La Comisión Europea presentó este miércoles el proyecto legislativo para que la UE se marque el objetivo de reducir un 90 % sus emisiones de dióxido de carbono (CO2) con respecto a los niveles de 1990, pero aceptó incluir una serie de flexibilidades que, según expertos y ONG, restan ambición al objetivo.
Bruselas ya había avanzado que se marcaría esta meta para el final de la próxima década y este miércoles ha presentado el texto legal que inicialmente estaba previsto para el primer trimestre del año pero que la institución ha ido retrasando hasta hoy.
Entre las flexibilidades que introduce están los llamados créditos internacionales de carbono, que permitirán a la UE contabilizar como propio el recorte de emisiones conseguido con proyectos de terceros países (normalmente, países en vías de desarrollo) tras pagar un precio determinado por tonelada de CO2.
Esta compra-venta de derechos de emisión se remonta al Protocolo de Kyoto y también está contemplada en el Acuerdo de París. Bruselas acepta ahora su uso para la meta de 2040 por ser un objetivo intermedio, pero la Ley europea del Clima impide que se puedan utilizar en las metas de 2030 y de 2050, cuando el bloque quiere conseguir la neutralidad climática.
En cualquier caso, el texto legislativo de Bruselas limita de varias formas su eventual aplicación. En particular, estos créditos podrán utilizarse a partir de 2036, estará limitados a una cantidad de emisiones equivalente al 3 % de las registradas por la UE en 1990 y también sujetos a una serie de condiciones.
Por ejemplo, tendrán que ser "efectivos" en la reducción de emisiones, el país que reciba el pago tendrá que contar con un sistema sólido de vigilancia y verificación y la compra de créditos no se hará a expensas de las metas climáticas de los terceros países que desarrollan el proyecto.
Otras flexibilidades
Además de los créditos, la propuesta de Bruselas abre la puerta a otras flexibilidades como la eliminación doméstica de emisiones dentro del sistema europeo de comercio de derechos (ETS) y facilidades para que los sectores económicos logren sus propias metas.
La mano más abierta de la Comisión choca con la posición trasladada a principios del pasado mes por la red de organizaciones ecologistas CAN Europe que abogaba por que la meta de recorte de emisiones de la UE para 2040 fuera únicamente "doméstica" y no incluyera la opción de utilizar estos créditos de carbono globales.
La oposición no se limita a ONG verdes, puesto que el propio Consejo Asesor Científico Europeo sobre el Cambio Climático de la UE recomendó que la meta se fijase hasta en un 95 % y también criticó que se tengan en cuenta estos créditos en la meta europea porque "corren el riesgo de desviar recursos de inversiones domésticas y podría menoscabar la integridad medioambiental".
Por contra, la introducción de estas flexibilidades busca contentar a Estados miembros que se habían mostrado escépticos con fijar un objetivo puro de reducción de emisiones del 90 %.
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, apostó recientemente por postergar este debate, mientras que el nuevo Gobierno de coalición de Alemania pactó apoyar la meta del 90 % sólo si contemplaba el uso de estos créditos.
Las dudas de las dos grandes potencias de la UE se suman a las posiciones mucho más críticas que han mantenido tradicionalmente países como Polonia y, sobre todo, Hungría, que se ha opuesto de manera reiterada a la agenda climática del club. La versión definitiva de la legislación será ahora negociada y acordada entre los Estados miembros y el Parlamento Europeo.
