¿Quién no quiere Protección Civil municipal?

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Bases de Régimen Local de 1985 (Ley del Estado español que regula las competencias municipales), el Municipio ejercerá en todo caso como competencias propias las de Policía local, protección civil, prevención y extinción de incendios (art. 25), debiendo prestar, en todo caso, los servicios de protección civil, prevención y extinción de incendios, en los municipios de más de 20.000 habitantes (art. 26). Así pues, parece claro que los ayuntamientos de más de veinte mil habitantes han de tener servicios de protección civil obligatoriamente y los más pequeños también podrían tenerlos si quisieran ya que es una cuestión de soberanía y autonomía municipal pues se trata de una competencia propia.

La Ley de protección civil la definía doctrinalmente como la protección física de las personas y bienes, en situación de grave riesgo colectivo, catástrofe o calamidad pública en la que la seguridad y la vida de las personas pueden peligrar y sucumbir masivamente. Aquella ley expresaba que sería equivocado crear exnovo unos servicios específicos, y sin embargo la realidad fue que tanto las CCAA como las corporaciones locales desarrollaron nuevas organizaciones de protección civil, en muchas ocasiones basadas en el voluntariado. Esto puso en escena cientos de organizaciones heterogéneas que de muy diversa manera han pretendido cumplir una labor tanto en auxilio de los servicios de emergencia como en acciones directas de atención a los ciudadanos y de intervención en situaciones de emergencia. Las organizaciones existentes se han mantenido en el tiempo y han demostrado su eficacia.

Voluntariado de emergencias en la Comunidad autónoma vasca

El Decreto 24/2010, de 19 de enero, sobre la participación voluntaria de la ciudadanía en el sistema vasco de atención de emergencias contempla la existencia de las organizaciones locales de voluntarios y voluntarias de protección civil de Euskadi, las que tienen como fin la colaboración desinteresada en tareas de protección civil como instrumento de participación ciudadana en la esfera de actuación de los entes locales.

En este decreto también se contempla la existencia y regulación de los bomberos voluntarios desarrollando las funciones de prevención y extinción de incendios y de salvamento propias del servicio en que se integren. Pero en 2023, una nueva Ley de bomberos en trámite en el Parlamento Vasco, que ha sucumbido a los embates corporativos de los sindicatos, que están decidiendo qué tipo de servicios tienen que recibir los ciudadanos vascos, no va a desarrollar este tipo de voluntariado que se cuenta por decenas de miles en los países al norte de los Pirineos. Ojalá esta ley dure poco y un gobierno con agallas regule el voluntariado en los servicios de bomberos para que Euzkadi sur sea un poco más europea. Todavía están a tiempo de detenerla.

A cuenta del presente conflicto asindical en la Ertzaintza, Emilio Olabarría cuestionaba hace unos días en este medio: “qué sistema político legitima a los funcionarios a atribuirse el ejercicio de funciones públicas reservadas a las instituciones políticas particularmente el diseño del Sistema de Seguridad Pública de Euskadi”. Pues bien, la anterior Ley de Bomberos fue retirada del calendario legislativo en una legislatura anterior (en 2016) ante las manifestaciones de los bomberos ante el Parlamento Vasco, mostrando la debilidad de un gobierno ante un grupo de funcionarios. De aquellos polvos, estos lodos.

Por el momento, en la CAV (más de 2 millones de habitantes) hay 26 organizaciones de Protección civil (5 en Araba, 14 en Bizkaia y 7 en Gipuzkoa) que cuentan con 431 voluntarios. Nada que ver con los casi 2.000 bomberos voluntarios que tiene nuestra vecina región francesa de los Pirineos atlánticos con 600.000 habitantes. ¡Qué envidia! Tan lejos de aquellos países a los que en teoría nos queremos parecer.

Voluntarios de protección civil municipal

El caso es que, no disponiendo de bomberos voluntarios, los voluntarios de protección civil son una buena alternativa.

Las corporaciones de pequeños municipios (y no tan pequeños) pueden contar con una agrupación de voluntarios de protección civil con una gran versatilidad. La disponibilidad absoluta de los voluntarios y voluntarias de protección civil resulta sumamente atractiva pues este voluntariado ofrece un amplísimo abanico de actuaciones atendiendo casi todas las necesidades de los ciudadanos en todo tipo de emergencias: prestan asistencia sanitaria en todo tipo de accidentes; servicios de orden en la celebración de eventos de participación masiva; realizan vigilancias; extinción de incendios, rescates en la montaña, búsquedas de personas desaparecidas, salvamento y socorrismo; colaboran en la regulación del tráfico; participan en la divulgación a la sociedad de medidas de prevención; en las emergencias catastróficas han demostrado su utilidad atendiendo a la población, salvando a los ciudadanos, trasladando damnificados, repartiendo alimentos, atendiendo albergues, limpiando, barriendo, etc., etc. Y además colaboran con todos los demás servicios públicos. En definitiva, haciendo lo que haga falta hacer. ¡Y con entusiasmo! Imaginemos la gran labor que podrían desempeñar en el Tour, empezando por la cobertura de los propios municipios que debido a los férreos cortes de carretera se quedarán sin servicio de ambulancias y de bomberos durante varias horas.

Debido a la amplitud de esta carta de servicios del voluntariado, los ayuntamientos deben ir descubriendo la conveniencia de invertir recursos en el voluntariado social y entre este voluntariado se encuentran las agrupaciones de protección civil. Son inversiones muy rentables a corto plazo para la comunidad.

Voluntariado de protección civil en las catástrofes

No es ningún secreto (excepto para los negacionistas) que el cambio climático está produciendo efectos para los que no estamos suficientemente preparados. La mayor frecuencia e intensidad de fenómenos climatológicos adversos como lluvias torrenciales, inundaciones, olas de calor, sequías, incendios forestales, temporales, vientos huracanados, etc., va a poner a prueba nuestra capacidad de resiliencia especialmente a nivel municipal. Los servicios de emergencia gubernamentales y provinciales no darán abasto a atender a todos los ayuntamientos; incluso los servicios de emergencia, sus edificios e instalaciones pueden resultar afectados y ser víctimas y damnificados viendo mermada su capacidad de asistencia. En esta tesitura que no es difícil de pronosticar, quien no se haya preparado con tiempo no estará preparado para atender a su población. La respuesta a las emergencias hay que planificarla con antelación, es necesario organizarse antes; cuando se cierne la amenaza no es momento de ponerse a improvisar: será tarde.

Creo que la mayoría de la sociedad está de acuerdo en que los poderes públicos deberían propiciar y favorecer la creación de entidades de voluntariado social allí donde la ciudadanía se organice de forma espontánea.

Ahora que se han constituido los ayuntamientos es el momento en que se creen las áreas municipales y que algún concejal adquiera la responsabilidad política de poner en marcha un servicio de protección civil municipal apoyado en el voluntariado vecinal.

Y si algún alcalde tiene dudas que haga una consulta entre sus vecinos.

Analista social