Durante las últimas semanas hemos asistido a movilizaciones y protestas de los agricultores en el Estado, y en Euskal Herria. El malestar es muy real. El núcleo de estas protestas, aunque también hay diferencias como luego veremos, se focalizan en la enorme burocracia para cualquier trámite; la competencia desleal de muchos productos que entran en el mercado sin cumplir las mismas reglas ni los mismos estándares en virtud de una política comercial de libre mercado; los bajos precios que cobran dentro de la cadena alimentaria; los seguros agrarios, que no se están adaptando lo suficiente a los fenómenos extremos derivados del cambio climático como la propia sequía...
Por comentar algunas de estas reivindicaciones, la exigencia de precios para cubrir costes es un principio fundamental, ya que a unos los precios les permiten únicamente sobrevivir o desparecer, y otros son capaces de obtener beneficios.
La competencia desleal es otro de los motivos de las protestas. En el caso del Estado español se centra en los productos de terceros países. Los productos importados no tienen que cumplir las normas comunitarias en materia laboral. A las empresas de otros países se les permite, por tanto, el trabajo de menores y salarios más bajos a los trabajadores. También hay una mayor permisividad en el uso de plaguicidas y agroquímicos, lo que facilita mayores rendimientos.
Hoy en día, el mundo rural tiene que continuar, entre otras cosas porque es aquello de donde viene para alimentarnos. Ahora bien, preservar la agricultura y la ganadería solo será posible si las condiciones climáticas, de fertilidad del suelo, de biodiversidad, se mantienen. Esto lo estamos viendo ya en muchas partes del mundo donde zonas que eran fértiles y que tenían grandes comunidades rurales que vivían de la agricultura se desplazan, tienen que dejar sus tierras, su modo de vida, precisamente por los impactos del cambio climático. En este sentido, lo que haya que hacer con la agricultura y la ganadería debe tener una visión climática y ecológica.
La península Ibérica es una de las zonas más afectadas de Europa por los impactos del cambio climático, incluida, Euskal Herria. Es importante entender qué, si queremos mantener sistemas agrícolas, sistemas ganaderos que no solo produzcan alimentos, sino que efectivamente mantengan vivas una amplia variedad de comunidades rurales a lo largo de todo el conjunto del Estado español, debemos tener en cuenta el uso del agua respetando los límites de los ecosistemas, y la sequía.
El perfil de las movilizaciones que está habiendo estos días es diverso. El descontento afecta no solo a gente trabajadora, sino también a pequeños empresarios, medianos empresarios y grandes empresarios. Lo que llamamos campo no es homogéneo. No es lo mismo un agricultor que cultiva cereal en Navarra, que un pequeño empresario de la huerta murciana, que una pequeña explotación ganadera en el País Vasco, y por supuesto, que terratenientes, que son los principales beneficiarios de la PAC, aunque no los haya en el caso de Euskal Herria.
Muchas veces metemos en el mismo saco problemáticas que no tienen nada que ver las unas con las otras. Aunque las diversas explotaciones existentes, diferentes unas u otras, es que van a tener unos impactos de fenómenos atmosféricos, de falta de agua, de sequía, generados por el cambio climático. Eso sí que es común, y hay que hacerle frente. Pero, además de la crisis climática, también tenemos, y esto es fundamental en agricultura, todo lo que tiene que ver con pesticidas, fertilizantes, que están agotando la fertilidad del suelo.
Estos días hemos oído críticas a la Agenda 2023 de Naciones Unidas en algunas movilizaciones, auspiciadas por determinadas plataformas que representan a los intereses de grandes empresas o de partidos políticos de derecha y de extrema derecha. Pero, ¿qué tiene que ver la Agenda 2030 con todo lo que está pasando en el campo? Bastante poco.
Cuando leemos con detalle la Agenda 2030, que nació el 25 de septiembre de 2015 cuando 193 estados miembros de Naciones Unidas la aprobaron, hay que entenderla como un acuerdo global, que es un horizonte trazado con valores compartidos. El marco es claramente el de los derechos humanos. Se habla de acabar con el hambre en el mundo, de acceso universal a la sanidad, a la educación en la paz, de vida sostenible, del cuidado del medio ambiente. Dicha Agenda está compuesta por 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) cuya finalidad es promover la prosperidad y el bienestar de la humanidad del planeta. ¿Quién puede estar en contra de eso?
Volviendo al caso de Euskadi, las movilizaciones convocadas por los sindicatos agrarios han estado centradas en el cese inmediato de las negociaciones de libre comercio, la necesidad de que los precios de los alimentos incluyan los costes de producción y la simplificación de la burocracia., tal y como se ha publicado en diferentes medios.
En los últimos tiempos han nacido diversas asociaciones de productores, asociaciones de consumidores, organizaciones ambientales y de defensa del territorio, que se plantean promover la transición a un modelo a pequeña y mediana escala, sostenible, diversificado, agro-ecológico y destinado prioritariamente a la comercialización y consumo local, con precios justos tanto para las personas productoras como consumidoras, que reduzca la contaminación y los plaguicidas, que disminuya la burocracia y frene la desaparición del sector agrario familiar y del mundo rural, y que es en lo que se basa el movimiento de Soberanía Alimentaria. Pero, ¿este movimiento puede acabar con el modelo agroindustrial actual? ¿Cabe un campo sostenible que produzca alimentos a un precio asumible para el ciudadano medio?
Veo complicado las dos cosas. Ahora bien, sí que estoy de acuerdo en que es necesario una transformación del sistema agroalimentario hacia modelos más locales, de circuito corto y de base agroecológica, y hay que ir en esa dirección progresivamente. En cuanto al precio de venta de los productos, los de aquí, pueden ser más caros que los que vienen de terceros países, aunque también habría que tener en cuenta que estos productos, que en muchos casos provienen de confines muy lejanos, suponen más emisiones de gases de efectos invernadero debido al transporte, y también habría que ver como se producen y en qué condiciones. Son costes sociales y ambientales que no se tienen en cuenta.
El cambio climático es uno de los principales desafíos al que el campo, la agricultura y la ganadería deben hacer frente. La solución no es que existan medidas ambientales, nada de eso, pero hacen falta más mecanismos e instrumentos para ayudar a los baserritarras a adaptarse a la crisis climática, ya que no se puede producir en verde si estás prácticamente en números rojos.
Experto en temas ambientales y Premio Nacional de Medio Ambiente
