La diputación de Araba carga contra la ley municipal

gasteiz - El Gobierno Vasco confiaba antes del verano en que su trabajo previo con ayuntamientos y diputaciones en torno al texto de la Ley Municipal fuera un colchón suficiente para encarar con cierto margen de tranquilidad, ya en otoño, la tramitación del proyecto. Un trabajo previo que en buena medida retrasó las previsiones del Ejecutivo en cuanto al envío de esta ley al Parlamento, un paso en principio fijado para el primer semestre. Ya a primeros de julio, el consejero de Administración Pública y Justicia, Josu Erkoreka evitaba echar las campanas al vuelo -los precedentes no jugaban a su favor, teniendo en cuento los intentos fallidos de sacar adelante esta norma por parte de los gobiernos de Juan José Ibarretxe y Patxi López-. Y parece que no le faltaba razón en esa prudencia, porque ayer la Diputación de Araba confirmó que ha presentado una veintena de alegaciones al anteproyecto publicado por el Gobierno Vasco, discrepancias que tienen que ver con puntos sustanciales de la nueva norma, una de las leyes más importantes de las previstas en el calendario legislativo del Ejecutivo de Iñigo Urkullu. No en vano, la Comunidad Autónoma del País Vasco es la única del Estado que aún no tiene Ley Municipal.

El diputado general de Araba, el popular Javier de Andrés, explicó ayer en rueda de prensa estas alegaciones al anteproyecto. La más llamativa, probablemente, es el rechazo del Gobierno foral alavés a la fórmula diseñada para incorporar a los ayuntamientos con voz y voto en determinadas materias al Consejo Vasco de Finanzas (CVF) a través de tres representantes de Eudel. De Andrés fue tajante al denunciar que este esquema “diluye el papel de las diputaciones”, de manera que el Gobierno foral pasaría de ser uno de seis en la mesa -tres representantes del Gobierno Vasco y uno por cada diputación- a uno de nueve. Un equilibrio que, a su juicio, deriva en una “pérdida de competencias forales” y de “capacidad de negociación”.

Pero, además, el diputado general alavés cuestionó el propio papel de Eudel como representante de los ayuntamientos en el CVF, en la medida en que es una “asociación que no tiene órgano de control ni es elegida directamente por los ciudadanos”. En la actualidad, la presidencia de Eudel corresponde a Ibone Bengoetxea, teniente de alcalde de Bilbao, del PNV; la vicepresidencia primera, al alcalde de Irun, José Antonio Santano (PSE), y la vicepresidencia segunda, al alcalde de Gasteiz, Javier Maroto, del PP. De Andrés aseguró haber trasladado estas críticas y alguna fórmula alternativa -que ayer evitó en varias ocasiones desvelar- al consejero Erkoreka, para sorpresa del Gobierno Vasco que aseguraba que en ninguna de las reuniones la representación foral alavesa había explicitado estas divergencias.

Curiosamente, este cuestionamiento del papel de Eudel viene a sumarse a las reticencias que planteó antes del verano la Diputación de Gipuzkoa sobre que fuera la Asamblea de Municipios Vascos la que participó en los trabajos previos del anteproyecto, cuando “el 80% de los ayuntamientos guipuzcoanos no se sienten representados por la dirección de Eudel”.

Una crítica que ya hacía presagiar que la posición del Ejecutivo foral guipuzcoano y de EH Bildu no sería precisamente conciliadora con el texto planteado por el Gobierno Vasco, teniendo en cuenta que recoge un reconocimiento expreso a Eudel como la “asociación de mayor implantación”, adjudicándole “la representatividad pública del conjunto del nivel institucional municipal en Euskadi en todos los ámbitos que así se determine” y garantizándole una financiación no inferior al 0,15% “de los recursos correspondientes al nivel mínimo de participación de las haciendas forales”.

De hecho, entre las alegaciones planteadas por la Diputación alavesa se incluye este apartado de financiación a Eudel, al entender que “además de una imposición” por disponer de unos fondos “cuyo reparto es competencia foral”, esta previsión de financiación podría vulnerar la norma foral de Subvenciones y la Ley General de Subvenciones, según las cuales la financiación incondicionada sólo es aplicable a administraciones públicas.

la comisión arbitral En cualquier caso, esta posición, cuando menos recelosa, del PP respecto a la inclusión de los ayuntamientos en el CVF no es nueva. Cuando una fórmula similar se planteó en la Ley Municipal que intentó sacar adelante el Gobierno de Patxi López en 2011, el PP ya mostró sus discrepancias al respecto con el que entonces era su socio de gobierno. De hecho, la Diputación de Araba llevó este asunto incluso ante la Comisión Arbitral -que dirime estos posibles conflictos de competencias- durante la tramitación del proyecto de ley en el Parlamento. De Andrés no descartó ayer recurrir a este órgano si el Gobierno de Urkullu no corrige el texto en este y otros aspectos de calado.

Y esta posibilidad no es baladí, porque la intervención de la Comisión Arbitral puede suspender la tramitación del proyecto durante meses. En el caso del intento de Ley Municipal del Gobierno socialista, el parón fue de unos cinco meses, un tiempo que habría que sumar a los plazos normales de cualquier ley en la Cámara vasca. En la anterior legislatura, el registro en el Legislativo tuvo lugar en septiembre de 2011 y en verano de 2012 -cuando se anunció el adelanto electoral- el proyecto aún estaba en trámite de enmiendas.

más diferencias Pero las discrepancias de la Diputación de Araba con el anteproyecto no quedan ahí. Buena parte de las alegaciones tienen que ver con lo que De Andrés denominó el “desconocimiento del ordenamiento local” alavés, en referencia a concejos y cuadrillas. Del mismo modo, criticó la “pérdida de competencias forales” en favor del Gobierno Vasco, por ejemplo en torno la tutela financiera municipal, que pasa a ser compartida, y la “falta de precisión” a la hora de delimitar las competencias. “Lo que están haciendo es cargarse las diputaciones”, concluyó.

El anteproyecto de la Ley Municipal todavía es susceptible de ser revisado antes de que el Consejo de Gobierno lo apruebe para enviarlo al Parlamento Vasco, un trámite que Erkoreka esperaba cumplir a lo largo del otoño.