Sí, no y lo contrario

En un periodo de tres meses el gobierno ha dicho sí, no y lo contrario a la imposición de barreras arancelarias a los EV chinos. El asunto no es baladí, teniendo en cuenta que la industria del automóvil representa la décima parte de la producción industrial, el 7% del empleo y la cuarta parte de las exportaciones industriales. Y además, la toma de posición o la ausencia de la misma repercutirá cuando se vaya a decidir si después de los EV sigue la ofensiva contra las exportaciones chinas de acero, de aluminio, de productos químicos, cerámicos, de semiconductores, de material ferroviario o del sector de la energía verde, todos ellos incluidos en la agenda política promovida por el lobby anti-chino de Bruselas, que incluye a la propia presidenta de la Comisión y con un fuerte apoyo en los grupos popular y socialista del parlamento, entre los sectores más proclives a seguir las recomendaciones y las políticas que llegan del otro lado del Atlántico norte.

Siendo una cuestión política tan delicada, asombra que, por ejemplo, el Parlamento español no vea necesario convocar una comisión especial para tratar este asunto, enredado como está en cosas al parecer tan importantes como resucitar a ETA - al menos agitar su fantasma-, o indagar donde está el software de la Universidad Complutense que dicen se llevó la señora del presidente. Cosas, como se comprenderá, mucho más trascendentes para el futuro del país que la nadería esa de la electrificación del automóvil y su repercusión en la producción y el empleo industrial en España.

En realidad, la escasa repercusión mediática y política de las principales encrucijadas en las que se encuentra la economía del país es una evidente muestra del atraso político de una democracia que dista mucho de mantener los niveles deliberativos propios de un país avanzado, no ya en el ámbito de la opinión pública, muy degradado en casi todos los países de nuestro entorno, pero tampoco en los círculos más estrechos de la clase política y su entorno mediático.

Por ejemplo, a día de hoy no está claro si la pérdida del mercado chino para la exportación de cerdos y sus componentes -una amenaza que se formó con la primera toma de posición de España contra los EV chinos, que se disipó con la segunda opinión del señor presidente sobre la comercialización de coches eléctricos chinos en Europa, y que se ha vuelto a generar con la tercera opinión expresada en la reunión de Bruselas de este mismo mes- que puede representar en los años buenos más de 3.000 millones de euros, aunque en los dos últimos la cifra se haya reducido a la mitad, compensa el alineamiento con la industria francesa y norteamericana del automóvil, en contra de la alemana.

Teniendo en cuenta que solo las empresas alemanas de fabricación de automóviles tienen un claro compromiso con el mantenimiento de la actividad en territorio hispano, y con la incorporación del mismo al proceso de transición hacia el vehículo eléctrico, no es evidente que los intereses españoles no estén mejor alienados con la industria alemana del automóvil, contraria a las barreras proteccionistas contra China impulsadas por la Comisión y el Parlamento Europeo.

Pero el tema va mucho más allá de los coches eléctricos. El proceso de desindustrialización, tan acelerado en España como en Francia, ni cuenta por ahora con una estrategia clara de estabilización primero y reindustrialización después, ni con fondos públicos, nacionales o europeos, adaptados a la medida que exige el desafío de la desindustrialización, Pensemos que Mario Draghi plantea en su informe del mes pasado, para contrarrestar el retraso tecnológico de la UE, y solo para digitalizar y descarbonizar la economía y aumentar la capacidad de defensa de la UE, que la inversión total en relación con el PIB tendrá que aumentar en torno a 5 puntos porcentuales del PIB de la UE al año, hasta alcanzar los niveles de los años sesenta y setenta, y para alcanzar los objetivos globales de mejora de la competitividad, se necesita una inversión adicional anual mínima 800.000 millones de euros, equivalentes al 4,5% del PIB de la UE en 2023. Para lograr este aumento, el porcentaje de inversión de la UE (pública y privada) tendría que pasar del 22% del PIB actual al 28% en 2025, frenando un declive de varias décadas en la mayoría de las grandes economías de la UE.

Sin embargo, las propuestas que llegan de la Comisión y del Consejo apuntan por el contrario a retomar más temprano que tarde la senda de la austeridad y del ajuste fiscal; no que se incremente el volumen de inversión, sino de ahorro: unos 215.000 millones este año, y 250.000 millones el año que viene. La inversión pública apenas se prevé que aumente unos 40.000 millones de euros este año y el próximo, una décima de punto del PIB, muy lejos de los mínimos que apunta el informe señalado.

En este contexto, ¿no habría que darle una vuelta a las relaciones económico-políticas internacionales con las grandes potencias? Estados Unidos, siendo una de las principales potencias inversoras en España, no alcanza los niveles de presencia de las empresas francesas o alemanas (ni en empleo, en 2022 unos 250 mil frente a los 280 mil de las multinacionales alemanas o los 380 de las francesas, ni en facturación, unos 95 mil millones de euros frente a los 102 mil millones de las alemanas o los 115 mil millones de las francesas) y además, en los últimos años, la principal inversión no es productiva, sino rentista: fondos de inversión a la busca y captura de rentas inmobiliarias o beneficios de empresas españolas reguladas. En cambio, la propuesta estratégica china (la Nueva Ruta de la Seda) lleva invertidos en el exterior más de un billón de euros, desde su puesta en marcha hace diez años.

Hasta ahora, España solo cuenta como un nodo logístico de segundo orden en la ruta comercial entre China y Europa. La posibilidad de que la industria local sea capaz de incursionar a corto plazo en nuevos sectores industriales y tecnológicos, a la espera de un cambio de rumbo de la política de la UE por ahora más hipotético que real, pasa por reforzar los vínculos industriales con el gigante asiático, ya que los otros líderes industriales de la región, Japón y Corea del Sur, renunciaron a considerar el territorio ibérico como relevante en su estrategia inversora de valor añadido (desaparición de Nissan o de Suzuki, imposibilidad de atraer a los chaebol coreanos como intentó en su día el gobierno del lehendakari Ibarretxe…).

Se puede aprovechar los titubeos que se plantean quienes carecen de independencia política frente a los dictados del líder del Atlántico Norte, que aspira más bien a seguir debilitando en su provecho el tejido industrial europeo, como se desprende de su política  de atracción de grandes empresas europeas mediante incentivos fiscales, para reforzar los lazos industriales con quien está dispuesto a hacerlo. Hungría por ejemplo ha logrado así garantizar en su territorio una importante inversión de BYD, la mayor empresa automovilística china.

Quizá la reacción del señor presidente de los españoles ante la importación de EV chinos responda precisamente a esos mismos titubeos. En todo caso, si el Parlamento respondiera de verdad a la defensa de los intereses de los ciudadanos, dedicaría al menos una parte limitada de su tiempo a crear una comisión y debatir estas cuestiones estratégicas. Por desgracia para nuestro presente y para nuestro futuro, están a otras cosas.

Profesor titular de Economía Política en EHU/UPV