Europa da luz verde a los centros de deportación de migrantes fuera de la UEE.P.
Los países de la UE llegaron ayer a un acuerdo sobre el Reglamento de Retorno, que permitirá la creación de centros en el extranjero para devolver a migrantes que no tengan derecho a permanecer en territorio comunitario, una opción que ha terminado imponiéndose y a la que España se ha opuesto reiteradamente.
Se trata de una normativa diseñada específicamente para impulsar las devoluciones de nacionales de terceros países que se encuentran en situación irregular y no poseen el derecho a permanecer en el territorio comunitario. Esta acción se vuelve imperativa debido a que, en la actualidad, el sistema de retorno es “ineficaz”, ya que tres de cada cuatro migrantes irregulares que reciben una orden de abandono de la UE no cumplen con ella. El ministro danés, Rasmus Stoklund, cuyo país preside el Consejo, manifestó su convicción de que “el nuevo conjunto de normas puede contribuir significativamente a mejorar estas cifras. Por primera vez, los nacionales de terceros países en situación irregular tendrán obligaciones”.
España, en contra
El elemento más controvertido y fundamental del acuerdo es la luz verde para la creación de centros de retorno en el extranjero con el objetivo de facilitar la ejecución de las deportaciones de manera “más eficiente”. La nueva regulación, a la que se han opuesto estados como España, Francia y Portugal, permite que estos centros sean establecidos mediante acuerdos o convenios celebrados bien por la propia UE o bien por uno o más Estados miembros de forma individual, con la condición innegociable de que el tercer país socio respete rigurosamente las normas internacionales de derechos humanos y los principios del derecho internacional. Una decisión a la que España se opuso firmemente.
El ministro español de Interior, Fernando Grande-Marlaska, expresó “serias dudas jurídicas, políticas y económicas” sobre esta vía, además de señalar el potencial “impacto negativo” que podría tener en las relaciones bilaterales con socios clave cuya cooperación es esencial para la prevención de la migración irregular en origen. España, aunque partidaria de un “sistema europeo común” para la gestión migratoria, cuestiona que la externalización de las devoluciones sea la solución más adecuada, temiendo que esta opción priorice la eficacia de las cifras sobre el estricto cumplimiento legal y humanitario.
Cuotas
- Mecanismo de solidaridad. Otra de las claves de la reforma migratoria aún por culminar es el mecanismo de solidaridad por el que se establecerán cuotas de reubicación de migrantes entre los Estados miembro desde aquellos que se encuentren bajo una mayor presión migratoria.
21.000
- Reubicaciones. El Ejecutivo comunitario puede proponer en cada ejercicio la reubicación de hasta 30.000 migrantes, con la opción de que los países más reticentes a recibir a parte de estas personas ofrezcan compensaciones hasta un máximo de 600.000 millones de euros. Sin embargo, el reparto que han acordado los gobiernos –con la abstención de España– reduce este cupo a 21.000 reubicaciones o medidas compensatorias de hasta 420.000 millones.
Elimina la conexión entre migrante y país
La normativa elimina la exigencia previa de que exista una conexión directa entre el migrante y el país al que se le dirige, además de que establece nuevas y claras obligaciones para los nacionales de terceros países en situación irregular. Estas obligaciones son el abandono efectivo del territorio del Estado miembro en cuestión, la cooperación incondicional con las autoridades, el deber de permanecer a su disposición, proporcionar un documento de identidad o de viaje válido, facilitar sus datos biométricos y no oponerse fraudulentamente al proceso de retorno.
El acuerdo establece que el incumplimiento de estas obligaciones acarreará consecuencias directas que podrán incluir la denegación o deducción de prestaciones y subsidios públicos, la revocación o no concesión de permisos de trabajo e, incluso, la imposición de sanciones penales que podrían llegar a contemplar penas de prisión. Además, los Estados miembros dispondrán de herramientas como la posibilidad de realizar detenciones con fines de retorno más prolongadas que las permitidas anteriormente y la potestad de establecer prohibiciones de entrada a territorio de la UE por periodos más largos.