Además de la fuerte polémica sobre la amnistía y la investidura, que vienen monopolizando la atención de todas las formaciones políticas desde el 23-J hasta el día de hoy (y no es nada descartable que lo siga haciendo próximamente), hay también otros temas que deben merecer algo más de atención de la que habitualmente les prestamos. Entre ellos, la cuestión migratoria, que no puede quedar relegada al olvido en la agenda política ya que, como los hechos ponen de manifiesto de forma insistente, está adquiriendo un protagonismo creciente que no cabe ignorar. Se trata, además, de un problema que es común a todos los países que integramos la Unión Europea pero que concierne de forma especial a los que por su situación geográfica, como es nuestro caso, se ven afectados más directamente por la persistencia de unos flujos migratorios que no sólo no decaen sino que, por el contrario, están mostrando una intensidad creciente.

Ya en la anterior cumbre de la UE (Bruselas, 30 junio), con la que se cerraba la presidencia semestral sueca y se abría la actual presidencia española en curso, la cuestión migratoria fue uno de los temas clave y, a pesar de ello, no fue posible llegar a un acuerdo común. En la reciente cumbre de Granada (6 octubre), si bien de carácter informal (la formal está prevista para los próximos 26-27 en Bruselas) el mismo tema ha vuelto a estar presente y ha seguido siendo objeto de fuertes controversias entre los miembros del Consejo europeo. Hasta el punto de que, al igual que ocurrió en la cumbre de Bruselas de junio, tampoco ha sido posible ahora alcanzar un acuerdo común; lo que es una muestra de los problemas que plantea esta cuestión en las instancias decisorias de la Unión Europea, que es donde necesariamente ha de ser planteada dado que se trata de un problema que desborda por completo el marco de cada uno de los Estados miembros de la UE y se plantea, ante todo, a escala europea.

En este sentido, las cumbres europeas (y asimismo, las reuniones periódicas de los Consejos de ministros en la UE) proporcionan el marco más idóneo para tratar sobre este asunto y para poder adoptar las medidas necesarias, ya que estas para ser realmente eficaces tienen que ser de ámbito europeo, que es en el que se plantean los problemas relacionados con la gestión de los flujos migratorios. Y, además, otro requisito que es preciso cumplir para que las medidas adoptadas tengan efectividad real es que sean vinculantes para los destinatarios de las mismas, que no son otros que los Estados miembros de la UE. Cabe un cierto grado de flexibilidad en la aplicación de las medidas que se decidan, porque no todos los países están en las mismas condiciones ni tienen los mismos problemas, pero siempre que ello no suponga eludir los compromisos inherentes a la pertenencia a una comunidad, la europea en este caso, que exige el cumplimiento de las decisiones adoptadas y de las normas que son comunes.

De acuerdo con estas premisas, no puede decirse que la reciente cumbre de Granada haya supuesto avance alguno en el afrontamiento de la cuestión migratoria. El hecho de que en la Declaración final haya habido que eliminar las referencias a este asunto, que era uno de los puntos más importantes a tratar en el marco de la consecución del denominado pacto migratorio, constituye la muestra más expresiva de la irrelevancia de la cumbre de Granada en el tratamiento de la crisis migratoria. Ello resulta más significativo aún si se tiene en cuenta el carácter informal que tenía esta cumbre, lo que proporcionaba una buena oportunidad para poder aproximar posiciones entre los máximos representantes de los Estados miembros y facilitar así la consecución de consensos básicos en este terreno, con vistas a su formalización posterior en la cumbre formal a realizar próximamente, en la que este tema volverá a plantearse de nuevo.

