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Detectan 166 viviendas protegidas de alquiler como las de Benta-Berri bajo amenaza de especulación

Stop Desahucios alerta de que las empresas propietarias de estas promociones en Irun, Lasarte, Errenteria, Tolosa y Zumaia pueden “disparar los precios” tras quedar en régimen libreDonostia aprueba una moción para instar al Gobierno Vasco a informar sobre pisos públicos en manos de fondos buitre

Detectan 166 viviendas protegidas de alquiler como las de Benta-Berri bajo amenaza de especulación

donostia - Comienza a dar frutos la investigación abierta por la plataforma Stop Desahucios. Inició sus pesquisas con el objetivo de conocer si en Gipuzkoa hay promociones de VPO en alquiler que guardan similitud con la de Benta-Berri (Donostia), es decir, sujetas a un incremento de precios desmedido una vez que expire el plazo de protección y pasen a régimen de libre mercado. Es la espada de Damocles que pende sobre los vecinos del barrio donostiarra de El Antiguo, al albur de unos fondos de inversión que pueden fijar la cuota a su antojo. Hasta ahora se hablaba de Benta-Berri como un “caso aislado”, pero al menos son 166 los pisos que podrían llegar a correr similar suerte en Gipuzkoa.

En concreto, 33 viviendas en Irun; 52 en Lasarte-Oria; 40 en Errenteria; 21 en Tolosa y una veintena en Zumaia, según alertó ayer la portavoz de la plataforma Stop Desahucios, Rosa García, que ha obtenido la información de la Delegación territorial de Vivienda.

Su comparecencia tuvo lugar en los arcos de entrada del Ayuntamiento de Donostia. Lo hizo arropada por medio centenar de vecinos del barrio de El Antiguo, que residen en los pisos de alquiler social de Benta Berri. Viven con algo más que inquietud el futuro que les aguarda, una vez finalice en nueve años el plazo de protección de sus viviendas. Los gestos de preocupación eran visibles ayer entre manifestantes de tres generaciones. “Para 2028 tendré 90 años. Si me disparan el precio del piso, ya que me maten directamente”, llegó a decir una vecina durante la comparecencia, en la que la plataforma les animó a mantener la unidad para “evitar que empresas y fondos buitres puedan seguir haciendo negocios con las viviendas públicas”. No fue casual el escenario de la protesta. Preludiaba el punto del Pleno que se celebraba en el Consistorio de Donostia donde se aprobó, entre otras cuestiones, acordar un código de buenas prácticas que evite la interposición de demandas de desahucio por impago a deudores de buena fe, así como instar al Gobierno Vasco a informar sobre el número de viviendas públicas que pudieran estar en Donostia en manos de fondos buitre.

Esta última cuestión está siendo objeto de amplio debate durante las últimas fechas. Hasta tal punto que incluso expertos de la ONU se han dirigido a la multinacional estadounidense Blackstone, una de las mayores inversoras en el sector inmobiliario, condenando sus prácticas “indignantes” al disparar las cuotas sin respetar el régimen de VPO por parte de la promotora privada gestora de la promoción.

rostros de preocupación Los rostros de preocupación que se podían ver entre los vecinos del barrio donostiarra de El Antiguo presentes en la concentración responden a un motivo. Las dos empresas de la UTE Benta Berri con las que se firmó el contrato en 1998 se han fusionado con Testa Residencial-Socimi, una de las compañías líderes en el sector de alquiler en el Estado. Se da la circunstancia de que el año pasado, el fondo de inversión estadounidense Blackstone, se ha convertido en el inversor mayoritario de estas viviendas de Donostia, lo que ha suscitado una honda preocupación en el territorio respecto al número de pisos que podrían llegar a verse ante la misma tesitura.

A este respecto, Stop Desahucios informó ayer de que en cinco municipios hay viviendas de alquiler que pueden ser diana de esas mismas prácticas que ha llegado a denunciar la ONU.

Las casas de Lasarte-Oria, Tolosa y Zumaia, según hicieron saber, “solo tienen garantizados los precios protegidos de sus alquileres durante 20 años”, al ser promociones adjudicadas antes de 2003, como es también la de Benta Berri. Se trata de un año determinante que marca un punto de inflexión. Desde entonces todas las viviendas de protección pública mantienen la calificación a perpetuidad, con los precios de compraventa limitados para siempre. Así, en el caso de Zumaia, los alquileres se liberalizarán en 2022 y los de Tolosa en 2026.

El resto de las promociones se adjudicaron tras el cambio legal de 2003, de modo que sus alquileres protegidos son permanentes. Según expuso García, incluso en estos casos no existe a día de hoy certezas puesto que “la calificación permanente de las VPO de régimen general en Euskadi está siendo cuestionada por la patronal de la construcción, en la que participan fondos de inversión”.

En 2020 todas las promociones públicas serán para alquileres, teniendo en cuenta que la mayor parte de los 64.000 demandantes de vivienda social inscritos en el registro autonómico así lo reclaman. A este respecto, Stop Desahucios denunció ayer que la patronal, sabiendo que esto es así en aplicación de la Ley de Vivienda Vasca, “están exigiendo a la consejería la descalificación permanente”, de modo que se vuelva “a la situación anterior de protección de solo 20 o 30 años”.

Con respecto al listado de viviendas hecho público ayer, la portavoz de la plataforma reconoció no saber “cuáles están participas de fondos de inversión”. Fuentes del Departamento de Vivienda del Gobierno Vasco consultadas al respecto indicaron que “se ha puesto el foco en los fondos buitre pero, salvo las del barrio de El Antiguo, en el resto de los pisos estamos hablando de promotoras locales muy arraigadas en Euskadi”. Señalaron que “los problemas y el riesgo de desahucio es mucho más habitual” entre particulares y no en promociones de cierta dimensión como la de Benta-Berri.

Bea y Txomin probablemente no opinen lo mismo. Es un matrimonio residente en uno de los pisos de Benta Berri que, junto a sus dos hijos, han estado a punto de perder su vivienda.

Debían cinco cuotas de 778 euros debido a una enfermedad que mantuvo de baja al padre de familia durante medio año, tras lo cual fue despedido de la empresa. “No vamos a permitir que esto vuelva a ocurrir. La vivienda es un derecho social, no un negocio como están haciendo los fondos buitre”. Stop Desahucios mostró ante los vecinos donostiarras su determinación por continuar investigando nuevos casos. “Esto no ha hecho más que comenzar. Es muy importante que os mantengáis unidos”, les dijo García poco antes de entrar al Consistorio para seguir el Pleno.