Votar, ¿a quién y para qué?

la calidad de la democracia, en parte al menos, depende de esas condiciones que pueden ser mejores o peores. Así, puede decirse que los procesos electorales que van a tener lugar en los próximos meses en nuestros pueblos van a celebrarse en mejores condiciones que en otras épocas, en las que el miedo por amenazas criminales y la exclusión de determinadas opciones han tenido consecuencias negativas para el ejercicio de la libertad de elección.

Siendo la situación actual mejor, en lo que a las condiciones formales de la participación se refiere, se dan, sin embargo, ciertas condiciones sociales que pueden afectar negativamente a la participación democrática libre, consciente y responsable de la ciudadanía. Entre ellas cabe destacar:

- Las condiciones públicas en las que se desarrolla el debate económico, cultural y político están siendo profundamente alteradas por los nuevos sistemas de información, generando nuevas posibilidades para comunicar, pero también para incomunicar. Al igual que los colectivos de urbanizaciones de extremo lujo y los grupos excluidos de barrios de barrizal pueden hallarse comunicados (por pertenecer a la misma ciudad y disponer de teléfonos móviles similares) y, a la vez, totalmente incomunicados (por vivir mundos diferentes). Igualmente, entre ciudadanos que se informan por diarios o canales televisivos diferentes puede darse tanta comunicación como incomunicación. Este hecho es evidente para quienes leen solamente uno de los diarios o ven un solo canal, a cuyas páginas web de Internet recurre un gran porcentaje de ciudadanos para informarse sobre política. La manifiesta ideologización partidista de las líneas editoriales de los medios que más se consumen en nuestra sociedad puede dificultar la percepción -y la construcción- de lo que interesa al “bien común”, en la deliberación democrática que es responsabilidad de todos.

- En el uso de los nuevos sistemas de comunicación se generan “redes sociales” privativas (a modo de intramundos) en las que se forman y se organizan grupos para hacer el bien, pero también para hacer el mal. Esta circunstancia ha obligado a cuestionar los límites del uso de las nuevas redes de comunicación, desarrollándose tecnologías que permiten vigilar la totalidad de las comunicaciones, incluídos teléfonos y correos. La gestión de los procesos de vigilancia y su utilización en el debate político por los medios puede contribuir a manipulaciones de la opinión pública, orientadas a influir en el clima social que condicione el voto de la ciudadanía. El estilo de algunas discusiones sobre temas graves, como corrupción, chantaje o ERE fraudulentos, parece basarse más en el “y tú más” que en el espíritu de buscar el discernimiento de la verdad, que el “bien común” reclama.

- A la considerable dependencia partidista de la prensa y de los canales debe añadirse una organización social de la administración de la Justicia, cuyos máximos responsables son nombrados en una manifiesta dependencia de las relaciones de fuerzas, igualmente partidistas, en las cámaras estatales de representación popular. La interferencia de intereses, que en una democracia consolidada deben administrarse de forma autónoma, no ayuda a un debate público ecuánime sobre asuntos tales como las irregularidades en la financiación de los partidos o en la gestión de fondos públicos (EREs, Obras Públicas?) que son de gran trascendencia para la defensa solidaria de la libertad común de todos los ciudadanos y de su derecho a la Justicia.

- Ante estos problemas, existe por parte de los líderes que ofrecen sus programas políticos una insistente llamada al votante para que confíen en su palabra. Pero llama la atención que ningún líder de ningún partido que gobernó en el pasado se sienta interpelado, ni siquiera por lo que ocurrió bajo su autoridad, y que no sea normal la debida autocrítica. Lo único que se escucha es que “los otros” tienen la culpa de todos los males. Precisamente en este contexto están surgiendo nuevos líderes que afirman no estar contaminados y prometen actuar con limpieza total. En su caso, también piden la confianza del pueblo, cuya voluntad soberana prometen respetar, a cambio de que se les dé poder para ello. Este escenario no es, sin embargo, el mejor para el ejercicio democrático de la libertad.

La democracia no tiene su base en el hecho de que la sociedad confíe en quienes ejercen el poder político (o económico o cultural o religioso), sino en que las instituciones legislativas, de justicia y de gobierno nacen de la confianza que tienen los ciudadanos afectados entre sí.

Esa confianza mutua compartida es lo que se halla en crisis en nuestros días, con tentaciones hacia liderazgos de espíritu totalitario.

La superación de los problemas señalados debe ser impulsada por el compromiso de cada persona afectada, empezando por exigirse y exigir un debate orientado a la crítica veraz y justa, tanto del pasado como de las propuestas de futuro.