya ha dicho abiertamente que tras el pronunciamiento del CIJ los países que tenían reticencias debían aceptar a Kosovo.

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, aclaró después del Consejo de Ministros que el Ejecutivo "mantiene su posición" de no reconocer a Kosovo y abogó por "la solución dialogada del conflicto" porque "es el único camino posible".

"Nuestra posición no ha cambiado por dos razones. Una, por respeto a la resolución (1244) que compartimos del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y dos, atendiendo (...) a los acuerdos fronterizos y de diversidad étnica y cultural que pusieron fin a la guerra de Bosnia", precisó.

Serbia se ha puesto firme y ha lanzado un reto a la comunidad internacional que le pide un reconocimiento del Estado de Kosovo. El país cerró ayer filas en su rechazo al fallo de la Corte Internacional de Justicia que avala la independencia de la ex provincia serbia y que declara legal la declaración unilateral realizada hace dos años. El Gobierno reconoció que el pronunciamiento es un duro golpe para el país, aunque reiteró que su lucha por Kosovo continuará y anunció una nueva ofensiva diplomática, esta vez en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas.

La Corte Internacional de Justicia consideró el jueves que Kosovo no violó el Derecho Internacional cuando declaró el 17 de febrero de 2008 unilateralmente su independencia.

El portavoz del Departamento de Estado norteamericano, Philip Crowley, negó que el dictamen de la CIJ sea aplicable "a ninguna otra situación" al ser preguntado sobre si esta decisión podría dar alas a otros movimientos secesionistas como los de Euskadi o Catalunya.