La detención en Francia el pasado 23 de agosto de Pável Dúrov, el hombre detrás de Telegram, marca un punto crítico en la lucha por la libertad digital en Europa. Dúrov, firme defensor de la privacidad, fue arrestado bajo acusaciones que van desde complicidad en estafas y en tráfico de drogas a permitir transacciones ilícitas de bandas organizadas y el rechazo a cooperar con las autoridades. Pero más allá de su situación personal, esta detención nos obliga a reflexionar sobre la dirección que está tomando Europa en términos de libertad de expresión y privacidad, derechos que deberían ser intocables en una sociedad democrática.

Telegram se distingue por su encriptación de extremo a extremo, lo que garantiza que solo el emisor y el receptor puedan leer los mensajes. Ni la empresa, ni las operadoras, ni los gobiernos tienen acceso a estas conversaciones. Esta característica, que protege la privacidad de millones de ciudadanos, es precisamente lo que los estados intentan socavar.

La presión de Europa sobre Telegram busca un acceso ilimitado a las comunicaciones. Este tipo de intervención no solo viola la privacidad, sino que destroza los principios fundamentales de libertad.

El arresto de Dúrov nos recuerda los peligros de un mundo donde las plataformas independientes están constantemente bajo amenaza. Países como China, Irán, Corea del Norte, Rusia, Cuba o Venezuela ya han demostrado cómo el control gubernamental puede sofocar la disidencia y silenciar voces críticas.

China ha liderado la censura digital con un sistema de control masivo sobre Internet, conocido como el “Gran Cortafuegos”. Desde hace años, el gobierno bloquea plataformas como Google, Facebook y Twitter. En 2020, intensificó estas medidas, restringiendo aún más el acceso a información no controlada por el Estado y obligando a las empresas tecnológicas a cooperar con la censura oficial.

Irán, por su parte, ha bloqueado repetidamente el acceso a las redes sociales durante períodos de protestas para evitar la organización de la disidencia. En 2019, durante las protestas masivas también denominadas como Primavera persa, el Gobierno cerró casi por completo el acceso a Internet durante una semana, aislando al país del mundo exterior.

Corea del Norte lleva la censura a un nivel extremo, prohibiendo casi todo acceso a Internet para la población general. Solo una élite muy limitada tiene acceso a una red interna estrictamente controlada. Esto asegura que la mayoría de los norcoreanos nunca pueda acceder a información no censurada y manipulada por el régimen.

Cuba ha implementado bloqueos de Internet en momentos clave para frenar las protestas. En 2021, durante las protestas antigubernamentales más grandes en décadas, el Gobierno cubano limitó drásticamente el acceso a redes sociales y plataformas de mensajería para controlar la difusión de información y la coordinación de la disidencia.

Venezuela ha utilizado la censura digital para mantener el control del poder, especialmente durante crisis políticas. En 2019, el Gobierno de Maduro bloqueó el acceso a Internet y a las redes sociales en múltiples ocasiones durante los intentos de la oposición de movilizar a los ciudadanos en su contra.

Rusia también ha sido un actor clave en la censura digital. En 2018, el Gobierno de Putin también intentó bloquear Telegram por negarse a proporcionar claves de cifrado al FSB, el servicio de seguridad ruso. Este intento fracasó, pero marcó el inicio de una persecución más amplia contra las plataformas que permiten la comunicación libre. La reciente detención de Pável Dúrov en Francia subraya la creciente presión sobre los líderes de estas plataformas, que se resisten a ceder al control estatal.

Los gobiernos autoritarios utilizan la censura digital no solo para reprimir la disidencia interna, sino también para consolidar su poder. Aunque estos actos son presentados como necesarios para la seguridad nacional, en realidad son herramientas de control que amenazan la libertad de expresión.

La erosión de estos derechos en regímenes autoritarios es alarmante, pero lo es aún más la posibilidad de que democracias establecidas puedan seguir un camino similar.

La historia nos ha demostrado que incluso las democracias más sólidas pueden tambalearse y caer en el autoritarismo cuando enfrentan crisis. Europa, con su pasado tristemente marcado por regímenes totalitarios, debería ser especialmente consciente de lo frágiles que son nuestras libertades.

El caso de Pável Dúrov va más allá de su situación personal; nos alerta sobre los peligros que acechan a las libertades en Europa. Si algo nos ha enseñado el siglo XX es que, en tiempos de incertidumbre, los derechos fundamentales pueden ser los primeros en desaparecer, y la represión puede regresar si no estamos atentos y vigilantes.

Es crucial entender que la libertad digital y la privacidad no son meros lujos en tiempos de paz, sino derechos esenciales que deben defenderse como herramientas que nos permitirán afrontar tiempos difíciles.

La tentación de los estados de controlar las comunicaciones y vigilar a sus ciudadanos y ciudadanas es constante, y hemos visto cómo, incluso en democracias modernas, se han utilizado sistemas de espionaje. En Catalunya, por ejemplo, el uso del software Pegasus permitió al Gobierno español espiar a más de 65 líderes independentistas y activistas, intentando frenar un cambio en el statu quo que surgía desde la propia ciudadanía. Esto demuestra que los estados, cuando se ven desbordados por cambios sociales, pueden recurrir a tácticas antidemocráticas para mantener el control.

Además, no podemos ignorar que EH Bildu, segunda fuerza política en Euskadi, y Sortu han mostrado su apoyo a regímenes autoritarios como los de Cuba y Venezuela, que se caracterizan precisamente por el uso de mecanismos de control, vigilancia y persecución de la disidencia. EH Bildu ha validado recientemente la victoria de Nicolás Maduro en las elecciones de 2024 en Venezuela, a pesar del claro fraude electoral y la represión violenta de manifestantes. Asimismo, Sortu, partido mayoritario dentro de EH Bildu, ha firmado este julio un acuerdo de cooperación con el Partido Comunista de Cuba, un régimen conocido por su férreo control sobre la población y la falta de libertades políticas. Esto nos deja claro que estas realidades no están tan alejadas de nuestro contexto como podríamos pensar.

La libertad de expresión y el derecho a la privacidad son pilares fundamentales de cualquier sociedad libre. Sin embargo, su defensa no debe darse por sentada. Plataformas como Telegram y líderes como Pável Dúrov desempeñan un papel crucial en la protección de estos derechos, proporcionando un espacio donde los ciudadanos y ciudadanas podemos expresarnos sin temor a represalias. Es nuestro deber como sociedad exigir la liberación de Dúrov y asegurarnos de que Europa no siga una deriva autoritaria que ponga en peligro el futuro de nuestras libertades.

Los y las líderes políticas y los medios de comunicación tienen una responsabilidad inmensa en este sentido. No podemos permitir que la búsqueda de seguridad justifique la erosión de nuestros derechos fundamentales. Debemos recordar que la libertad no es solo una cuestión de principios, sino una necesidad práctica para garantizar que nuestras voces, opiniones y disidencias puedan seguir siendo expresadas sin miedo.

La situación de Pável Dúrov es un claro recordatorio de lo que está en juego. Si no defendemos a Dúrov, estaremos renunciando a nuestra propia libertad.

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