Ni cambio ni remontada. Por muy poquito, pero no se produjeron ni el uno ni la otra. Era una de las posibilidades dentro del margen de error que anunciaban las encuestas. La frustración de quienes se veían con posibilidad de ser claros ganadores contrastaba con el alivio de quienes se conformaban con haber empatado, pero el resultado en clave parlamentaria no podría haber sido más incierto. Aunque son muchos los elementos de interés para un análisis electoral, quiero centrarme hoy en tres constantes electorales que vuelven a salir confirmadas.
La primera es el impacto que ejerce el sistema electoral al traducir los votos populares a escaños parlamentarios. Las elecciones del domingo confirman, una vez más, la gran ayuda que el sistema electoral supone para los dos partidos dominantes. Ambos partidos no solo se benefician de la fórmula matemática aplicada (conocida como método D’Hondt), sino principalmente del diseño de las circunscripciones electorales. Este elemento otorga a un sistema teóricamente proporcional una enorme dosis de tendencia mayoritaria. Ello se debe a que el número medio de escaños que se eligen por circunscripción es muy bajo. En las elecciones al Congreso la magnitud media de las circunscripciones es igual a 6,7, un número muy inferior al de los demás países europeos que utilizan la fórmula D’Hondt: Noruega, Islandia, Portugal, Finlandia, Bélgica, Luxemburgo o Países Bajos.
Este elemento del sistema electoral tiene su origen en la Ley para la Reforma Política de 1976 y fue incorporado a la Constitución, manteniendo la provincia como circunscripción, lo que prácticamente imposibilita su reforma. Cuando la magnitud media es baja se produce una distorsión notable entre el porcentaje de votos que obtienen determinadas candidaturas y el de escaños que obtienen. Esto siempre ha beneficiado a las dos grandes formaciones, PSOE y PP (UCD en 1977 y 1979). La comprobación es sencilla. Si aplicáramos criterios estrictamente proporcionales a los datos producidos el domingo, el PP debería haber obtenido 117 escaños (es decir, 19 menos de los que realmente ha obtenido) y el PSOE 112 (10 menos). Esto supone que ambos partidos han recibido conjuntamente el 65% de los votos totales, pero tendrán el 74% de los diputados del Congreso. Los perdedores son siempre las restantes formaciones de ámbito estatal y buena parte de las formaciones de ámbito territorial, que obtienen menos escaños de los que proporcionalmente les corresponderían.
Esta “corrección electoral”, que por reparto territorial siempre favorece más a las formaciones conservadoras que a las progresistas, provoca importantes consecuencias no solo respecto a la conformación de gobiernos, sino también en relación con las mayorías necesarias para nombrar a miembros de relevantes órganos constitucionales, la impugnación de leyes o la propia reforma constitucional.
La segunda constante electoral guarda relación con la anterior. Este sistema electoral, que de manera persistente favorece a unos determinados partidos en perjuicio de otros, es un instrumento que protege el bipartidismo en el que se mueve el sistema. A pesar de lo vivido en la última década, el bipartidismo juega con el sistema a favor y un reforzamiento o vuelta al mismo era cuestión de tiempo. La dinámica parlamentaria del Congreso no puede sostenerse durante mucho tiempo en torno a un modelo multipolar, porque el sistema electoral trabaja de manera constante por la vuelta a un bipartidismo acusado que, con sus vaivenes, es una constante del sistema. Quienes vieron en un momento dado posibilidades de vencerlo (Podemos en 2015 o Ciudadanos en 2019) se equivocaron porque no calibraron hasta dónde este modelo está arraigado en el propio sistema diseñado en 1976 y, en realidad, en la propia Constitución. Este domingo PSOE y PP se llevaron casi dos tercios de los votos y casi tres cuartos de los escaños, reafirmando niveles de bipartidismo de hace más de diez años.
Por último, los resultados electorales del domingo vuelven a constatar que el Estado español no constituye un único sujeto político. A diferencia de la mayor parte de los países del entorno, en las elecciones generales conviven tres sujetos distintos. Muchas convocatorias electorales constatan el comportamiento político diferenciado de Catalunya, Euskadi y el resto del Estado. Son tres realidades sociopolíticas diferenciadas, con dinámicas electorales no ya diferentes sino incluso divergentes. También es constante su diferencia en los numerosos sondeos y encuestas de opinión sobre cuestiones políticas, desde el apoyo a la monarquía hasta la defensa del derecho a decidir pasando por otros asuntos sociales o económicos. Ello confirma la realidad plurinacional del Estado. Ningún analista político neutral y serio podría obviar que existen tres sociedades diferentes con expresiones políticas distintas y dinámicas propias.
Los resultados electorales del domingo son distinguibles, en primer lugar, por el color de la fuerza más votada en cada circunscripción. Este domingo, el PP fue la primera fuerza en 40 de las 52 circunscripciones electorales al Congreso, pero en ninguna de las ocho circunscripciones catalanas o vascas, en las que, además, a diferencia de las restantes, se encuentra muy lejos de dicha posición. Además, la dominación bipartidista a la que antes aludía se quiebra única y exclusivamente en estos territorios. La suma del PP y PSOE llega al 70% del voto en el resto del Estado y las demás Comunidades Autónomas, pero baja acusadamente en Catalunya, Navarra y la CAV hasta situarse en cada una de ellas por debajo del 50% de los votos. Si tomamos como referencia el voto al bloque de derecha, la suma de votos al PP y Vox se queda en la CAV en el 14%, en Catalunya en el 21% y en Navarra en el 22%, pero en el resto del Estado alcanza nada menos que el 53% del voto válido. La diferencia es abrumadora porque la realidad sociopolítica es abrumadoramente diferente. Fuera de Catalunya y Euskadi, la victoria del bloque PP y Vox es arrolladora y su mayoría absoluta sería muy holgada. Si el resultado final ha arrojado lo que los británicos llamarían un “parlamento colgado” (hung parliament) es porque Catalunya y Euskadi han votado tan diferente de las demás Comunidades Autónomas que han neutralizado la abrumadora victoria conservadora que se ha producido en el resto del Estado.
Que Catalunya y Euskadi constituyen sujetos políticos con dinámica propia no puede negarse porque los datos electorales y sociológicos así lo confirman de manera reiterada en el tiempo. Hay al menos dos sociedades o naciones que no se identifican con la sociedad mayoritaria del Estado y que, solo en ocasiones, consiguen condicionar decisivamente el resultado global. Que el Estado es plural y no mononacional es una realidad difícilmente discutible si se analiza con una mínima objetividad científica. Ello puede gustar más o menos, pero resulta innegable que las diferencias políticas de Catalunya y Euskadi no son equiparables a las que pueda haber entre otros territorios que coinciden en las dinámicas políticas, y apoyan mayoritariamente a los partidos dominantes, más allá de las lógicas variaciones graduales territoriales. Euskadi y Catalunya son sujetos políticos diferenciados pero minoritarios porque la composición política del Estado es plural, pero marcadamente asimétrica. Esta asimetría tan acusada es la que dificulta que la mayoría estatal asuma su propia realidad diversa y una adecuada canalización democrática de la misma.
Este “parlamento colgado” parece una oportunidad de oro para afrontar definitivamente la convivencia plurinacional en el Estado, pero ello precisaría de mucho espíritu constructivo, algún tipo de acuerdo constituyente y voluntad en el resto del Estado, algo que a tenor de los resultados de este domingo no parece fácil que se produzca.
