Construcciones Amenabar ha asegurado este miércoles en un comunicado que no ha cobrado “ni un solo euro” de las cantidades depositadas por los vecinos del Ensanche de Andoain, junto a la plaza Zumea, en el litigio por el impago de una deuda que la Junta de Compensación –la entidad que agrupa a los propietarios de los terrenos donde se edificaron las viviendas– había dejado sin pagar desde hace 20 años.
La empresa ha añadido que hoy ha mantenido una reunión con el Ayuntamiento de Andoain para “organizar el procedimiento de devolución de las cantidades que algunos vecinos llegaron a consignar en el juzgado” para cumplir con la ejecución de la sentencia.
Como ha explicado hoy este periódico, buena parte de los 1.200 vecinos afectados recibieron recientemente una notificación en la que se les exigía indemnizar con cantidades que oscilaban entre los 70 y 800 euros a Amenabar, que se encargó de urbanizar entre 2000 y 2005 los terrenos en los que se levantaron los inmuebles.
Renuncia voluntaria
La compañía, que ya anunció el pasado martes que de manera voluntaria renunciaba a percibir el cobro de los importes pendientes, que ascendían a más de 300.000 euros, ha instado al juzgado a que transfiera al Ayuntamiento las sumas de dinero que ya haya recibido, para que el Consistorio proceda a devolverlas a los vecinos que ya han realizado los abonos.
“La coordinación con el Ayuntamiento tiene como único objetivo ordenar y asegurar este proceso de devolución, cerrando el conflicto sin perjuicio para terceros. En todo caso, se debe esperar a que sea el juzgado quien dictamine los pasos a seguir”, indica Amenabar en el comunicado.
La constructora recuerda que, tras finalizar los trabajos de urbanización, quedó pendiente desde el 15 de diciembre de 2005 la liquidación final de la obra por un importe de 344.615,17 euros.
Voluntad de acuerdo
Amenabar subraya que “desde el inicio actuó con voluntad de acuerdo sin generar perjuicios a terceros ajenos a la responsabilidad” de las promotoras Larrain SA (Moyua) y Andoain Plazaola Ensanche (Ekiser). Resalta que propuso, “en un ejercicio de flexibilidad”, un acuerdo de pago con descuento a las tres promotoras del sector pero, ante la falta de respuesta, recurrió a los tribunales.
El 16 de enero de 2014 una sentencia declaró la responsabilidad de la Junta de Compensación y fijó en 222.330,40 euros el importe a abonar. La ejecución de la sentencia se ha prolongado durante once años.
En este proceso, Amenabar señala que solicitó al juzgado “que instase a la Junta de Compensación a celebrar una reunión extraordinaria para ejecutar la sentencia y fijar las correspondientes cuotas entre sus miembros”.
Sin embargo, ante la inacción “prolongada” de la Junta, pidió al Ayuntamiento de Andoain que “pudiera suplir a sus órganos con el único fin de dar cumplimiento a una resolución judicial firme. Al final se tuvo que ir a esta segunda vía ante la pasividad de la Junta de Compensación, y el Juzgado instó al Ayuntamiento a colaborar en la ejecución, exigiendo las correspondientes cuotas a los propietarios”.
De buena fe
Las promotoras, no obstante, abandonaron la Junta de Compensación, “trasladando las consecuencias de una responsabilidad promotora a ciudadanos que adquirieron sus viviendas y locales de buena fe”.
Ante esta tesitura, Amenabar, “con el fin de evitar que los propietarios finales o el propio Ayuntamiento de Andoain se vean involucrados en un conflicto que no les corresponde”, decidió renunciar al cobro de la deuda de 331.000 euros, que incluía la deuda principal, los intereses y las costas.
“Las consecuencias económicas derivadas de una actuación promotora no deben ser asumidas ni por los vecinos ni por las administraciones públicas locales”, señala la constructora, que “desea dejar constancia de que su actuación nunca ha perseguido ser utilizada como elemento de confrontación o debate político”.
Amenabar señala que con esta decisión “quiere cerrar definitivamente un episodio heredado del pasado, reafirmando su compromiso con una actuación responsable, con la seguridad jurídica y con el respeto a los ciudadanos y a las instituciones”.
