En abril de 2018 Nicaragua se vio envuelta en una crisis de país, como consecuencia de las protestas populares contra la reforma del Seguro Social y de la violencia policial. Pronto los gritos se extendieron como un descontento creciente, durante varios meses, hasta la petición ciudadana de dimisión del presidente Daniel Ortega y de la vicepresidenta Rosario Murillo. Las manifestaciones reclamaban, además, elecciones anticipadas. El Gobierno reaccionó de inmediato. La policía y los militares recibieron la orden de reprimir a tiro limpio y en los dos meses y 29 días que duró la insurrección ciudadana fueron asesinadas 325 personas.

Según el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) en menos de dos semanas fueron detenidas unas 600 personas de las que 119 siguen presas. Oleadas de represión, desde abril de 2018 hasta hoy, se ensañaron con periodistas que marcharon al exilio en un total de 253; otros 56 medios de comunicación fueron clausurados, algunos de los cuales siguen informando desde Costa Rica. Han sido detenidos docenas de religiosos católicos, cerca de treinta, entre ellos varios obispos, uno de ellos, Rolando Álvarez permanece en una celda de seguridad, después de ser condenado a 26 años de cárcel. Este obispo no acepta el destierro voluntario. ¿Imputado por qué? Por lo mismo que todos, por traición a la patria.

Por orden de la vicepresidenta Rosario Murillo, se sigue persiguiendo a veteranos sandinistas que no están de acuerdo con Daniel Ortega y su gobierno. Las purgas alcanzan a ex altos funcionarios y a veteranos que ocuparon cargos en los gobiernos sandinistas anteriores y fueron parte del círculo íntimo de Ortega. Desde aquel 2018 hasta hoy, Ortega ha cerrado cientos de ONG y asociaciones gremiales, 37 de las cuales son redes internacionales y 19 empresariales. Además, 316 personas han quedado en la actualidad en situación de apátridas que esperan en países vecinos una posibilidad de ingresar a su país. Les aguarda juicios por traición a la patria. Para llevar a cabo los planes de represión el Gobierno cuenta también con miles de milicianos, en otro tiempo denominados “turbas divinas”.

Los primeros cierres de asociaciones se justificaron en un supuesto proceso de ordenamiento de las organizaciones de la sociedad civil. Enseguida el Gobierno ordenó la incautación de bienes y cuentas corrientes. El siguiente paso fue la acusación de recibir dinero extranjero para fortalecer la conspiración contra el gobierno.

Desde el primer momento el régimen que controlan Ortega y Murillo afirmó que se trataba de un golpe de Estado, algo difícil de defender. Quienes se manifestaban en las calles aquel mes de abril y siguientes de 2018, eran jóvenes universitarios y muchas mujeres de los mercados (vivanderas). Tenían en contra al Ejército, a las fuerzas de policía, a los jueces y juezas, a las fiscalías, a las milicias paramilitares, a medios de comunicación. Enfrente, los jóvenes y las mujeres tenían como armas, la voluntad, las ansias de vivir mejor, el sueño de la justicia. Nadie podía creerse lo del golpe de Estado que no fue otra cosa que una manipulación para cambiar la realidad y justificar nuevas medidas represivas. El supuesto golpe de Estado fue usado como un clavo ardiendo para tratar de sostener una apariencia de que la CIA estaba detrás.

El caso de Dora María Téllez ilustra muy bien la tragedia. Historiadora, activista política, excomandante guerrillera, fue ministra de Salud en los gobiernos sandinistas de la década de los ochenta. Ella fue la mujer que dirigió el asalto al palacio nacional de Nicaragua, el 22 de agosto de 1978, manteniendo retenido al parlamento somocista. Bajo su liderazgo logró la libertad de los presos políticos a cambio de dejar libres a los rehenes. Fue y es una mujer de leyenda que soportó 605 noches en el infierno de la cárcel del Chipote, siempre sin luz. En junio de 2021 Téllez fue encerrada en la temida cárcel de El Chipote en Managua por “traición a la patria” y más tarde se le imputó el cargo de “conspiración”. Junto con Téllez, España concedió la nacionalidad a 222 nicaragüenses en el mes de enero de 2024 lo que enseguida fue publicado en el BOE. Figuras como Gioconda Belli, Sergio Ramírez y Mónica Baltodano encabezan una larga lista de personas desnacionalizadas por la pareja Ortega-Murillo y perseguidas “con la represión en los talones”.

