Cancelan dos deudas que suman 200.000 euros por la ley de Segunda Oportunidad en Gipuzkoa

Un matrimonio de Pasaia y un vecino de Arrasate han logrado cancelar sendas deudas de 49.800 euros y 150.200, respectivamente, mediante la Ley de Segunda Oportunidad, tras vivir en ambos casos situaciones de sobreendeudamiento.

Esta norma, que entró en vigor en julio de 2015, establece una segunda oportunidad para deudores de buena fe con cargas, que incluye a los particulares, retira las cláusulas suelo a colectivos vulnerables y apoya las bonificaciones a familias y autónomos, entre otras medidas.

Arrasate

Según explica en una nota el despacho Repara tu Deuda Abogados, el vecino de Arrasate había adquirido una furgoneta para realizar su trabajo como repartidor pero, al poco tiempo, el vehículo tuvo una avería que ocasionó la solicitud de un nuevo crédito para la reparación y para la continuidad de su actividad empresarial.

Todo ello, acabó provocándole una situación "insostenible" y no tuvo más remedio que cesar en su actividad, lo que le hizo caer en una situación de sobreendeudamiento.

Pasaia

En el caso del matrimonio de Pasaia, su estado de insolvencia se originó cuando adquirió una vivienda a través de una inmobiliaria que, "desde el primer momento, incurrió en prácticas engañosas o fraudulentas".

Una de las consecuencias de esas prácticas y de no recibir una adecuada información financiera y asesoramiento independiente, que llevó a una concatenación de deudas cuando la cuota mensual de la hipoteca variable que habían firmado pasó de 1.100 a 1.600 euros al estar referenciada al euríbor con un diferencial elevado.

Esta familia se vio sometida a "una situación de sobreendeudamiento crónico, sin capacidad económica para asumir las obligaciones".

Requisitos para la segunda oportunidad

El bufete recuerda en su comunicado que, para ser beneficiario de esta segunda oportunidad, es necesario que el concursado cumpla una serie de requisitos previos como que la deuda no supere los cinco millones de euros, y que el solicitante no haya sido condenado por delitos socioeconómicos en los diez últimos años, además de haber actuado "de buena fe".