Por fin, justicia

Séneca decía que para que una causa sea justa no sólo debe reconocerse un derecho, sino que debe hacerse a tiempo. Y esto es lo que no ha ocurrido con unas personas a las que les asiste la razón: las víctimas del amianto. Las víctimas de un material cuyo uso, masivo por cierto, no fue prohibido hasta 2002 y que ha formado parte de nuestro paisaje, convirtiéndose en un problema de salud pública, un problema vivo. El amianto era un estupendo producto para el sector de la construcción o la metalurgia; era aislante, ignífugo, resistente, maleable y además barato. Está en muchos más lugares de los que nos imaginamos: viviendas, colegios, pabellones industriales, tejados de uralita, macetas o tuberías. Cuando su uso era habitual, allá por la década de los 70, se desconocían los efectos nocivos de esta sustancia. Hoy está probada científicamente la relación directa entre la exposición al amianto y el mesotelioma, un tipo de cáncer que afecta al mesotelio, un tejido que rodea la mayoría de los órganos internos y suele afectar a la zona de los pulmones. Una enfermedad mortal. Desgraciadamente la cifra de personas afectadas es muy elevada y en los años venideros seguirá creciendo, porque hablamos de una enfermedad, que además de ser silenciosa, tarda muchos años en manifestarse.

A lo largo de todo este tiempo, trabajadores y trabajadoras y sus familias han estado solas. Desprotegidas, indefensas y con mucho dolor. Sin respuestas institucionales que les han abocado a tortuosos y costosos procesos judiciales contra empresas que, o bien habían desaparecido ya, o bien rehuían su responsabilidad dilatando los juicios hasta el punto de que la víctima fallecía sin saber que después, en muchos casos, los tribunales le darían la razón. Dramático en cualquier caso, porque la judicialización no es sino un proceso de revictimización.

Ahora, y aunque con demasiados años de retraso, por fin se va a hacer justicia, y las víctimas verán resarcidos los sufrimientos padecidos. Tras un largo peregrinaje, la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Congreso aprobó ayer el dictamen del texto legal, que reclamó el Parlamento Vasco por unanimidad, para constituir un fondo de compensación, que nacerá con una dotación de 25 millones de euros ya consignada en los Presupuestos Generales del Estado para este año. Un fondo que ayudará a víctimas y familias a no tener que luchar en los juzgados, evitando el coste personal y económico que ello acarrea.

Es una deuda que por fin se va a saldar y a la que llegamos gracias a la persistencia, la lucha sin descanso y la determinación de las asociaciones de víctimas del amianto, y muy especialmente gracias al trabajo, la fuerza y el impulso de Asviamie, la asociación vasca. Sus movilizaciones constantes y la perseverancia nos han movido al resto. Instituciones y partidos fuimos permeables a sus justas reclamaciones, y de la mano, trabajamos por conseguir protección y reparación. El camino es cierto que no ha sido nada fácil. La diligencia del Parlamento Vasco se vio frenada por la tardanza del Congreso en debatir nuestra Iniciativa Legislativa. Nosotras y nosotros también hemos sido perseverantes, y hemos acudido cuantas veces hemos podido al Congreso de los Diputados para reclamar justicia, responsabilidad y sensibilidad. La primera vez fue en 2015, y desde entonces no hemos parado hasta ver que ahora, por fin, vamos a corregir una injusticia. Hace muchos años que se tenía que haber resuelto este debate; llegamos tarde. Desde estas líneas, mi reconocimiento y el de mi partido a todas aquellas personas que nunca han cejado en su lucha y que nos han servido de estímulo para no defraudarlas. Mi recuerdo más sentido también para todas las víctimas que se han quedado en el camino y no han podido ver convertida en realidad su petición de reparación. Deben saber que, si hoy estamos aquí, es gracias a ellas.

Parlamentaria de EAJ-PNV