El Parlamento Europeo revisará los errores de las pulseras antimaltrato y la obligatoriedad de las balizas V16

La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo debatirá en marzo el funcionamiento de las pulseras telemáticas antimaltrato y la obligatoriedad de las balizas V16 en carretera, tras la admisión a trámite de dos iniciativas ciudadanas.

Fallos en el sistema de control de agresores

Los eurodiputados analizarán dos peticiones, una presentada por la asociación ANAVID, de apoyo a víctimas de violencia doméstica, y otra por la Confederación Española de Policía, que alertan de fallos en el sistema COMETA, utilizado para el seguimiento telemático de agresores.

Los peticionarios denuncian errores de geolocalización, desconexiones sin alertas, pérdida de datos probatorios y dificultades de acceso judicial a la información, lo que, según sostienen, habría provocado situaciones de desprotección y consecuencias procesales.

Además, señalan posibles incumplimientos del Derecho de la UE en materia de protección de víctimas y dudas sobre la correcta supervisión de fondos europeos, incluidos recursos del programa NextGeneration EU.

Polémica por la baliza V16 obligatoria

La comisión abordará también una solicitud ciudadana sobre la decisión del Gobierno español de imponer, desde el 1 de enero de 2026, la obligatoriedad de la baliza luminosa V16 conectada al sistema DGT 3.0. Los peticionarios sostienen que la medida podría vulnerar el Derecho comunitario, ya que solo se aplica a vehículos matriculados en España, mientras que conductores de otros Estados miembros pueden circular sin esa exigencia.

Posible discriminación y distorsión del mercado

En este segundo caso, los denunciantes alegan una posible discriminación contraria al artículo 18 del Tratado de Funcionamiento de la UE y una vulneración del principio de proporcionalidad.

También advierten de una distorsión del mercado interior por la comercialización masiva de dispositivos presuntamente no conformes o fraudulentos y por la falta de control en su homologación. En este contexto, la secretaria general del Partido Popular Europeo (PPE), Dolors Montserrat, respaldó la petición y afirmó que “no se puede obligar a millones de conductores españoles a asumir un coste que no se exige al resto de ciudadanos europeos, y menos aún escudándose falsamente en Bruselas”.