Un abogado será juzgado este martes en la Audiencia de Gipuzkoa, acusado de quedarse con un total de 147.000 euros con los que una empresa y su compañía aseguradora habían indemnizado a uno de sus clientes a consecuencia de un accidente laboral sufrido en las obras de ampliación del gaseoducto Bergara-Irun.
La Fiscalía de Gipuzkoa reclama para el procesado siete años de cárcel y distintas multas por un importe total de 14.400 euros para este letrado, al que responsabiliza de un delito de deslealtad profesional, de un delito de falsedad en documento público y de un delito de apropiación indebida.
Según recoge el documento de acusación provisional del Ministerio Público, al que ha tenido acceso EFE, el acusado recibió el encargo de representarle en el juicio penal que iba a celebrarse por este accidente.
Ingresó el dinero del afectado
En el desarrollo del proceso penal, el 23 de febrero de 2015, el abogado recibió una primera transferencia de la aseguradora por importe de 133.104,03 euros, que habían sido consignados en el juzgado a disposición del afectado y que el abogado tenía la obligación de poner a disposición de su cliente.
Sin embargo, el letrado silenció este hecho y presuntamente ingresó el dinero en su propia cuenta, "desatendiendo las instrucciones de su cliente de mantenerle al tanto del procedimiento en todo momento".
Falseo de documentos
Además, para cobrar el dinero, el encausado remitió al servicio jurídico de la aseguradora un documento que "aparentaba haber sido firmado" por el perjudicado en el que daba por recibido el dinero "renunciando a cualquier acción que pudiera corresponderle" frente a la empresa y su compañía de seguros.
Más adelante, en noviembre de 2017, el abogado presuntamente cobró un cheque de 7.000 euros para poner a disposición de su cliente del que también se habría apropiado.
Repitiendo la jugada
En enero de 2018, recibió una transferencia de la compañía aseguradora por importe de 5.000 euros como parte de la indemnización y de la que también se habría apoderado.
Para ello, presuntamente elaboró otro documento "que aparentaba haber sido firmado" por la víctima renunciando a cualquier acción que pudiera corresponderle.
Finalmente, el 5 de enero de 2018, el abogado consignó 125.533 euros en la cuenta del juzgado, resultante de detraer sus honorarios y los de la procuradora de los 147.000 euros del total de las tres indemnizaciones.
