La Comisión Europea (CE) insistió ayer de nuevo a Polonia y a Hungría a que refuercen la independencia de sus órganos judiciales para “contrarrestar” la posible influencia de los elementos del poder judicial cuyo nombramiento depende del Gobierno o el Parlamento. Son recomendaciones que recoge el informe sobre el Estado de derecho de la Unión Europea de 2022, que por primera vez incluye consejos específicos a Estados miembros en sus 27 capítulos, uno por cada país del bloque comunitario, que analizan la evolución de cada uno de ellos desde julio de 2021.

Si bien es una recomendación que se repite a varios países europeos, Polonia y Hungría son los únicos dos países que tienen abierto un expediente por la gravedad de las violaciones de los valores básicos europeos, entre los que se incluyen infracciones de la independencia judicial.

En el caso húngaro, la Comisión pide reforzar el papel del Consejo Nacional de la Judicatura, salvaguardando su independencia, para contrarrestar eficazmente los poderes del presidente de la Oficina Nacional de la Judicatura, que se elige por mayoría de dos tercios de los miembros del Parlamento húngaro y a propuesta del presidente del país.

Bruselas también reclama a Budapest una reforma que elimine la posibilidad de nombramientos judiciales para el Supremo húngaro “fuera del procedimiento normal” para reforzar los criterios de elegibilidad del presidente del Supremo húngaro y suprimir la posibilidad de cuestionar si es necesario referir un asunto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Entre la decena de recomendaciones de Bruselas, también se pide a Hungría que mejore la independencia de la autoridad reguladora de los medios de comunicación, especialmente los públicos, y eliminar “los obstáculos que afectan a las organizaciones de la sociedad civil”, después de que este país impusiera obligaciones adicionales a las ONG que reciben financiación del extranjero.

A Polonia, se le pide separar la función del ministro de Justicia de la del Fiscal General y garantizar la independencia funcional de la fiscalía con respecto al Gobierno, en el contexto de un largo tira y afloja sobre las normas de disciplina a jueces cuestionadas por la justicia comunitaria.