El Salvador es uno los pocos países que prohíben el aborto terapéutico. Los otros son Honduras, Nicaragua, República Dominicana, Malta y el Vaticano. Lesly es la tercera de siete hermanos en una familia en situación de extrema pobreza que se dedica a la agricultura. No terminó su educación secundaria y desde temprana edad asumió las tareas del hogar, según explican organizaciones nacionales de derechos humanos.

Vivía en un hogar sin agua ni energía y en junio de 2020, tras ir al baño en una letrina de su casa, comenzó un trabajo de parto precipitado expulsando la criatura en gestación, detallan estas organizaciones.

Morena Herrera, portavoz del movimiento feminista salvadoreño, le dijo a BBC Mundo que se cometieron irregularidades en el proceso judicial contra Lesly, dado que el juez del caso no admitió peritajes de la defensa, ni un estudio del Instituto de Medicina Legal, ni tampoco un estudio psicológico en el que se recomendaba someter a la acusada a un análisis psiquiátrico. “Sencillamente el tribunal actuó con prejuicios de género” en palabras de Herrera.

No es el primer caso de dura condena por aborto en El Salvador. Guadalupe Vásquez fue condenada en 2008 a 30 años, y tras cumplir siete pudo lograr el indulto gracias a la presión internacional y de organizaciones salvadoreñas. Es el primer indulto concedido en El Salvador por un caso de aborto. En El Salvador, los abortos involuntarios pueden ser tratados por la justicia como “homicidios agravados”, conllevando penas de hasta 50 años.

Lo significativo es que en El Salvador tanto la derecha en el gobierno como la izquierda (la ex guerrilla FMLN en el gobierno, entre los años 2009-2019) no han hecho absolutamente nada por la despenalización siquiera del aborto terapéutico. En el caso de la derecha por convicción y en el de la izquierda por temor a verse castigada en las urnas por el peso de la Iglesia Católica y de otras iglesias cristianas. O sea, por oportunismo. Lo que desvela el nivel de atraso de una sociedad en la que el peso de lo religioso es decisivo en la lucha por el poder.

En la actualidad Nayib Bukele es un presidente que hace políticas de derechas con discursos disfrazados de progresismo, excepto en un asunto: la prohibición del aborto en todas sus formas. En este punto, Bukele, siendo musulmán, es obediente a los dictados católicos.

En general, los musulmanes no están de acuerdo con el aborto y lo consideran haram (prohibido), pero muchos de ellos –incluyendo juristas, expertos en el islam y médicos– coinciden en que debe ser permitido en ciertos casos. De hecho, en muchos países musulmanes hay una ilegalidad tolerada y el aborto es legal cuando está en riesgo la vida de la madre. Es cierto que esto último criminaliza otros muchos casos de aborto, pero la realidad es mucho más laxa por ejemplo en Marruecos que en El Salvador.

Es interesante apelar a la sabiduría y legitimidad moral del expresidente de Uruguay, Pepe Mujica. Él ha señalado que la ley de despenalización del aborto que se aprobó en Uruguay bajo su mandato no solo evitará muertes de mujeres en abortos clandestinos, sino que además puede llegar a reducir el número de abortos al brindarle apoyos a mujeres en dificultades, sobre todo a las más humildes, a las que están solas. Mujica reconoce estar en contra del aborto y dice: “¿Quién puede ser favorable?, todo el mundo está en contra. Sé que es un tema que desgarra a todos los partidos, donde además hay visiones religiosas. Pero creo que es un hecho real que existe en todas las sociedades y es medio hipócrita seguir tapando”. Tiene razón.

No cabe entender el aborto como algo frívolo, como una radicalidad feminista, sino que es una alternativa humana a un drama humano. Mujica, en su sabiduría, lo que dice es que el aborto clandestino crece en la medida en que la prohibición es más dura. Y ese tipo de aborto causa muchas víctimas y mueren mujeres, no precisamente las que disponen de medios económicos para acudir a clínicas extranjeras.

El movimiento feminista de El Salvador tenía esperanza de que la izquierda salvadoreña en el gobierno, movería las conversaciones y negociaciones necesarias para alcanzar una ley de protección de las mujeres, al menos en casos de aborto terapéutico. Pero no. ¿Será por temor a las consecuencias electorales? ¿Puede ser por convicción de conciencia? ¿No será por falta de coraje? Una oportunidad perdida. El aborto en todas sus formas prohibidísimo para las mayorías, mientras la gente rica se va para Miami con cita para abortar. Pura hipocresía.

El teólogo brasileño Frei Betto dice: “No soy favorable a la criminalización del aborto. Nadie lo hace por gusto. Más bien la criminalización es un incentivo para las clínicas clandestinas. Lo que me intriga de los antiabortistas sectarios es el hecho de que no condenan con el mismo rigor el comercio de armas, la pena de muerte y las guerras”. Frei Betto da en el clavo.

Les cuento un caso dramático ocurrido también en El Salvador. En febrero de 2008, una mujer de nombre Manuela sufrió un aborto tras caerse cuando lavaba ropa en un río. La mujer buscó atención médica, sin embargo, fue acusada y condenada a 30 años por homicidio agravado. Dos años después, murió esposada a una cama de hospital. El caso de Manuela es terrible. Padecía cáncer. Era tan “peligrosa” para el Estado que fue esposada a su propia cama. Esto es, sencilla y llanamente, tortura de Estado.

En este caso de Manuela, organismos de derechos humanos argumentaron que el Estado violó el derecho a la vida, a la salud, a las garantías judiciales y a la protección judicial, dado a que la víctima no recibió un diagnóstico médico integral cuando fue privada de libertad, ni tampoco un tratamiento médico oportuno y adecuado, el cual hubiera permitido prolongar la vida de Manuela, quien falleció luego de padecer una enfermedad cuyos indicios se manifestaron desde 2007. La muerte de la presunta víctima, bajo custodia del Estado, no fue esclarecida mediante una investigación adecuada.

Estando detenida, Manuela fue diagnosticada con linfoma de Hodgkin y recibió tratamiento de forma tardía e irregular, por lo que falleció el 30 de abril de 2010. A Manuela no le llegó la compasión del Estado, tampoco de las iglesias. Un espanto.