Pues siento decirlo pero mucho me temo que va a haber más de lo mismo, aunque eso sí, probablemente los precios se ajustarán levemente, aunque desgraciadamente a costa de una reducción aún mayor del número de viviendas ofertadas, de modo que las viviendas en arrendamiento a las que finalmente se ajusten los precios acaben siendo una gota en el desierto, el símbolo del vacío del mercado de oferta, siendo real por tanto el riesgo de que la normativa aplicada acabe siendo fallida, principalmente porque acabe regulando un mercado sin pisos, convirtiéndose en algo así como “regular la nada”, e “intervenir un mercado que realmente no existe”. ¿Qué sentido tiene regular precios en municipios donde la oferta es tan baja o incluso nula por lo que apenas puede considerarse mercado?
Aunque intuyo la respuesta, les plantearía varias preguntas a nuestros responsables políticos, ¿Cuál es el objetivo real de la nueva normativa y en concreto de la aplicación de la normativa referida a las zonas tensionadas? ¿El objetivo es simplemente poder demostrar por sus bemoles que pueden incidir en los precios a la baja o realmente solucionar el problema habitacional de tantas personas que se enfrentan cada día a la “aventura” de encontrar una vivienda donde simplemente poder dormir cada noche?
Me temo que el mercado libre tiene sus mecanismos para que cualquier intervención artificial, forzada y desequilibrada provoque efectos no deseados por el legislador. Efectos que saltan a la vista desde que, ¡ya hace dos años!, se aprobó la ley de Vivienda de 24 de mayo de 2023.
El legislador podrá alegar que hasta ahora solo se ha aplicado una parte menor de la norma en la mayor parte de regiones. Sin embargo y siendo así, incluso en esas regiones con la aplicación solamente de la primera fase el resultado ha sido pésimo, pues poco a poco han ido ahuyentando del mercado a los propietarios. Deberían tomar nota de que si habiendo sido aplicada solamente esa primera fase el efecto es tan demoledor, ¿qué no puede ocurrir al hilo de la declaración de las zonas tensionadas con el ajuste de precios y prórrogas adicionales a añadir a las dificultades que ya vienen produciéndose para los propietarios por ocupaciones, por procedimientos de desahucio interminables, por incumplimientos de contrato en los que se protege a los incumplidores, etc.?
La tentación de regular los precios mediante las medidas que se están implementando con la determinación de zonas tensionadas y fijación de índices de precios máximos en una administración tan intervencionista es cuando menos peligrosa.
Yo me pregunto -iluso de mí-, ¿Por qué no se consulta y escucha con seriedad a los profesionales del sector que cuentan con una suficiente experiencia por su trayectoria? Desde abogados, pasando por expertos inmobiliarios, expertos en inversión, promotores….
Como es habitual, quedamos en manos de políticos de los que no voy a dudar en cuanto a su buena voluntad, pero que realmente no acaban de ser expertos, adoleciendo muchas veces de la humildad suficiente para percibir sus propias limitaciones en temas como este.
Se les llena la boca refiriéndose por otra parte y en concreto a la aplicación ya avanzada de la normativa en Catalunya donde hay más de 270 municipios declarados “tensionados”, considerándolo como ejemplo y símbolo del éxito de la aplicación de Ley de Vivienda de 2023 alegando una moderada caída de precios, aunque, realmente, la principal consecuencia o logro, en este caso negativo, es el incremento de los desequilibrios que se traducen principalmente en una mayor presión entre oferta y demanda. De modo que, mientras que cada vez hay más personas que buscan una vivienda, el número de inmuebles que salen en oferta no deja de caer, con un aumento de la competencia para acceder a un hogar y el consecuente endurecimiento de las condiciones y requisitos para hacerlo, perjudicando principalmente a las personas en situación de mayor vulnerabilidad que son a las que el legislador pretendía ayudar. ¡Un nuevo caso donde el tiro parece que les sale por la culata!
La Barcelona que los políticos de otras regiones como Euskadi toman como ejemplo para justificar su “apuesta” por la aplicación de la ley en toda su extensión, es la provincia de España con la presión más alta, con un volumen gigantesco de interesados cada vez que se publica una nueva vivienda en alquiler y donde la expulsión de propietarios del mercado del alquiler es un hecho gracias a la aplicación de la norma y de esa pronta declaración de zonas tensionadas en la región.
Volviendo a la pregunta inicial sobre los objetivos: supongo que la estrechez de miras y su perfil haga que para ellos demostrar un mayor o menor ajuste de precios sea suficiente para que lancen a los cuatro vientos una campaña con el éxito de la aplicación de la ley. Sin embargo, no nos contarán el dolor provocado para poder ondear su bandera de la bajada de precios, tratando de esconder la realidad de un gravísimo problema habitacional generado, con tantas personas y familias que buscan desesperadamente una vivienda en alquiler.
Se acuerdan de aquel disco de Supertramp: “¿Crisis? ¿What crisis?”, yo lo convertiría en “¿Éxito? ¿Qué éxito?”... ¿Es a este éxito al que aspiran todos los municipios que, uno detrás de otro, siguen incorporándose a las zonas declaradas como tensionadas?
Deberían hacer menos demagogia, encerrados en sus ideas, y más análisis. Deberían preguntar no solo a los expertos, sino a los propias personas y familias que buscan piso y especialmente a los más vulnerables. Me temo que les transmitan que les parece perfecto que los precios se puedan ajustar, pero que eso no les soluciona el problema principal que les está llevando a la desesperación. ¡No encuentran un piso para alquilar: ni caro, ni barato!
¿No creen que, si volvieran al mercado todos los propietarios que poco a poco lo han abandonado, podrían equilibrar algo el problema siendo el inicio de la solución? ¿No creen que si se atrajera de nuevo a los inversores para que inviertan en vivienda para arrendar podría ayudar algo a equilibrar la oferta y la demanda, siendo estas dos soluciones muchísimo más sencillas e inmediatas que por ejemplo la edificación de más viviendas por la administración para destinarla al arrendamiento, que, por supuesto, también habría que potenciar?
En sendos artículos publicados en julio y en septiembre de 2024 titulados “Vivienda en alquiler, ¡no aprenderemos!” y “Vivienda en alquiler, ¿y qué hacemos entonces?”, adelantaba ya algunas de las posibles consecuencias y soluciones a aplicar, pero parece que la tozuda realidad de nuestros políticos dice que va a ser que no.
¿Acaso “Papá Estado” va a solucionar con las medidas actuales en el corto plazo el problema de la búsqueda de vivienda por tantas personas que necesitan vivir en algún lugar?
Por favor, dejen de dar bandazos, sean más humiles y corrijan el rumbo que nos está llevando a la deriva. Atraigan a los propietarios y dejen trabajar al mercado, ¡porque ustedes siguen demostrando su incompetencia en esta materia!
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