EN los últimos cuatro años estamos asistiendo a un ataque sistemático a las políticas públicas de solidaridad que desde los años 90 las instituciones públicas venían realizando respondiendo al movimiento solidario de la sociedad civil, que reclamó el 0,70% de los presupuestos locales, autonómicos y generales, para apoyar un desarrollo sostenible a nivel global. Desde 2008 la reducción de los fondos para cooperación internacional llevada a cabo en las comunidades autónomas ha alcanzado aproximadamente el 65%, un retroceso que pone en grave peligro la realización de proyectos de salud, empoderamiento de mujeres, educación o alimentación en países empobrecidos, así como las iniciativas que fomentan la educación para el desarrollo en pro de una ciudadanía comprometida con la justicia internacional, la defensa de los derechos humanos y la equidad de género. Además, el gobierno estatal desde 2010 ha registrado un recorte de casi el 60% del presupuesto de esta política. Y por si fuera poco, las previsiones para 2013 auguran un empeoramiento de esta situación tanto a nivel estatal como autonómico, que consistiría el quinto año de caída consecutiva en este último caso.

En este contexto, del 23 al 25 de noviembre, Euskadi ha acogido el X Encuentro anual de coordinadoras autonómicas de ONG de desarrollo. Un evento que ha reunido a más de 50 representantes de ONG de desarrollo y 17 coordinadoras autonómicas del Estado. En él hemos pretendido promover una mayor interrelación, calidad y eficacia del trabajo que desarrollamos las coordinadoras autonómicas de ONGD del Estado. Asimismo, hemos denunciado (y queremos poner freno) a los sangrantes recortes en cooperación por parte de la mayoría de las instituciones públicas, y hemos rechazado los intentos de algunas fuerzas políticas de confrontar las distintas situaciones de pobreza más cercanas con las de otros países.

La Coordinadora de ONG de desarrollo de Euskadi, que agrupa a 81 ONG vascas que trabajan en cooperación internacional, ha sido la anfitriona de estas jornadas que anteriormente han tenido lugar en Cataluña, Canarias, Andalucía, Galicia o Madrid. Bien es cierto que en Euskadi los recortes en cooperación no han sido tan alarmantes (en otras comunidades estas políticas prácticamente han sido eliminadas), señal de que la mayor parte de las instituciones vascas están manteniendo su apuesta por la cooperación como una vía para acabar con la pobreza y la desigualdad. Sin embargo, no podemos olvidar los casos de las instituciones alavesas, gobernadas por el Partido Popular: el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, referente durante años en políticas de cooperación de calidad, ha recortado en un 90% en 2012 esta partida y la Diputación la ha reducido considerablemente. Por tanto, permaneceremos alerta ante esta falta de compromiso y estaremos vigilantes ante las negativas previsiones realizadas para 2013 por parte de la Diputación Foral de Bizkaia y el Ayuntamiento de Bilbao. No debemos olvidar el consenso social y político que históricamente han mantenido las instituciones y agentes sociales vascos en su apuesta por la cooperación y la solidaridad, y que esperemos se mantenga a pesar de la difícil situación económica.

Las coordinadoras autonómicas del Estado denunciamos el desmantelamiento práctico de las políticas públicas de solidaridad y cooperación internacional. Manifestamos que acabar con la pobreza es una obligación ética y política para el cumplimiento de los derechos humanos que atañe a todos los niveles de gobierno. Nuestro bienestar y seguridad están relacionados de manera real y directa con el futuro del resto de países, pues los esfuerzos en el ámbito local tienen repercusión a escala global y viceversa. Creemos que la política de austeridad está causando más pobreza en nuestro entorno y está agravando la situación de miles de personas en otros países, en temas tan importantes como la salud, la educación y la alimentación. Además, se está produciendo un retroceso de más de 30 años en derechos como los laborales, los de la salud, la educación y el acceso a una vivienda digna, entre otros, en nuestra sociedad, y se están abandonando los esfuerzos y logros realizados también en todos estos años para que muchas personas de países empobrecidos tuvieran acceso a esos derechos.

Por todo ello, el conjunto las 17 coordinadoras de ONG de desarrollo demandamos al conjunto de los gobiernos autonómicos y locales, la paralización de los recortes en políticas de cooperación y el pago de las deudas contraídas con las ONGD y otros actores sociales. No podemos olvidar que erradicar la pobreza hoy es posible y la crisis no es excusa para ello. Los derechos serán globales o no serán.