lrededor de las 5.40 am del miércoles 26 de mayo, Sam Cassidy salió de su casa en su pick up. Tenía 57 años y había trabajado para Junta de Transportes del Valle de Santa Clara (SCVTA) durante algo más de una década. Era un hombre “tranquilo” y “extraño” según diversas fuentes. Alrededor de las 6.30 de la mañana se produjo un incendio en su casa e, inmediatamente después, comenzó el tiroteo. A esa hora se producía el cambio de turno de los empleados de SCVTA.

Glenn Hendricks, presidente de la junta directiva de SCVTA, dijo que Cassidy disparó a varias personas dentro de dos de los edificios del patio donde se mantienen y despachan los vehículos de la Junta de Transportes. Según el ayudante del sheriff del condado de Santa Clara, Russell Davis, los agentes llegaron dos minutos después de que se efectuaran las primeras llamadas de socorro, hacia las 6.34. Los agentes se enfrentaron a Cassidy durante seis minutos hasta que se suicidó. La supervisora del condado de Santa Clara, Cindy Chávez, dijo que los empleados de la Junta de Transportes habían recibido recientemente un curso sobre cómo reaccionar ante un ataque armado, “lo cual salvó muchas vidas”. Sukhvir Singh, un mecánico del patio de ferrocarriles, recibió una llamada telefónica de Taptejdeep Singh -una de las víctimas-, lo cual permitió a Singh huir junto con los miembros de su equipo a un edificio sin ventanas. Y así pudieron sobrevivir.

En poco más de diez minutos habían muerto ocho personas. El miércoles por la noche moría la novena víctima en un hospital cercano. El saldo total fue por tanto de diez personas muertas, incluido el asesino. “Actuó de forma deliberada, muy rápidamente”, dijo Laurie Smith, miembro de la oficina del sheriff del condado de Santa Clara a NBC. Aparentemente, Cassidy sabía dónde estarían los empleados y atacó selectivamente, respetando a algunos y atacando a otros.

Durante un barrido de la escena del crimen, los perros del departamento de policía detectaron percutores y otros elementos para un dispositivo explosivo en el casillero del asesino. Al parecer Cassidy había planeado activar algún tipo de dispositivo para iniciar un incendio cuando comenzó a abrir fuego. Los bomberos tardaron aproximadamente una hora en extinguir el incendio en su casa que dejó la vivienda inhabitable. Es posible que el propio Cassidy provocara el fuego.

Según relató su primera esposa Cecilia Nelms a la CNN, Cassidy estaba resentido con su trabajo y algunos de sus compañeros “por lo que él veía como asignaciones laborales injustas”. Tras su divorcio, Cassidy comenzó una nueva relación y, en virtud de las declaraciones de su compañera, sufría constantes cambios de humor que se “agravaban cuando consumía grandes cantidades de alcohol”. “Muchas veces durante nuestra relación se emborrachaba, se enfurecía y me forzaba”, declaró. Algunos de sus compañeros de trabajo han afirmado que era una persona que “asustaba a quienes lo rodeaban”. Sam Liccardo, alcalde de San José, y Cian Jackson, portavoz de la oficina del sheriff del condado de Santa Clara, afirmaron asimismo que sus compañeros de trabajo habían expresado preocupaciones sobre su estado de salud mental.

Pero, a pesar de sus antecedentes, Cassidy había adquirido tres pistolas semiautomáticas y 32 cargadores de alta capacidad, cada uno con una docena de rondas de nueve milímetros, “todas ellas armas legales en California”, dijo Smith a CNN, y agregó que no había forma de saber ni cómo ni cuándo las había obtenido.

El gobernador de California, Gavin Newsom, dijo que el tiroteo ha planteado serias dudas sobre las leyes de posesión de armas. “¿Qué diablos está mal aquí... cuándo vamos a enfrentarnos a esto?”. Gavin se refiere a que hasta el 30 de abril se han registrado 178 tiroteos masivos, con un saldo de 206 muertos y 693 heridos en los Estados Unidos. Pero mayo ha sido un mal mes para las estadísticas: 66 muertos y 257 heridos. Hasta el 26 de mayo ha habido 237 tiroteos masivos en los Estados Unidos, lo que supone un saldo total para 2021 de 272 muertos y 950 heridos. 1.222 víctimas en total. En suma, los tiroteos han causado un promedio de 8,36 víctimas por día o 1,86 muertos diarios hasta el 26 de mayo. Por estados, Illinois se sitúa a la cabeza con 19 tiroteos. Texas (19), California (16), Luisiana (15), Florida (14), Georgia (13), Pensilvania (13), Michigan (10), Alabama (9) y Ohio (9) son los diez estados con mayor número de incidentes. Más allá de toda duda razonable, estas cifras están relacionadas con la tasa de posesión de armas por cada 100 habitantes que en EEUU es de 120,5 armas de fuego por 100 habitantes, más de tres veces más que el segundo país del mundo, Yemen, con una tasa de 52,8, y tres veces superior a la tasa del tercer país más armado del mundo, Serbia que tiene una tasa de 39,1. Como consecuencia inmediata de esto, EEUU ocupa el puesto 17 en la lista de tasa de muertes anuales relacionadas con armas por cada 100.000 habitantes.

El fiscal de distrito del condado de Santa Clara, Jeff Rosen, ha declarado que se han evitado numerosos tiroteos masivos a través de acciones legales agresivas “pero solo se necesita un incidente para causar más muertes”. Biden ha instado al Congreso a aprobar medidas de control de armas más estrictas. “Tengo el solemne deber de ordenar una vez más que se baje la bandera a media asta, pocas semanas después de los tiroteos masivos en Atlanta y sus alrededores; en una tienda de comestibles en Boulder, Colorado; en una casa en Rock Hill, Carolina del Sur, y en una instalación de FedEx en Indianápolis, Indiana... Todavía estamos esperando muchos de los detalles de este último tiroteo, pero hay ciertas cosas que sabemos con certeza. Hay al menos ocho familias que nunca volverán a estar completas; hay hijos, padres y cónyuges que están esperando saber si alguien a quien aman volverá a casa. Hay hermanos y hermanas, gente buena, honesta y trabajadora, que están de luto por los suyos. Ya basta”.

Sin embargo, todo está por hacer y es muy poco probable que el Congreso vaya a tomar medidas. Ni tan siquiera existe una definición legal, a nivel federal, de “tiroteo masivo”. El gobierno federal no rastrea la venta de armas y, en virtud de los datos que aportan las verificaciones de antecedentes penales para la obtención de licencia de armas de fuego del FBI, la venta de armas de fuego ha establecido un nuevo récord este último año. Según la Fundación Nacional de Tiro Deportivo se vendieron casi 5,5 millones de armas en la república en los primeros tres meses de 2021. Esto supone un 13% más que el trimestre del año anterior y en 2020 se vendieron 21 millones de armas.

Detrás de todo esto están las empresas de armamento y su abogado público, la Asociación Nacional del Rifle (NRA) que paga a congresistas como Ted Cruz para que se opongan a cualquier forma de control de armas con el argumento de que más armas permiten que el país sea más seguro. La NRA ha anunciado que continuaría “enfrentándose a las actividades contra la Segunda Enmienda, promoviendo la seguridad y el entrenamiento con armas de fuego y promoviendo programas públicos”. Y gracias a este esfuerzo seguirá muriendo gente en nombre de la segunda enmienda.