Hace unos días, por primera vez desde 2020, la Reserva Federal, el banco central de Estados Unidos, decidió reducir en medio punto la tasa de interés a la que presta dinero a los bancos comerciales De alguna forma, las señales que llegan del amigo americano indican que la inflación deja de ser una prioridad política.
Que se preste más o menos atención a un problema económico poco o nada tiene que ver con la importancia del mismo en la vida de las personas “en general”, sino con la importancia del mismo para las personas que tienen capacidad de influir o tomar decisiones de política económica, casi siempre un grupo muy particular de personas “influyentes”.
Los trabajadores, un grupo que puede representar a las “personas en general”, a la hora de percibir el impacto en sus vidas de la inflación, tienden a fijarse en el salario real, que relaciona el ingreso salarial (precio del trabajo) con el gasto en consumo de los trabajadores, que está condicionado por la evolución de los precios de los bienes de consumo obrero. Si los salarios crecen pero cercen menos que los precios de los bienes que consumen los trabajadores, su capacidad de consumo y de ahorro se verá reducida.
Las estadísticas nos dicen que en 2018 la remuneración media por empleo asalariado a tiempo completo, incluyendo cotizaciones sociales, era de 34.113 euros, y en 2024 se estima en 35.286 euros, un aumento del 3,4% en 5 años. No es para echar las campanas al vuelo, menos de un punto de incremento al año; pero si tenemos en cuenta la evolución de la inflación, las campanas más bien tocarán a muerto, porque en estos años los precios, medidos por el índice de precios al consumo (IPC), ha subido un 18%. Por tanto, los salarios españoles han perdido durante “el gobierno más social de la historia” más de un 15% de su capacidad adquisitiva.
El impacto ha quedado parcialmente opacado porque en estos años del “gobierno de progreso” el empleo asalariado ha crecido en más de 2 millones de empleos a tiempo completo o parcial, lo que se ha traducido en que el total de los salarios percibidos por los trabajadores españoles haya pasado de 546 mil millones de euros en 2018 a 743.000 millones en 2024, es decir han crecido un 36%, por encima del aumento de los precios. Esto significa que mientras cada asalariado individualmente ha perdido capacidad adquisitiva, los trabajadores en su conjunto han podido aumentar el consumo total.
La pérdida de capacidad adquisitiva de los salarios ha sido incluso mayor que la cifra señalada anteriormente, porque el índice que mide la evolución de los precios se establece eligiendo cerca 955 bienes y servicios ponderados por el peso que tienen en el consumo de las familias, y este indicador tiene dos grandes limitaciones para calcular su impacto en las familias trabajadoras: en primer lugar, no todas las familias son familias obreras; el consumo de las familias de los empresarios y altos ejecutivos también se toman en consideración en el cálculo del IPC, lo que tiende a reducir el peso de los bienes de consumo básico más habituales entre los obreros y aumentar el peso de bienes menos consumidos por los obreros y más por pequeños empresarios y ejecutivos.
Así, la última estimación de ponderación de gastos considera que las familias destinan a gasto en hoteles, restaurantes, bares y transporte más que alimentación. Es difícil pensar que esta distribución del consumo corresponde a la realidad de los 14,5 millones de trabajadores con un salario anual inferior a los 25.000 euros (solo 5,5 millones de trabajadores superan ese umbral de salario). El precio de los alimentos ha aumentado un 36% desde el inicio de los gobiernos de Pedro Sánchez.
En segundo lugar, una parte fundamental del salario de los trabajadores españoles se destina a gasto de vivienda. Aunque haya familias con un gasto en vivienda reducido, porque ya han pagado la hipoteca de su vivienda, el cálculo del IPC estima que las familias destinan el 14% de su gasto a vivienda, porcentaje a todas luces inferior al real. Además, la estimación del precio de la vivienda está muy por debajo de la evolución real de los precios (así, por ejemplo, según el IPC, el precio el alquiler de viviendas desde 2018 hasta agosto de este año solo habría subido un 9,3%).
De los datos anteriores se desprenden varis conclusiones de las que tendrían que tomar nota las organizaciones de los trabajadores: a pesar de que el cálculo del IPC es, junto con la elaboración de la Encuesta de Población Activa (EPA), la operación estadística a la que se destinan más recursos –en el cuatrienio 2021-2024, 34,3 millones de euros a la estadística del IPC y 43,5 millones a la EPA, de un presupuesto total de 597,4 millones para llevar a cabo 485 operaciones estadísticas–, sigue teniendo claras limitaciones.
Se requiere una mayor dotación presupuestaria para mejorar la información estadística accesible a la ciudadanía, para mejorar la información sobre precios, calculando por ejemplo un índice que tenga en cuenta la estructura de consumo de las familias con menos de 25.000 euros de ingreso anual. Pero también elaborando información más detallada de la disponible sobre ingresos por grupos de población y renta, de ganancias empresariales, o de distribución del ingreso, imprescindibles para conocer la realidad y actuar con políticas más eficaces. La encuesta de condiciones de vida, por ejemplo, que investiga sobre distintos aspectos del nivel, condiciones de vida de los hogares y sus cambios, se elabora con apenas 5,1 millones de euros para el último cuatrienio.
Pero a pesar de la importancia que pueda tener la evolución de los salarios contrastada con la evolución de los precios, hay un indicador todavía más relevante, que es la participación e los salarios en el producto generado cada año por los trabajadores de todo tipo. Pues bien, cuando Rajoy dejó el gobierno, los asalariados tan solo recuperaban en forma de salarios el 53% del valor que producían, siguiendo la estela de una caída continua de varias décadas, compartida con los principales países desarrollados, en la participación de los salarios en el valor añadido, que en España en1976 alcanzaba el 67%, en 1993 el 63%, en 2009 el 58%.
La llegada de Sánchez y sus aliados al gobierno han elevado un poco la participación de los asalariados en el PIB, hasta el 56% actual, que sigue siendo dos puntos por debajo del porcentaje que reciben en Alemania, Francia o Reino Unido, aunque sea 5 puntos mayor del trozo de tarta que reciben los asalariados italianos. Este salario relativo es el más importante para calibrar la fuerza política de los trabajadores, que en todo caso sigue mostrando una gran debilidad.
De modo que la política salarial tiene un largo camino por recorrer para recuperar el salario relativo y compensar las pérdidas de capacidad adquisitiva de los salarios reales. Máxime teniendo en cuenta que las enormes ganancias empresariales obtenidas de la creciente explotación del trabajo se han destinado en gran medida a consumo suntuario de la clase capitalista y a la especulación financiera, y no a la inversión productiva (de los 2,7 billones de euros de beneficios empresariales desde 2019, tan solo han destinado a inversión productiva 1,4 billones, quedando 1,3 billones para el consumo y la especulación de los empresarios).
En definitiva, la política más eficaz es la que garantiza un aumento de salarios equivalente a la suma de las ganancias de productividad y de la inflación: una propuesta que pondrá los pelos de punta a los ideólogos del neoliberalismo, pero la única que puede impedir que, al margen de la inflación, los trabajadores sigan ganando cada vez menos para que los empresarios ganen cada vez más... Y no sepamos para qué.
Profesor titular de Economía Política en la UPV/EHU