En Nicaragua la corrupción está presente en todo el ámbito de la política. También en el de la ideología desde el momento que las políticas del régimen se disfrazan de antiimperialistas para ocultar su autocracia. Hoy, Nicaragua es el país más corrupto de Centroamérica y el segundo del continente americano, junto con Haití, según el último informe de Transparencia Internacional, una Organización No-Gubernamental que monitorea el estado de la corrupción en el mundo.

La posición de Nicaragua se explica entre otras razones por la manipulación del poder judicial, la ausencia de división de poderes, la opacidad en la rendición de cuentas del Gobierno y la influencia indebida por parte de elites económicas y políticas. En concreto el poder judicial se ha convertido en una herramienta para atacar a jueces y fiscales honestos. No es extraño que el 79% de los nicaragüenses perciban corrupción en el régimen. Pero, ¿cuándo comenzaron Daniel Ortega y Rosario Murillo a corromperse?

Todo empezó con la llamada Piñata Sandinista que se disfrazó como un movimiento para confiscar propiedades de la familia Somoza y sus allegados. Fue más que eso, a la vez fue un caso de corrupción y apropiación de bienes públicos y privados por parte de falsos sandinistas antes de abandonar el poder en 1990. En el período entre la derrota electoral del 25 de febrero de 1990 y la toma de posesión de su adversaria Violeta Chamorro el 27 de abril del mismo año, los falsos sandinistas transfirieron la propiedad de gran cantidad de inmuebles y bienes públicos, algunos previamente expropiados, a sus organizaciones afines y, mayoritariamente, de manera personalizada a sus dirigentes como el mismo presidente Daniel Ortega, su hermano Humberto y el controvertido dirigente Tomás Borge, ex ministro el Interior. Los familiares y personas próximas al presidente se apropiaron de empresas y tierras. Otros bienes, como empresas de transporte, madera, fábricas de azúcar y mataderos fueron a parar nominalmente a manos del FSLN pero posteriormente se entregaron también a manos privadas de familiares y colaboradores de Ortega y Murillo. El propio presidente Ortega se apropio de una enorme casa-mansión en el reparto El Carmen de Managua, aprovechándose de la llamada “ley de los ausentes”. El verdadero propietario Jaime Morales Carazo, había estado reclamando la propiedad durante 20 años, litigio que terminó con la cesión de la mansión a nombre de Ortega a cambio de que Morales fuera nombrado vicepresidente en uno de los gobiernos del dictador.

Realmente Daniel Ortega y Rosario Murillo no esperaban perder las elecciones que fueron ganadas por la oposición aliada en la Unión Nacional Opositora con Violeta Chamorro como candidata. Lo cierto es que los sandinistas, en la derrota, mostraron inicialmente sentido común. Nada más decantarse el escrutinio por la victoria de la oposición, los sandinistas reconocieron su derrota y entregaron el gobierno y el poder con diligencia. El escenario parecía ser democrático.

Pero todo comenzó a ser distinto cuando Ortega ganó las elecciones presidenciales en 2006, siendo reelegido en 2011, 2016 y 2021. En esos años una trama política organizada y conducida por la familia Ortega-Murillo, fue extendiendo su ladrocinio, a la par que iban haciendo del FSLN una herramienta para alcanzar un poder autócrata que terminó por sustituir un partido político comprometido con las mayorías sociales por una máquina de represión al servicio de un grupo familiar instalado en el poder.

Duró poco la dignidad de los que se convirtieron en falsos dirigentes sandinistas. Por el otro lado, de entre los sandinistas honestos, 120.000 emprendieron el camino del exilio y buscaron refugio en Costa Rica.

Recuerdo aquel 25 de febrero de 1990. A las 6.15 horas de la mañana, vimos aparecer en pantalla a un irreconocible Daniel Ortega que con voz entrecortada afirmaba: “el cambio de Gobierno no significa, de ninguna manera, el fin de la revolución”. Pero lo fue. Y en muy buena parte lo fue porque un falso sandinismo emprendió una triste carrera por apropiarse de bienes públicos y privados. Y no es que el gobierno de Violeta Chamorro fuera un ejemplo de transparencia, sólo que respetó mucho más la libertad de expresión y las leyes vigentes.

Quienes sufrieron el despojo de sus bienes reclamaron sin éxito. En cambio, el gobierno de Violeta Chamorro tuvo que hacerse cargo de una deuda acumulada por el Estado de 2.200 millones de dólares, en concepto de compensaciones. Al final muchas de las propiedades incautadas quedaron en manos de quienes desde 1979 controlaban el país y hoy lo siguen haciendo.

Politólogo especialista en Relaciones Internacionales y Cooperación al Desarrollo