Las diferencias políticas en el seno de la mayoría del Gobierno foral quizá sean más evidentes ahora, por públicas. Pero no son nuevas. Han sido recurrentes desde el inicio de la legislatura y se han concretado en la votación de seis leyes en el Parlamento. Siete, si se incluye la Ley sobre Sanidad Animal del Gobierno que Navarra Suma y EH Bildu impidieron aprobar con su voto negativo, aunque por motivos prácticamente opuestos.
Son en cualquier caso una parte menor del ingente volumen legislativo de lo que llevamos de mandato. Desde el inicio efectivo de la legislatura -septiembre de 2019- se han aprobado 71 leyes, por lo que las discrepancias se han concretado en apenas una de cada diez votaciones. Es cierto que una parte de estas leyes aprobadas han sido de carácter técnico. Correcciones legales o ampliaciones de crédito presupuestario. Pero también se han consensuado los tres presupuestos de la legislatura, varias modificaciones fiscales y algunas reformas de calado, como la Ley de Cambio Climático, la nueva financiación local o ley de protección de la infancia.
A ellas se suman también los decretos-ley que ha ido aprobado el Gobierno foral de forma urgente para dar respuesta a la pandemia, primero, y a las consecuencias de la guerra en Ucrania, después. Y aunque muchas veces ha habido que negociar su contenido en el Parlamento, fundamentalmente con EH Bildu -Navarra Suma generalmente ha optado por quedarse a un lado- todos han sido aprobadas.
Es previsible además que en las próximas semanas se aprueben también la nueva Ley de Vivienda y la norma que regulará los peajes a los camiones. Son ámbitos donde no siempre ha habido consenso, y la tensión ha sido evidente en algunas negociaciones. Pero al final casi siempre se ha impuesto el acuerdo en la mayoría parlamentaria que sostiene al Gobierno de Chivite.
Las leyes de la discordia
Las discrepancias sin embargo han sido más sonoras en aquellos casos en los que se han acabado enfrentando los dos principales socios del Gobierno de Navarra, PSN y Geroa Bai, que en seis ocasiones han votado diferente. En cuatro de ellas los socialistas se han valido de Navarra Suma para sacar adelante una reforma contra el criterio de su principal aliado, y en las otras dos ha sido justo al revés.
La primera de todas fue al poco de comenzar la legislatura. En un intento de buscar la grieta entre socios, Navarra Suma llevó al Parlamento una ley para impedir que la ikurriña se pudiera ondear en los ayuntamientos. La reforma derivó en una nueva Ley de Símbolos con el apoyo del PSN y el rechazo del resto de grupos. Los socialistas no obstante eliminaron de la ley el punto que decretaba sanciones para los ayuntamientos que incumplan la normativa.
La segunda gran discrepancia llegó en plena pandemia, en agosto de 2020. Navarra Suma, Geroa Bai y EH Bildu aprovecharon que el Parlamento tramitaba una ley con medidas extraordinarias para hacer frente a la crisis sanitaria para introducir mejoras laborales al personal docente. En concreto, una reducción de las horas lectivas para el profesorado mayor de 57 años, tanto en la red pública como en la concertada.
Ha sido sin embargo en este último periodo legislativo cuando más recurrente ha sido la diferencia de voto entre PSN y Geroa Bai. En octubre del pasado año el Parlamento aprobó una actualización de la Ley de Contratos Públicos. La reforma venía avalada por los tres partidos que forman el Gobierno, pero durante el trámite los socialistas se descolgaron para eliminar la posibilidad de que las empresas subcontratadas por la Administración pudieran facilitar la formación en euskera de los empleados que atienden al público. Geroa Bai se abstuvo y EH Bildu votó en contra.
Las otras tres discrepancias legislativas, la mitad de todas las de la legislatura, se han dado en cambio en el último mes y medio. El pasado 31 de marzo el Parlamento aprobó la reforma del Convenio con la abstención de Geroa Bai y EH Bildu. No hubo votos en contra, pero la discrepancia fue profunda y derivó en un duro cruce de reproches entre los socios del Gobierno que se prolongó durante tres meses. La reforma ya había sido rechazada con gran tensión en el último Pleno del año.
Las dos últimas han sido más recientes, y ambas con la Educación como telón de fondo. El 28 de abril Navarra Suma y el PSN sacaron adelante la ley para estabilizar los docentes del PAI con el voto en contra del resto de socios de Gobierno y con la oposición de la mayoría sindical. Dos semanas después, era Geroa Bai quien sumaba sus votos a los de Navarra Suma para garantizar el empleo a los docentes de religión que van a ver reducida su carga lectiva.
Son pocos ejemplos en medio de una notable actividad legislativa, pero muy simbólicos y significativos. Quizá sean “la excepción que confirma la regla”, como sostiene el propio Gobierno de Navarra en su esfuerzo por restar gravedad a la división interna. O tal vez una dinámica sostenida durante más tiempo a un año de que acabe la legislatura. El mes y medio que resta hasta el parón veraniego dará cuenta de ello.
