El Departamento de Infraestructuras Viarias de la Diputación de Gipuzkoa ha consignado una provisión de 10,9 millones de euros para hacer frente a todas las indemnizaciones de responsabilidad patrimonial de los peajes cobrados a camiones en las autovías N-I y A-15 entre enero de 2018 y octubre de 2021, durante el periodo en vigor de las normas forales que anuló la justicia española por discriminación indirecta hacia los transportistas de fuera de Gipuzkoa.
La Diputación ha fijado ese montante máximo de 10,9 millones de euros (intereses incluidos), una cantidad “estimada por lo alto”, poniéndose “en el peor de los casos”, para el improbable supuesto de que todas las sentencias pendientes fuesen contrarias a sus intereses”.
Sin embargo, fuentes del Departamento de Infraestructuras Viarias recuerdan que “no todas las sentencias son a indemnizar, ni todas las cantidades reclamadas se aceptan en su totalidad. La cantidad finalmente a indemnizar será menor”. De hecho, de los casos que ha resuelto hasta ahora la Justicia, el 46,7% de las cantidades han sido desestimadas.
“No todas las sentencias son a indemnizar, ni todas las cantidades reclamadas se aceptan en su totalidad", afirman fuentes forales
Fuentes del Departamento de Infraestructuras aseguran que la consigna se ha realizado “cerrar capítulo y dejar las cuentas claras”. Según han explicado a NOTICIAS DE GIPUZKOA las mismas fuentes, “a partir de ahora acataremos cada sentencia indemnizatoria que llegue sin presentar recurso”. El objetivo es “hacer frente” a la situación y “pasar página”.
“Nosotros consignamos esta cantidad y se la pedimos a Bidegi, porque los tribunales exigen a la Diputación, al departamento de Infraestructuras Viarias, que haga el pago de las indemnizaciones, pero el departamento entiende que el pago lo tiene que hacer Bidegi”, indican fuentes del palacio foral.
Hay que recordar que Bidegi es la sociedad pública foral encargada de la gestión de las vías de alta capacidad de Gipuzkoa y la que cobra los peajes.
El plazo para exigir el reintegro de estas cantidades ya ha expirado. La Diputación ha recibido un total de 1.096 reclamaciones. De todas ellas, aún quedan 82 por resolver en vía administrativa. Pero la gran mayoría han pasado ya ese trámite (la Diputación las ha rechazado) y buena parte de ellas están judicializadas.
La Diputación acatará las sentencias judiciales de primera instancia "sin presentar recurso" para no alargar más el proceso
Las primeras sentencias comenzaron a llegar “a cuentagotas” a lo largo de 2023, y se suceden de forma irregular por parte de "diferentes juzgados” de la geografía española, y también de Gipuzkoa y Euskadi, aseguran fuentes forales. Fuentes forales aseguran que es “difícil” prever cuánto puede alargarse la situación, y es por ello que ha decidido provisionar esa cantidad máxima e ir abonando las indemnizaciones que se le impongan.
En concreto, las 1.096 reclamaciones presentadas por particulares, asociaciones y empresas ascienden a un montante total ee 15.173.787 euros. Pero los tribunales han resuelto ya sobre el 11,2% de esa cantidad, una novena parte, desestimando casi la mitad.
Finalizado ya el plazo, la Diputación ha recibido 1.096 reclamaciones, de las que aún tiene pendientes de resolver 82 por vía administrativa
800.000 “en los próximos meses”
En esos casos judicialmente resueltos, los juzgados han condenado a la Diputación a indemnizar 956.241,56 euros, y han desestimado otros 741.802,28 euros. El balance hasta el momento es, por tanto, de un 53,3% de indemnizaciones y otro 46,7% de cantidades rechazadas.
Esta información ha sido remitida por el Departamento de Infraestructuras Viarias que dirige la diputada María Ubarretxena a las Juntas Generales de Gipuzkoa a petición de EH Bildu.