Por lo demás, esta cumbre ha servido más que para avanzar en el tratamiento y solución de los problemas que plantea la seria crisis migratoria que está experimentando últimamente la UE, como sería de desear, para reiterar lo que ya se ha venido haciendo hasta ahora y que se ha revelado como muy poco eficiente para afrontar la gestión de los flujos migratorios. En este sentido, sólo cabe constatar el mantenimiento de las posiciones que conciben la cuestión migratoria como una amenaza a la que hay que hacer frente poniendo todas las trabas posibles para impedir que las oleadas migrantes, especialmente las procedentes de África (las de otras procedencias, como Ucrania por ejemplo, tienen otro tratamiento), invadan el territorio europeo. Asimismo, se ha vuelto a manejar el ya conocido lema de la solidaridad flexible, eufemismo que además de corroborar la falta de acuerdo entre los Estados miembros para adoptar una posición común, es una invitación a que cada uno haga lo que quiera (mediante el pago de 20.000 euros, que es el módico precio establecido por unidad migrante).

A falta de compromisos concretos para afrontar los problemas del presente, entre ellos el de la inmigración, lo que no ha faltado en la Declaración final ha sido la retórica, que suele ser habitual, sobre planes difusos de futuro referentes a la autonomía estratégica de la UE, el desarrollo de nuestra base tecnológica industrial, el crecimiento sostenible, la necesidad de afrontar los riesgos climáticos y medioambientales, etc. Particular atención merece el objetivo de la ampliación de la UE, cuya súbita irrupción en la agenda del Consejo europeo y la urgencia con la que se ha planteado no deja de llamar la atención, sobre todo si se tiene en cuenta que se trata de una cuestión que estaba aparcada a la espera de acordar una posición común ante la incorporación de los países balcánicos, que era la próxima ampliación prevista. Sin embargo, la urgencia de incluir a Ucrania, país que dicho sea de paso no cumple ninguno de los requisitos que se exigen a todos los demás, ha forzado la alteración de la agenda y las prioridades de la cumbre de Granada hasta el punto de convertirse en el tema estelar de la misma.

Dada la coincidencia, que no parece casual, de la cumbre de la UE con la otra cumbre de la Comunidad Política Europea (CPE), resulta obligado hacer una breve referencia a esta, aunque sólo sea para reseñar que, aparte de proporcionar a sus participantes una oportunidad para disfrutar del marco incomparable de la Alhambra y hacerse la correspondiente foto, no está nada claro que haya servido para algo más. En cualquier caso, no parece que en ella se hayan hecho aportaciones significativas al tratamiento de los principales problemas que tiene planteados en la actualidad Europa y, entre ellos, el de la crisis migratoria.

Hay, por último, un punto al que es obligado hacer referencia siempre que se trate la cuestión migratoria, como es la incidencia que ésta tiene en los procesos políticos internos de los países miembros de la UE, así como también de ésta en su conjunto. Hoy el tema migratorio es un asunto objeto de agudas controversias y generador de una fuerte polarización entre las formaciones políticas en el seno de los Estados miembros de la UE, lo que condiciona de forma determinante los acuerdos (o la falta de ellos) tanto para la formación de gobiernos y de las mayorías parlamentarias que los respalden como para ejercer la oposición. De cómo se afronte y del tratamiento que se dé a este asunto en el marco de la UE, que es preciso reiterar es el más idóneo para ello dado el ámbito en el que se plantea este problema, depende en buena medida la estabilidad política interna en los Estados miembros de la UE; además, claro está, de la propia UE, que tiene en ello una asignatura pendiente que debe aprobar sin aplazarla más.

No sería nada realista pretender que en la cumbre de Granada se hubiesen resuelto definitivamente todos los problemas que plantea la crisis migratoria actual; pero sí podía esperarse que en ella se diesen algunos pasos para ir avanzando, aunque fuese limitadamente. No puede decirse que haya sido así, lo que tiene su expresión más contundente en la exclusión de una mera referencia a la cuestión migratoria en la Declaración final. Si bien la de Granada era una cumbre informal no cabe abrigar muchas esperanzas, a juzgar por las posiciones mantenidas por los participantes en ella, de que en la próxima cumbre formal (prevista para los próximos 26-27) se den avances significativos en este tema. Sólo cabe concluir que se ha perdido, una vez más, una buena ocasión para demostrar que las cumbres de la UE sirven para afrontar los problemas comunes de los europeos, entre ellos el de la seria crisis migratoria que, reiterémoslo las veces que haga falta, es clave para el futuro de la Unión Europea.

Profesor