- La organización Amnistía Internacional (AI) anunció ayer la suspensión de todo su trabajo en India, centrado en la denuncia de ataques a los derechos humanos, después de que este mes sus cuentas bancarias en el país fueran congeladas “por parte del Gobierno” indio. “La congelación de las cuentas bancarias detuvo todo el trabajo que está realizando la organización”, denunció AI en un comunicado. Así, ante esta situación “de incesante caza de brujas por acusaciones infundadas contra las organizaciones pro derechos humanos”, Amnistía Internacional “se ha visto obligada a despedir a su personal en India y detener todo su trabajo de investigación y las campañas en curso”, añadió.

El director ejecutivo de AI en India, Avinash Kumar, insistió en el comunicado en que “la continua presión durante los últimos dos años” y la congelación de sus cuentas por supuestas irregularidades a la hora recabar fondos “no es algo accidental”. Para Kumar, “el constante hostigamiento por parte de agencias gubernamentales” se enmarca en las recientes presiones de AI y otras organizaciones para que tanto la Policía como el Gobierno indio respondan a las “graves violaciones de derechos humanos” en la Cachemira india y en los recientes choques comunales en Nueva Delhi. Esos choques comunales de febrero dejaron más de 50 muertos y mientras las autoridades indias culparon a grupos de izquierda de incitar a la revuelta, organizaciones como AI acusaron a individuos próximos al partido nacionalista hindú BJP, del primer ministro, Narandra Modi, de realizar discursos de odio, al tiempo que subrayaron la falta de respuesta de la Policía.Ante las acusaciones de la ONG, el Gobierno se defendió asegurando que “la posición adoptada y las declaraciones de AI son exageradas y distantes de la verdad”. Según la versión gubernamental, AI no recibió el visto bueno ni de este ni del anterior Gobierno para recibir fondos del extranjero, lo que no impidió que usase otros mé-todos indirectos a través de cuatro empresas en India para recibir “grandes sumas de dinero”, lo que supone “un desvío del dinero de mala fe que contraviene las disposiciones legales vigentes”.