donostia - La gestión de los residuos en Gipuzkoa ha vivido su particular via crucis con la construcción de la incineradora, un proyecto que ha requerido de dos concursos públicos y ha tenido numerosos frentes judiciales abiertos.

Sin embargo, esta no es la única infraestructura que ha generado problemas en el territorio. La planta de compostaje de Epele, en Bergara, apoyada por partidos políticos de todos los colores, continúa cerrada a la espera de solucionar los problemas técnicos que se vienen repitiendo desde hace más de dos años. Este considerable retraso -la planta, que la anterior Diputación a manos de EH Bildu inauguró sin estar terminada, tendría que haber estado operativa en enero de 2016- ha llevado al Consejo de Administración del Consorcio de Residuos de Gipuzkoa (GHK) a decidir emprender acciones judiciales contra los responsables de la construcción del proyecto.

Según informó GHK en un comunicado, estas acciones irán dirigidas contra los proyectistas, la dirección de obra y los constructores del equipamiento, adjudicado por los anteriores gestores de EH Bildu a la UTE formada por FCC, Serbitzu y Murias, y en la que también se encontraban las ingenierías Altair e Inak.

La decisión ha sido adoptada después de que un informe técnico haya dejado en evidencia que el complejo ubicado en Bergara cuenta, todavía a día de hoy, con “graves deficiencias” que hay que solventar. Entre otras, según informó GHK, se encuentran la falta de capacidad del depósito de agua pluvial, la rotura de aristas de los canales de aireación, el desequilibrio del balance hídrico, la interrupción de la señal de las sondas térmicas, la formación de sólidos grasos y el vaciado del depósito de amonio.

Fuentes del Consorcio informaron ayer a este periódico que se está trabajando para tratar de solventar esta situación y poder abrir la planta “cuanto antes” y, sin necesidad de que concluya el recorrido judicial que empieza ahora y que podría demorarse varios años.

En este sentido, cabe recordar que la construcción de la planta culminó en la primera mitad de 2015, aunque su puesta en marcha ha sido imposible debido a los continuados problemas técnicos que, en palabras de GHK “dificultan seriamente” el normal funcionamiento de la instalación.

Por ello, GHK está ejecutando una serie de trabajos a fin de conseguir atajar estas deficiencias, cuyo coste, que todavía no ha sido cifrado, será reclamado por la vía judicial a los responsables del proyecto.

licitación en el aire Pero más allá del prolongado retraso que sufre la puesta en marcha de la instalación bergararra, GHK se encuentra ahora con otro problema que solventar. El Consorcio aprobó en diciembre la licitación de la explotación de la planta, por un precio de 4.9 millones de euros. El plazo para la presentación de ofertas concluía en febrero y fueron cuatro los conglomerados empresariales que se postularon para explotar el complejo: Serkom, Gestión y Servicio Grupo Moyua y Urbaser, por un lado; Cespa, por otro; también FCC y Serbi-tzu; y finalmente, Biomasa del Guadalquivir-Purines Almazán.

El objetivo era poder realizar cuanto antes la adjudicación para que, a más tardar, la planta estuviera operativa en abril. Sin embargo, desde GHK asumen que los plazos de la licitación van a alargarse y prefieren no poner fecha a la adjudicación de la instalación.

La planta de Bergara tiene capacidad para tratar anualmente hasta 10.000 toneladas de materia orgánica que será convertida en 4.000 o 5.000 toneladas de compost. Este material será utilizado como fertilizante para agricultura, abono de jardines públicos, paisajismo y restauración de suelos y superficies degradadas.