Las redes eléctricas: luces y sombras de un modelo en revisión

Para ello, hay dos condiciones indispensables para que las redes puedan responder al desafío. La primera, disponer de capacidad de conexión suficiente. La segunda, contar con un marco retributivo que incentive las inversiones necesarias. Hoy, ninguna de las dos está resuelta.

El cuello de botella de la capacidad

La reciente publicación del mapa de capacidades de las distribuidoras, exigido por la CNMC, confirma lo que muchos intuíamos: la red de distribución está prácticamente saturada (83,4%). El rechazo masivo a nuevas solicitudes de acceso refleja un bloqueo preocupante que amenaza tanto a la industria ya instalada, que aspira a crecer, como a la nueva industria, que busca instalarse en nuestro país.

Revertir la situación es posible, pero no basta con esperar a la nueva planificación de la red de transporte, que acaba de arrancar su proceso pero que no verá la luz hasta finales de 2026, sin añadir los años necesarios para su ejecución. Necesitamos medidas inmediatas. Una de ellas debiera ser el poder habilitar, mediante real decreto, el uso de posiciones ociosas con capacidades de conexión, nuevas posiciones en la red de transporte para alimentar nueva demanda, tanto para la que conecte directamente, como para aquellas peticiones de apoyo a la red de distribución para crecimientos no vegetativos de demanda en esta red, así como la habilitación del cambio de uso de posiciones existentes o planificadas. Esta posibilidad de desarrollo normativo ya está prevista en el RDL 23/2020 y sería perfectamente viable, pues hay reales decretos, como el del apagón, actualmente en tramitación.

El potencial es enorme. Pues solo en el País Vasco, por ejemplo, hay del entorno de 1.900 MW de capacidad adicional en posiciones que hoy solo admiten a un consumidor y hasta 6.000 MW en subestaciones con capacidad y espacio disponible para nuevas posiciones de conexión. Una habilitación normativa ágil podría desbloquear proyectos industriales estratégicos en cuestión de semanas.

El debate retributivo

Superado el primer obstáculo, debemos abordar la segunda condición: el marco retributivo. Solo un esquema estable, coherente y atractivo, permitirá movilizar las inversiones necesarias en un contexto de fuerte competencia internacional por el capital.

La Comisión Nacional de los Mercados y la competencia (CNMC) ha propuesto una Tasa de Retribución Financiera (TRF) del 6,46% para el próximo periodo regulatorio. La cifra, sin embargo, genera dudas. ¿Sera suficiente para asegurar el volumen de inversión requerido?

Varios elementos alimentan las reticencias. Primero, el cumplimiento con las Orientaciones de Política Energética emitidas por el Ministerio de Transición Ecológica, que indican la necesidad de incentivar las inversiones en redes eléctricas frente a no incentivar las redes de combustibles fósiles, Segundo, la distribución eléctrica afronta mayores riesgos regulatorios por el cambio de modelo que el transporte con modelo continuista, pero no se ha previsto un parámetro diferenciado que refleje ese mayor riesgo, a pesar de haberse aplicado criterios similares, en el pasado, al gas y a las renovables. Y tercero, la prima sobre la tasa libre de riesgo implícita en la nueva TRF es inferior a la del periodo 2020-2026, pese a que el coste del capital hoy es más elevado.

En suma, la retribución planteada puede resultar insuficiente para atraer el volumen de financiación que exige la transición energética.

Una metodología controvertida

Más allá de la TRF, el debate se extiende a la metodología de cálculo de la retribución de las inversiones, que genera preocupación. Me detendré en tres puntos clave.

El primero, la captura de eficiencias. La propuesta plantea absorber hasta un 85% de los ahorros de costes de las distribuidoras en el periodo sin considerar siquiera que existe el IPC. Con ello se reducen drásticamente los incentivos a mejorar la eficiencia, en contraste con el actual periodo y con lo habitual en otros países europeos, donde la cifra ronda el entorno del 45%. Además, paradójicamente, se favorece a las empresas menos eficientes, que sufrirían menos presión para contener costes.

El segundo, el parámetro k para inversiones de electrificación. La CNMC propone calcularlo de forma individual por empresa, lo que podría generar un efecto perverso: las compañías que han sido históricamente más eficientes recibirán menor retribución por cada nueva conexión que las menos eficientes. En la práctica, se premia la ineficiencia y se crean desigualdades territoriales difíciles de justificar. En vez de un parámetro único y común para todo el Estado, que además permitiría eliminar el posible incremento en los peajes a los consumidores, si se tuviera en cuenta el coste del peaje medio para el cálculo del parámetro k considerando una media anualizada de las inversiones.

Y el tercer aspecto, es utilizar los costes históricos de cada empresa como referencia para reconocer las inversiones futuras. Los últimos años han estado marcados por una actividad inversora escasa, de modo que esos costes difícilmente reflejan eficiencia real. Además, los costes marginales de expansión de red tenderán a ser similares entre operadores, salvo contadas excepciones como las pequeñas distribuidoras.

La alternativa más coherente sería emplear costes medios sectoriales. De esa forma, las empresas con mayores costes tendrían incentivos claros a reducirlos, mientras que las más eficientes podrían beneficiarse de su buen desempeño durante un periodo razonable.

El enfoque actual, en cambio, podría no fomentar la eficiencia, lo cual, unido a la elevada captura de ahorros, puede terminar desincentivando cualquier esfuerzo de mejora.

Todos estos elementos son especialmente graves en regiones con alta demanda de electrificación industrial, como el País Vasco y Cataluña. Allí, donde la red ya está saturada, un marco que castiga la eficiencia y ralentiza nuevas inversiones puede tener consecuencias muy negativas para la atracción de industria.

Más sombras que luces

Se afronta un momento decisivo. La electrificación de la economía, la integración de renovables y la competitividad industrial dependen de redes modernas, robustas y bien financiadas. Sin embargo, la combinación de falta de capacidad de conexión y un marco regulatorio atractivo dibuja más sombras que luces a día de hoy.

Estamos a tiempo de corregir el rumbo. El debate regulatorio sigue abierto. El reto al que se enfrentan tanto el Ministerio como la CNMC es grande e importante y confío en que encontraran un equilibrio entre sostenibilidad financiera, eficiencia e igualdad territorial.

De la agilidad con que resolvamos estos cuellos de botella dependerá en parte nuestro futuro industrial, la capacidad de generar empleo de calidad y situarse en la primera línea de la transición energética europea.