La Diputación asegura que ha abonado ya 155.262,44 euros de esas indemnizaciones con sentencia condenatoria y señala que “en los próximos meses” abonará los otros 800.979,1 euros pendientes. Un dinero que se sacará de esa provisión de 10,9 millones de euros.
La Justicia ha resuelto hasta el momento sobre el 11,2% de los 15 millones reclamados en total y ha desestimado el 46,7% de las cantidades
Para hacernos a la idea de lo que supone esta cantidad, hay que tener en cuenta que Bidegi cuenta con un presupuesto anual de unos 170 millones de euros (174.299.081,00 euros en 2023). Y que entre enero de 2018 y octubre de 2021, mientras el peaje estuvo activo con normas forales que luego la Justicia anuló, Bidegi ingresó con este canon un total de 38,5 millones de euros, de los que hay que descontar el mantenimiento de explotación, la inversión del sistema y la inversión en la tecnología necesaria para este peaje.
Seis años de incertidumbre
El actual canon o peaje de la N-I y la A-15, ya validado por la justicia, sólo se le impuso a los vehículos pesados a partir de 3,5 toneladas, y entró en vigor de forma definitiva el 23 de enero de 2023, y hasta septiembre, en algo más de ocho meses, obtuvo una recaudación bruta de casi 21 millones de euros, a razón de unos 2,5 millones al mes, antes de efectuar la devolución de los descuentos. Así se recoge en otro documento remitido por la Diputación de Gipuzkoa a las Juntas Generales de Gipuzkoa a petición de EH Bildu en noviembre del año pasado.
Gipuzkoa fue pionera en la implantación de este sistema de pago por uso en estas dos autovías. Activó esta fórmula en enero de 2018, en medio de un clima de malestar y protestas continuas del sector del transporte, que recurrió a los tribunales liderado por la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España, Fenadismer.
Hasta en dos ocasiones la Justicia anuló sendas normas forales de peajes a camiones aprobadas por amplia mayoría en las Juntas Generales de Gipuzkoa. La Diputación defendió desde el primer momento que su propuesta venía avalada por la Comisión Europea, pero en cuanto la Justicia falló contra su primera norma foral, se puso a trabajar ya en una segunda con el objetivo de superar las reticencias de los jueces.
Tampoco fue posible así. De nuevo llegaron los recursos judiciales por parte del sector del transporte y de nuevo la Justicia se pronunció en contra de la segunda norma foral.
La Diputación, tras apurar sus últimas vías legales en el Supremo, decidió anular el cobro de canon a camiones en octubre de 2021 para elaborar una tercera y definitiva norma que lleva en vigor ya más de un año y se ha convertido en referencia para otros territorios limítrofes.
Esta norma foral que rige hoy también ha sido criticada igualmente por el sector y es más gravosa para los transportistas, pero ha superado el escrutinio judicial: la anterior norma establecía el cobro de peaje a camiones en tres tramos de 19 kilómetros, una cuarta parte del trazado. Pero el Tribunal Supremo entendió que incurría en “una discriminación indirecta por razón del origen o destino de la operación de transporte, prohibida por el artículo 7.3 de la Directiva 1999/62/CE".
76 kilómetros de pago
Para superar este escollo, la nueva norma foral cobra por todo el trayecto, un total de 76,35 kilómetros, de modo que todos los vehículos pagan por igual.
Para implantar el actual peaje, Bidegi instaló arcos de cobro en Lasarte-Oria, Ordizia y Tolosa en la N-I y en el túnel de Belabieta, en la A-15, que se unían a los que ya existían en Astigarraga, Andoain y Etzegarate (Idiazabal)para cobrar el peaje anterior. Además, colocó 104 banderolas de cobro en todos los accesos a esta vía en los diferentes municipios que atraviesa, en una inversión de 25 millones de euros.
En paralelo a esta medida, la Diputación de Gipuzkoa empezó a aplicar descuentos a todo los usuarios que de la AP-1, AP-8 y A-636 sin distinción de su procedencia, incluyendo los usuarios de fuera de Gipuzkoa.
